Clasificación de los servidores públicos

Clasificación de los servidores públicos

Por inferencia de la Constitución (art. 123), los servidores públicos son las personas naturales vinculadas a un organismo público por un procedimiento electoral, reglamentario o contractual laboral.

En otras palabras, hablamos de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, empleados públicos y trabajadores oficiales.

La clasificación de los servidores públicos tiene su razón de ser y produce consecuencias particulares de diverso orden: en su régimen de vinculación, la naturaleza de sus funciones, limitaciones jurídicas, responsabilidades, forma de remuneración, permanencia y retiro.

Clasificación general de los servidores públicos

  1. a) Representativos y profesionales. Según se desempeñen como representantes del estado o técnicos.
  2. b) Electivos o de nombramiento. Atendiendo al origen de su designación, esto es, mediante sufragio o por decisión de autoridad competente.
  3. c) Federales, estatales y municipales. De conformidad a la estructura administrativa de su adscripción.
  4. d)  Autoridades o agentes. Según su potestad de mando.
  5. e) Inamovibles y amovibles. Por su estabilidad en el empleo. *La  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla el privilegio de inamovilidad para quienes cumplen seis meses ininterrumpidos en sus funciones.
  6. f) Colegiados y unipersonales. Cuando la función requiera del concurso de otros servidores públicos.
  7. g) Honoríficos o remunerados. Según reciba o no sueldo.

Clasificación según la naturaleza de la función encomendada

  • Por ejercer servicios que se prestan en virtud de nombramiento expedido por funcionarios facultados.
  • Por cumplir con servicios que se prestan por contrato, en el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, etc.

Clasificación de servidores públicos por nivel jerárquico

  1. a) Empleados. Prestan sus servicios para algún órgano del Estado, y se desempeñan en actividades de apoyo al funcionario.
  2. b) Funcionarios. Disponen de un poder jerárquico, tienen capacidad de mando, decisión y disciplina.
  3. c) Altos Funcionarios. Desempeñan en el ámbito federal un cargo de elección popular.

Por otro lado, la legislación mexicana los divide en:

  • Empleados de confianza. Son quienes ejecutan tareas de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización.
  • Empleados de base. Trabajadores que realizan actividades distintas a los de confianza, pueden o no ser sindicalizados.

Una clasificación más atiende al criterio de su adscripción

  1.    Servidores públicos de la administración paraestatal local y municipal.
  2.    Servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios.

Una vez que las instituciones públicas realizan la identificación y clasificación correspondiente para cada uno de los servidores públicos, se procede al registro del cargo a través del sistema informático del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal denominado RUSP.

 

Planifican regulaciones a salarios de servidores públicos

Poco a poco las acciones del nuevo gobierno que llegará a México van dando de qué hablar, desde los cambios en el Congreso de la Unión, donde el partido Morena es mayoría, los diputados ya comienzan a trabajar en las regulaciones a salarios de servidores públicos, una de las principales propuestas de gubernatura del candidato electo Andrés Manuel López Obrador.

Con la implementación del plan de austeridad, el cual incluye especialmente reducir sueldos a los altos funcionarios a través de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se tiene el objetivo de alcanzar un ahorro de hasta 2,752 millones de pesos.

Actualmente son 687 funcionarios quienes perciben ingresos anuales superiores a un millón de pesos.

¿Qué otras medidas se integran al plan de austeridad?

No será solamente el sueldo de los servidores públicos con el que se logre el objetivo, otras formas que suponen un ahorro importante para la nación serán: prestaciones superiores, como prima vacacional, seguro de vida institucional, seguro de retiro y gastos médicos mayores. Cualquier tipo de bonos, incentivos, vales para alimentos y de transporte, lo cual se verá reflejado en el capítulo 100 presupuestal.

Prestaciones adicionales que vale mencionar son: el arrendamiento mobiliario, de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres -esto supone un ahorro de 353 millones de pesos-. Además, se espera la reducción en el número de comisiones ordinarias, especiales y centros de estudio de la Cámara de Diputados, actualmente son 53.

