La gran estafa: así fue como saquearon los recursos públicos

Conoce a las empresas que participaron en lo que se conoce como ´la gran estafa´, pues sirvieron como puente para diseminar 708.2 millones de pesos en efectivo, saqueados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sin haber sido detectadas por el SAT.

Hasta el momento, la autoridad fiscal solo ha declarado oficialmente como empresas fantasma a Comercializadora HDP, Serviúnicos y Desarrollo Publicitario ADP, las cuales se sabe que ingresaron a la lista negra en octubre de 2017 y marzo de 2018.

Para llevar a cabo el gran fraude de recursos públicos, estas empresas fantasma se presentaron como proveedores de entidades públicas, de ese modo lograron firmar convenios con la Sedesol y Sedatu.

Fondos que obtuvieron empresas fantasma de los recursos públicos para ´La gran estafa´

Comercializadora HDP – 267 millones de pesos

Serviúnicos – 56 millones de pesos

Desarrollo Publicitario – 69 millones de pesos

De acuerdo a información otorgada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) parte de esos recursos en efectivo fueron distribuidos a través del Servicio Panaméricano de Protección y Cometra hacia distintos domicilios de la Ciudad de México, así como en otras entidades del país.

A continuación, se presenta la lista de otras empresas fantasma que aún no han sido enlistadas:

–       Comercializadora Devolviendo Confianza

–       Servicios Fiscales en Administración SiC

–       Comercializadora Telaraña

–       Acabados Constrarqu

–       Compu Draz Comercializadora Green Recyt

–       Servicios NLMK

–       Studio Originale Capicci

–       Comercializadora Merchadise

–       Servicios Empresariales Helte

 

¿Cómo evidenciar estafas de empresas fantasma?

Entre las obligaciones del SAT está publicar en el Diario Oficial de la Federación los nombres de aquellas empresas fantasma que hayan expedido facturas sin contar con los recursos materiales y humanos necesarios para proveer los bienes o servicios que presuntamente prestaron, ello de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.

Por su parte, para las compañías que presuntamente realizaron transacciones con las empresas enlistadas resulta inexcusable presentar pruebas de que sus operaciones fueron reales.

En el caso específico de Comercializadora Devolviendo Confianza, hay que revelar o recordar que en el año 2015 el Instituto Nacional Electoral solicitó al SAT que se realizará una verificación de las actividades de esta compañía debido a que detectó que emitía facturas con un domicilio distinto al que tenía registrado ante la autoridad fiscal. Nosotros nos preguntamos, ¿cuántos casos no habrá así?

Se trata de un esquema común en dependendencias del sector público, que contraen prestaciones de servicios a empresas que triangulan los servicios a otras empresas, luego dispersan el dinero y finalmente esas empresas se constituyen para desaparecer y emitir tanto comprobantes fiscales como facturas falsas.

Blindaje al saqueo de recursos públicos

Para evitar que esto siga pasando, las autoridades responsables piensan en una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se base en obligar a las dependencias públicas a retener parte del IVA de los prestadores de servicios, asimismo manifestarlo al SAT para que esta entidad sepa en tiempo real de qué empresas se trata y si la contratación corresponde con el giro de la compañía.

“Cualquier dependencia del sector público a la que una empresa de servicios le facture, tendrá que retener al menos el 10.6 del IVA, es decir, las dos terceras partes.”

¿Cómo será la toma de posesión de AMLO?

El primero de diciembre será la toma de posesión de AMLO o Andrés Manuel López Obrador, como presidente constitucional de México, pero ¿bajo qué panorama se encuentra? Él ha sido el presidente electo con mayor cantidad de aceptación (71%), seguido por un 55% de aceptación de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto y 47% de Felipe Calderón.

Esta aceptación ha hecho que se encuentre en la mira de todas las personas, quienes juzgan o aprueban cada una de las acciones que ha realizado. La mayor controversia se desató con la ‘consulta pública’ sobre el NAICM, y de pronto son muchos los mexicanos decepcionados; ni qué decir de la también ‘consulta pública’ que se realizará sobre la Guardia Nacional. ¿Qué otras impresiones nos esperan con la ‘cuarta transformación’?

La toma de posesión de AMLO como presidente constitucional de México

Además de los asistentes, lo más esperado de la ceremonia de protesta de AMLO, es el mensaje que emitirá ante la nación desde el recinto legislativo en San Lázaro.

Ese día, Andrés Manuel López Obrador llegará a Palacio Nacional e ingresará por la puerta principal de la Cámara de Diputados, es decir, sobre la Av. Congreso de la Unión. Se estima que la ceremonia dure alrededor de tres horas, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

Orden del día

El evento de la toma de posesión de AMLO iniciará con la asistencia y declaración de quórum del Congreso Nacional; se dará lectura a los resolutivos del Bando Solemne, expedido por la Cámara de Diputados el 6 de septiembre, con el propósito de dar a conocer la declaración del presidente electo en toda la República.

