La Cámara de Diputados apoya la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y a los Servidores Públicos que gocen de la virtud, así como los Secretarios de Estado, los miembros del Congreso y los ministros de la Suprema Corte, entre otros funcionarios que cuenten con esta inmunidad.
El peso de esta propuesta es más que nada para atender una demanda social que una iniciativa política. También, se relaciona con la temporalidad del cambio de administración y la entrada de la época electoral; pues como es costumbre, muchos retoman la causa como parte de sus acciones principales al llegar al poder.
En nuestra Constitución no existen algo que regule como tal el beneficio del fuero; aún así, los artículos 38, 110, 111, 112 y 114 argumentan sus condiciones, mismos que tendrán que ser reformados si la iniciativa es aprobada.
Marko Cortés, Presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitará un planteamiento que regule el proceso de acusación de un Servidor Público, el cual, durante la investigación, podrá seguir ejerciendo su cargo y al recibir sentencia, concluirá su actividad política. Una vez que la reforma sea aceptada de su lado, se enviará al Senado antes de que termine el período ordinario de sesiones.
Más allá de que este proyecto tenga el visto bueno del Senado de la República, los candidatos a la presidencia prometen la eliminación del fuero como parte de su estrategia clave para el combate de la corrupción, tanto así que uno que otro ya se postula como el primer presidente libre de este beneficio.
Sin embargo, si se elimina el fuero político ¿qué tanto ayudará a combatir la corrupción ?
Sin lugar a dudas el mayor alimento de la corrupción es la impunidad. Muchas de las sanciones penales que deben enfrentar los altos mandos son absueltas, incluso antes de llegar a los juzgados. Para muestra está el reciente carpetazo a los desvíos de Sedesol, registrados durante el período en que fue tutelar Rosario Robles.
Además, el mismo gobierno federal, enfrentó desvíos millonarios registrados en el Informe de la Cuenta Pública 2013 y 2014, hechos que no se han aclarado como lo demanda la ley, siendo que los presuntos responsables siguen gozando de su libertad.
También, la causa del enriquecimiento ilícito se aqueja al tráfico de influencias derivas del privilegio del fuero, factor que no ha querido ser erradicado para evitar que el Presidente de la República forme parte del ejercicio de rendición de cuentas por la comisión de actos ilícitos.
La intención de reformar los beneficios del fuero está desde el 2013; no obstante, cuando llegó la propuesta al Senado, no tuvo su aprobación debido a que el Presidente mantenía los derechos de inmunidad.
El proyecto de modificar este tipo de facultades, notablemente se pone de moda justo en tiempos electorales para sumar simpatizantes; sin embargo, el fuero es una concesión que en un principio se brindó para proteger a las personas que tenían un idea de gobierno diferente a la del mandatario en turno, es decir, se estableció como muestra de apoyo a la libertad de expresión, cosa que hoy en día no aplica esa función y al contrario, es más una cuestión de impunidad.