Sin duda, se trata de un nuevo punto de partida, cuya apertura será el 1° de diciembre, López Obrador junto con su equipo se encuentra sentando las bases del nuevo paradigma para la administración pública, pensando en una remuneración que no sea alta para los funcionarios, pero sí digna para su labor. Después se logrará establecer la estrategia para el presupuesto de 2019.

Estas condiciones no son una imposición ni una muestra de arbitrariedad, tampoco son aceptadas por la totalidad, habrá quien las reconozca y se quede a trabajar para la ‘cuarta transformación del país’, por otro lado, los que se sientan agraviados estarán en su derecho de decidir si continúan o no, por supuesto hasta donde su mismo contrato y su misma relación laboral lo permitan.

Ningún servidor público ganará más que el Presidente

Anteriormente, AMLO dio a conocer el sueldo que va a ganar una vez que tome el cargo, 108 mil pesos mensuales, esto es 40% de lo que recibe el Presidente Enrique Peña Nieto. Sabemos que la nueva normativa busca establecer que ningún servidor público gané más que el Presidente de la República, y esto será establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y no hay marcha atrás, en la legislación se sumará al capítulo V Bis, al título décimo del libro segundo del Código Penal Federal, la especificación de que ‘para aquellos que reciban más ingresos que lo establecido e incurra en una responsabilidad administrativa o política, se le considerará culpable del delito de remuneración ilícita’.

Sanciones a los servidores públicos corruptos

Sanciones a los servidores públicos corruptos

Con la finalidad de determinar los mecanismos propios para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en su ejercicio al servicio público, se han realizado modificaciones o refuerzos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se observará a los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, considerando los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al servicio público.

De acuerdo al orden público de la ley, las sanciones a los servidores públicos serán aplicables a quienes incurran en actos u omisiones que correspondan a sus intereses particulares, además a quienes se encuentren vinculados con faltas administrativas graves, esto de acuerdo a los procedimientos empleados para su aplicación.

Faltas administrativas graves que deberán abstenerse de realizar los servidores públicos

Incurrir en cohecho. Cuando el funcionario público exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público -que podría consistir en dinero, valores, bienes, donaciones, servicios, empleos y además beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio-.

En caso de desvío de recursos públicos, la responsabilidad recaerá en el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamentos jurídicos o en contraposición a las normas aplicables.

Utilización indebida de información. El servidor público que adquiera para sí o para las personas ya mencionadas y referidas en el artículo 52 de la ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de haber lucrado con información privilegiada (que no es del dominio público) a su cargo. Por otro lado, al contratista, permisionario o titular de una concesión que genere y utilice información falsa sobre los rendimientos o beneficios que obtenga se le impondrá de seis meses a doce años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Se reprueba la falta a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como finalidad ocultar el incremento de su patrimonio, o el uso y disfrute de bienes que no sea justificable.

Cometer desacato. Al tratarse de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos, es causa de sanción proporcionar información falsa, no dar respuesta alguna o retrasar deliberadamente y sin justificación la entrega de información.

Nuevas sanciones para combatir a funcionarios corruptos

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, las nuevas leyes reglamentarias aprobadas por el senado prevén castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, nepotismo, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Por primera vez habrá un fiscal especial de combate a la corrupción, representante de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, quien será elegido por dos terceras partes del senado, con posibilidad de ser removido de su puesto por el titular de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a la Reforma del Código Penal Federal, se sancionará el uso ilícito de atribuciones y facultades de seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa. Esto incluye a los funcionarios públicos que, de manera ilícita, contraten deuda u otorguen permisos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social.

Si durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos, el funcionario público gestiona o solicita una comisión o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas empresas o personas, podría ir a la cárcel hasta 14 años.

Por otro lado, quienes cometan actos de corrupción quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio, por un plazo de uno a veinte años.

Mientras que, el enriquecimiento ilícito se castigará con tres meses y hasta 14 años de prisión. Y para el servidor público, quien a cargo de fondos públicos, les de una aplicación distinta a la que están destinados o realice un pago ilegal, la sanción va de los seis meses a los doce años de prisión, o bien, de cien a trescientos días de multa.

También se castigará el delito de coalición de servidores públicos, es decir, las alianzas entre servidores públicos para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o impedir su ejecución.

¿Por qué hablar de sanciones?

Las fallas históricas y mala reputación de quienes sirven a la sociedad, demandan que los funcionarios públicos mantengan los principios que rigen su desempeño: actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión; conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; actuar conforme a la cultura de servicio, orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; para corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución.

 

Elecciones 2018: el fraude que se ve venir

Al parecer, el partido  que resulte vencedor dentro de una contienda electoral es aquel que más dinero le inyecta a su campaña y no el que obtiene mayor número de votos en las urnas. Y, por lo visto, en estas Elecciones 2018 no será la excepción. Las estrategias y los envites millonarios ya se cocinan varios meses antes del resultado.

Para muchos altos mandos ha sido una sorpresa que el candidato con más ventaja sea totalmente adverso a sus planes, que de nueva cuenta el PRI vuelve a caer con más fuerza y que el candidato presidencial del PAN no le pise siquiera los talones al candidato de Morena.

Según la más reciente encuesta realizada por el Reforma, AMLO crece cuatro puntos y Anaya sigue perdiendo votos; incluso, el candidato de Morena supera el 50% de las preferencias. Si bien para muchos el resultado no es alentador para sus intereses, es una consecuencia normal después de experimentar el fiasco del PRI y el PAN en el poder.

Delitos electorales y fraude

Por otro lado, hay empresarios que de forma sútil tratan de advertir a sus empleados del peligro de votar por un partido ‘populista’, como es el caso de Héctor Hernández-Pons Torres, director de Herdez, quien advirtió sobre los daños colaterales que enfrentaría la economía del país si AMLO ganase la presidencia.

Las propuestas del candidato de Morena, hacen que tiemble varios empresarios, sobre todo aquellos que están involucrados en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otro lado, El doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, afirmó que el PRI dará una estocada final durante la madrugada del 2 de julio, donde mágicamente el candidato presidencial José Antonio Meade encabezará el porcentaje de votos.

Se espera un plan muy similar al de las elecciones del año pasado en el Estado de México, donde por medio de programas sociales, compras de votos y fuerza militar, el PRI se haría ganador. Podría incluso afirmarse que la aprobación de la nueva Ley de Seguridad interior es para combatir a la ciudadanía que no acepte otro sexenio con el partido tricolor al mando.

Partidos políticos… con necesidades económicas enormes

Parece que el presupuesto, ya de por sí escandaloso, que otorga el INE a los partidos políticos para sus campañas no es suficiente, pues la ASF detectó desvíos de recursos que asciende a 247 millones de pesos y contratos con empresas fantasmas entre 2012 y 2016 para poder financiar su camino hacia el poder en estas elecciones.

En época electoral se gasta once veces más de lo permitido y por lo visto, el presupuesto que es designado de forma legal es sólo un tercio de lo que en realidad despilfarran y se reporta. El objetivo es sacarle el mayor provecho a la campaña, tanto en publicidad que beneficie su discurso, como en movimientos ilícitos que aseguren su estadía en el poder.

El fraude se puede financiar, pero un programa de blindaje electoral ¡Imposible!

En cuanto a tomar medidas preventivas para evitar delitos electorales, la intención es lánguida. El INE no cuenta con el presupuesto, ni la tecnología para blindar las elecciones y lo que es peor, se cree que el fraude incluye a la institución como principal colaborador.

También muchos medios de comunicación de renombre hablan sobre un software elaborado con la intención de alterar los resultados, el cual ya fue financiado para que los intereses de por medio se lleven a cabo. Sólo necesitan la noche del 2 de julio para acomodar todo y anunciar al ‘ganador’.

También es importante recalcar que la impunidad y la corrupción mexicana han debilitado y dañado a las instituciones, ahora su misión ya no tiene validez ni credibilidad. Sin importar que las inimaginables sumas millonarias salgan a la luz, siempre hay vacíos legales que disfrazan a la corrupción de inversiones para el bienestar del país.

Quizá el próximo presidente de México ya esté confirmado, únicamente falta las elecciones para que el pueblo se entere; mientras tanto, habrá que ver la reacción de la ciudadanía, la cual ya fue engañada en 1988 cuando quedó electo Salinas de Gortari; en 1994 ,con una personalidad gris y tan poco empática como Ernesto Zedillo; en 2006, Calderón; por último, EPN y su triunfo del 2012. ¿Los votantes habrán aprendido algo o simplemente le cambiarán al Mundial después de que les anuncien el fraude del 2018?

Sagarpa y su programa millonario de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Con 193 acusaciones por corrupción, Sagarpa se encuentra en la mira y se perfila como uno de los grandes favoritos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto así que se postula como una de las instituciones más denunciadas por el organismo.

En los últimos 5 años, se detectaron movimientos irregulares, como proveedores o beneficiarios desaparecidos, que evidencian claramente actos ilícitos en los programas de investigación y desarrollo de la institución. Por ello, la ASF decidió llevar a cabo ejercicios de auditorías forenses para profundizar en la gestión financiera de la Secretaría.

Objetivo de la auditoría forense 15-0-08100-12-0340

Pero, ¿cuál es el propósito de la revisión al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de Sagarpa? Fundamentalmente es verificar que los recursos asignados se hayan utilizado conforme a las disposiciones legales.

Para esto, se decidió auditar el 67.6% del universo de recursos, el cual representa un total de $357,701, mismos que se encuentran relacionados con 24 convenios para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, distribuidos entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y los beneficiarios.

El objetivo principal era unificar los recursos, en donde las Instituciones Académicas, Sociedades Civiles y empresas privadas (proveedores) apoyarían a Sagarpa en la realización de 59 proyectos, los cuales beneficiarían a 29 personas físicas y 30 personas morales, como se detalla en el siguiente documento:

El motivo de la auditoría forense a Sagarpa

La razón por la cual se realizó la auditoría, fue debido al incremento en el ejercicio del presupuesto, el cual ascendió a $101,092. Se calcula un importe de $328,774.5, derivados del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; por ello, se decretó la revisión de dicho programa.

Y… ¿cuál es el resultado? Una maraña de inconsistencias millonarias. Del  Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria se detectaron 50 beneficiarios que recibieron pagos millonarios; el más grande asciende a 20 millones de pesos.

En enero y octubre de 2016, Sagarpa publicó cinco convocatorias de licitaciones para participar en proyectos que involucran actividades de investigación, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación.

Por mera coincidencia, la Universidad de Zacatecas resultó ser apta para realizar dichas actividades; sin embargo, al parecer, la institución educativa jamás desempeñó ninguna acción. Todo lo contrario, se utilizó a la universidad para eludir los controles de licitación y así, desviar por debajo los recursos a 36 beneficiarios.

La cosa no queda ahí, se involucró de forma indirecta a empresas que ni siquiera estaban capacitadas para cumplir con las acciones pactadas en las licitaciones, incluso se transfirieron los servicios a empresas y personas que no tenían nada que ver con el perfil de un especialista en desarrollo rural o agropecuario.

El más claro ejemplo es la la empresa Productores Unidos de Montes de Oca, S.C. de R.L. de C.V., la cual negó su actividad en el proyecto, pues se dedica al cultivo de cítricos y no cumple con la infraestructura para desarrollar lo que demanda Sagarpa en su iniciativa.

El colmo fue cuando la auditoría descubrió que los proyectos encomendados a la Universidad de Zacatecas no eran propios de Sagarpa, sino que el contenido era plagio, ya que en muchos de sus párrafos había copy-paste de páginas como Wikipedia, Monografías y Buenas Tareas.

La ASF recrimina totalmente el delito de fraude al rector de la Universidad de Zacatecas y a los directivos de Sagarpa. Por esta razón, quien resulte culpable tendrá que enfrentar una denuncia penal  por un daño al erario de 219 millones de pesos.

Se elimina fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos

Por increíble que parezca, la Cámara de Diputados decidió eliminar el fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos, los cuales podrán ser sujetos a juicio político; además, nadie podrá ser sancionado con cárcel por motivos de difamación, calumnias e injurias.

Esta iniciativa fue aprobada con 370 votos a favor y turnada al Senado de la República.

Si el Senado aprueba sin modificaciones la propuesta, se pasará a los congresos estatales. Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitará la aprobación de la mayoría de estas legislaturas. Esta iniciativa reformará los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política.

Pero, ¿qué pasaría si algún funcionario o el mismo Presidente de la República viola las leyes establecidas en la Constitución? Podrán ser sometidos directo a juicio político, sin la necesidad de emitir un proceso de desafuero.

La reforma también podrá ser aplicada en integrantes de organismos autónomos de las Secretarías del Gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos.

Este hecho histórico responde a la constante demanda de los ciudadanos, pues el fuero político muchas veces se ha utilizado como instrumento de impunidad, a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que la Cámara de diputados aprobó la propuesta como parte de su deuda política, lamentablemente esta acción no compensa la larga trayectoria de corrupción y tráfico de influencias.

 

 

Quizá eliminar el fuero político no es la solución a los problemas de corrupción

La Cámara de Diputados apoya la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y a los Servidores Públicos que gocen de la virtud, así como los Secretarios de Estado, los miembros del Congreso y los ministros de la Suprema Corte, entre otros funcionarios que cuenten con esta inmunidad.

El peso de esta propuesta es más que nada para atender una demanda social que una iniciativa política. También, se relaciona con la temporalidad del cambio de administración y la entrada de la época electoral; pues como es costumbre, muchos retoman la causa como parte de sus acciones principales al llegar al poder.

En nuestra Constitución no existen algo que regule como tal el beneficio del fuero; aún así, los artículos 38, 110, 111, 112 y 114 argumentan sus condiciones, mismos que tendrán que ser reformados si la iniciativa es aprobada.

Marko Cortés, Presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitará un planteamiento que regule el proceso de acusación de un Servidor Público, el cual, durante la investigación, podrá seguir ejerciendo su cargo y al recibir sentencia, concluirá su actividad política. Una vez que la reforma sea aceptada de su lado, se enviará al Senado antes de que termine el período ordinario de sesiones.

Más allá de que este proyecto tenga el visto bueno del Senado de la República, los candidatos a la presidencia prometen la eliminación del fuero como parte de su estrategia clave para el combate de la corrupción, tanto así que uno que otro ya se postula como el primer presidente libre de este beneficio.

Sin embargo, si se elimina el fuero político ¿qué tanto ayudará  a combatir la corrupción ?

Sin lugar a dudas el mayor alimento de la corrupción es la impunidad. Muchas de las sanciones penales que deben enfrentar los altos mandos son absueltas, incluso antes de llegar a los juzgados. Para muestra está el reciente carpetazo a los desvíos de Sedesol, registrados durante el período en que fue tutelar Rosario Robles.

Además, el mismo gobierno federal, enfrentó desvíos millonarios registrados en el Informe de la Cuenta Pública 2013 y 2014, hechos que no se han aclarado como lo demanda la ley, siendo que los presuntos responsables siguen gozando de su libertad.

También, la causa del enriquecimiento ilícito se aqueja al tráfico de influencias derivas del privilegio del fuero, factor que no ha querido ser erradicado para evitar que el Presidente de la República forme parte del ejercicio de rendición de cuentas por la comisión de actos ilícitos.

La intención de reformar los beneficios del fuero está desde el 2013; no obstante, cuando llegó la propuesta al Senado, no tuvo su aprobación debido a que el Presidente mantenía los derechos de inmunidad.

El proyecto de modificar este tipo de facultades, notablemente se pone de moda justo en tiempos electorales para sumar simpatizantes; sin embargo, el fuero es una concesión que en un principio se brindó para proteger a las personas que tenían un idea de gobierno diferente a la del mandatario en turno, es decir, se estableció como muestra de apoyo a la libertad de expresión, cosa que hoy en día no aplica esa función y al contrario, es más una cuestión de impunidad.

 

Empresas fantasma y falsas licitaciones: daño histórico al erario

Desvíos millonarios de los recursos federales, contratos apócrifos a empresas fantasmas que no contaban con la infraestructura o nivel de servicio para realizar las actividades por las cuales fueron contratadas; todo esto se detectó en el último informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Otro de los problemas detectados fueron las triangulaciones con universidades públicas, quienes se encargaron de la contratación de las supuestas empresas, para que el gobierno federal no fuera acusado directamente de fraude.

Según la Auditoría Superior de la Federación, del 2013 al 2016, la suma que falta por aclarar asciende a 235 mil 264 millones de pesos. Aunado a esto, se acumularon 895 denuncias de hecho por desvíos de recursos federales.

Incluso, en este último período la acumulación de pliegos de observaciones es de 9 mil 342, mientras que del 2007 al 2012, se obtuvieron 7 mil 845.

Y la pregunta es… ¿Qué pasará con los servidores públicos responsables?

Seguramente nada. No es novedad que los verdaderos autores de los delitos salgan impunes. Pero, ojo, de cualquier forma, alguien pagará por la corrupción de otro; quien tendrá que solventar un pliego de observaciones seguramente será un servidor público que nunca actúo con dolo, sino por ignorancia o extorsión.

Obtener una licitación pública no es cualquier cosa, hay todo un proceso para que una empresa pueda ser seleccionada.

Proceso para que una empresa gane una licitación pública

Etapas

– Difusión

Publicación en prensa de la convocatoria.

Aviso de la convocatoria a empresas interesadas en participar en el proceso.

– Etapa aclaratoria

Durante este lapso, se da la información necesaria para disipar cualquier duda sobre la licitación; ésta puede proveerse en reuniones programadas o visitas guiadas.

– Precalificación

Se recibe toda la documentación solicitada para formalizar la participación. Es aquí cuando la empresa debe comprobar su valor legal y financiero. Por último, es necesario cerciorarse que cumpla con la infraestructura para lograr las actividades por las que será contratado.

– Calificación de propuestas

Las ofertas que fueron precalificadas serán evaluadas.  Finalmente, se emitirá un informe de Recomendación y Buena Pro.

– Otorgamiento de Buena Pro

Se notifica a las empresas los resultados finales; quienes obtengan la Buena Pro podrán firmar los contratos correspondientes que los respalde como proveedor de un bien o servicio.

 

A pesar de los procedimientos que se demandan para que una empresa obtenga un contrato público, el gobierno federal gastó mil millones de pesos en empresas fantasmas. Muchas de estas empresas están ligadas a políticos de partidos del PRI y del PRD, y hasta un miembro de la CNTE.

Con todo esto, el daño al erario supera por mucho los informes de años anteriores, por ello no es de extrañarse que México haya caído 6 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.

 

¿Cómo entender el informe de la cuenta pública 2016?

Primero comencemos diciendo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano fiscalizador encargado de revisar la gestión de los recursos públicos federales; estos son detallados en los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Ahora sí, desde enero de 2017 se llevaron a cabo 1780 auditorías, las cuales fueron presentando sus resultados en tres etapas: la primer y segunda etapa en junio y octubre del año pasado y la tercera, en enero de este año.

Sin embargo, ¿cúal es el objetivo de este ejercicio?

El propósito de una auditoría pública es evaluar la administración de los recursos públicos, así como la eficiencia de los programa gubernamentales y el cumplimiento de ellos. Este ejercicio responde a la exigencia de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

¿Cómo se lleva a cabo el Informe de la Cuenta Pública?

La ASF fiscaliza el uso de los recursos públicos federales, es decir, revisa las cuentas y los procesos de cada institución para generar documentos que le ayuden a medir el rendimiento y efectividad de los programas previstos.

Una institución puede tener dos tipos de auditorías: la que evalúa las acciones en la estrategia pública, y la otra que se dedica a verificar las inversiones de los recursos financieros.

¿Qué sucede cuando se dan a conocer los resultados de una Auditoría Pública?

Para poder responderlo, primero debemos visualizar el escenario. Una auditoría puede únicamente traer consigo recomendaciones y acciones preventivas, en el mejor de los casos.

No obstante, cuando el proceso de rendición de cuentas tiene como consecuencia un pliego de observaciones, el servidor público cuenta con 30 días hábiles para poder argumentar y comparecer el motivo de las faltas.

¿Qué pasa si después de comparecer, el dictamen es negativo?

El servidor público tendrá que enfrentar Responsabilidades Administrativas que derivan en consecuencias graves: la pérdida de patrimonio, sanciones laborales y económicas, procedimientos penales y la suspensión temporal o definitiva del cargo.

Al final de todo el procedimiento, es usual que la mayoría de los servidores públicos salgan sancionados, esto es en gran parte por la falta de profesionales legales especializados en este tipo de prácticas.

Por eso, es importante asesorarte correctamente.

Auditoría revela desvíos y programas fallidos por parte de la Sedesol

Malas inversiones de los recursos por parte de la Sedesol, además de empresas fantasmas y deficiencias en los programas contra la pobreza extrema, fue lo que concluyó en su informe preliminar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2013, mientras Rosario Robles encabezaba la Sedesol, se designó un presupuesto de 555 millones de pesos para cumplir con la estrategia contra el hambre y la pobreza extrema.

El objetivo era atender a las zonas más marginadas, ubicadas en 11 estados del país. Se pretendía repartir 500 mil paquetes de despensa, de los cuales sólo se entregó el 7% de ellos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se reveló que durante la gestión de Rosario Robles, hubo un desvío de recursos de mil 311 millones de pesos, lo cual fue relacionado con pagos a empresas fantasmas. Todo esto fue descubierto gracias a tres auditorías forenses que realizó la ASF en el año 2014 y 2015.

Denuncia penal en contra de los servidores públicos responsables

El informe indicó que hay dos universidades involucradas y 84 proveedores, además se detectó que gran parte del dinero fue a dar a cuentas en China, Israel, Bélgica, Pakistán, Corea del Sur y Estados Unidos. También, al menos 13 de las empresas que participaron, son fantasmas.

Asimismo, Radio y Televisión de Hidalgo fue relacionado con el desvío de recursos, tanto así que el exdirector Sergio Islas, y el exdirector de de la Coordinación Financiera y Planeación de Radio y Televisión, Carlos Becerril Vargas, enfrentan procesos penales por negociaciones equivocadas y acciones de corrupción.

Por otro lado, los senadores del PAN, PRD y Morena-PT, exigen la rendición de cuentas de Rosario Robles ante la Cámara Alta. También, llaman a Enrique Peña Nieto para que le solicite la renuncia temporal de su cargo.

Actualmente, se está llevando la etapa de comparecencias ante la PGR, donde el servidor público argumenta lo que a su derecho convenga respecto de los hechos, irregularidades e imputaciones que fueron declarados en su contra. Posteriormente, contará con un tiempo para recabar pruebas y obtener una sentencia favorecedora, si así fuera el caso.

Gran parte de los hallazgos contra Sedesol, se relacionan con la “Estafa Maestra’ (investigación realizada por Animal Político), donde los más pobres se quedaron esperando los beneficios de los programas dispuestos a mitigar sus necesidades alimenticias.