Habrá espacio para la intervención de un diputado de cada bancada representada en el Congreso, en orden creciente, de hasta por 10 minutos. Acto seguido, comparecerán al Salón de Sesiones el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo, López Obrador. AMLO rendirá protesta como presidente constitucional de México y pronunciará un mensaje al pleno.

Tras la clausura de la sesión del Congreso, se tiene planeada una comida con los jefes de Estado asistentes en Palacio Nacional.

Después, a las 16:00 horas dará inicio la verbena popular en la plancha del Zócalo con la presencia de doce grupos de música y danza tradicional; doce representaciones musicales y cinco cantantes de lenguas originarias.

En dicho evento multicultural, destaca la presencia de pueblos indígenas, quienes preparan la interpretación de danzas tradicionales de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Morelos, Querétaro, Guerrero, Sonora, Puebla, Sonora, Sinaloa y Veracruz.

Asimismo, estará presente la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañada por algunos solistas: el flautista Horacio Franco, el acordeonista Leo Soqui, Adriana Cao con su arpa jarocha y dos coros comunitarios, uno de niños y otro de adultos.

En cuanto a artistas reconocidos, se ha confirmado la participación en la toma de posesión de AMLO de Eugenia León, Calle 13, Liliana Felipe, Regina Orozco, Eugenio Toussaint y el Mariachi de la Secretaría de Marina.

Finalmente, alrededor de las 17:00 horas se tiene planificado que el nuevo presidente constitucional de México manifieste un último mensaje a la nación con motivo de la imposición de la Banda Presidencial, ello desde el balcón presidencial. También recibirá el Bastón de Mando por parte de los pueblos originarios y la comunidad afroamericana.

Los invitados a la ceremonia de toma de posesión de AMLO

Al momento, se ha anunciado la asistencia a la ceremonia de protesta de varios jefes de estado y representantes de 28 países. A fin de no descartar mandos importantes y porque todavía están pendientes de confirmación, mencionamos algunos invitados que Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores propuesto por Andrés Manuel, ha dado a conocer en su cuenta de Twitter.

  • Michael R. Pence y una comitiva del gobierno estadounidense, en representación de Donald Trump
  • Julie Payette, gobernadora general de Canadá
  • Martín Vizcarra Cornejo, presidente de Perú
  • Nicola Girasoli, nuncio Apostólico en Perú
  • Iván Duque, presidente de Colombia
  • Jimmy Morales, presidente de Guatemala
  • Evo Morales, presidente de Bolivia
  • Colville Young, gobernador de Belice
  • Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
  • Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador
  • Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras
  • Lenin Moreno Garcés, presidente de Ecuador
  • Epsy Campbell, primera vicepresidenta de la República de Costa Rica
  • Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado de Cuba
  • Felipe VI, Rey de España y la delegación de su país
  • Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista de Reino Unido
  • Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay
  • Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay
  • Niels Annen, secretario de Relaciones Exteriores de Alemania
  • Shen Yueyue, vicepresidenta de la República Popular de China
  • Kim Yong-Nam, presidente de la Asamblea de la República Popular Democrática de Corea
  • Hirofumi Nakasone, senador de Japón
  • Riad Malki, ministro de Exteriores de Palestina
  • Vivian Balakrishnan, ministro de Exteriores de Singapur
  • Desiré Delano Bouterse, presidente de la República de Surinam

También se incluyen representantes de Indonesia, Suiza, Turquía, República Checa, Jordania, Eslovenia, Kuwait, Belarús y Malta. Mientras que se ha revelado que faltan por confirmar:

  • Vladimir Putin, presidente de Rusia
  • El Papa Francisco

De los organismos internacionales, se espera la presencia de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal de la ONU; Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores; Fang Liu, secretaria general de la OACI; Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo del CAF y Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.

Normatividad del Sistema de Compras Públicas

Hablar sobre el Sistema de Compras Públicas en México y su normatividad implica resaltar la búsqueda del Gobierno por introducir sistemas de compras y contrataciones públicas para preservar la probidad, mejorar el ahorro y la gestión, así como incentivar un mercado competitivo y transparente como mecanismo para obtener mejores productos y servicios a precios óptimos.

Desde 2012, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha subrayado la necesidad de mejorar los sistemas de compras públicas a fin de obtener un mejor valor, eficacia, eficiencia y transparencia en este ramo; minorar los costos de transacción y apoyar la ejecución de programas de desarrollo económico y social, de modo que los esquemas de contratación avancen en los formatos: e-compras, e-comercio y e-mipyme. A nivel general, el objetivo será lograr impulsar el empleo, reducir la pobreza, inhibir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Para los organismos financieros regionales el sistema de compras públicas es el proceso formal a través del cual los sectores gubernamentales obtienen bienes y servicios, incluyendo servicios de construcción y obras públicas, dicho sistema comprende todas las funciones que corresponden a la adquisición de cualquier bien, servicio o construcción, conteniendo además la descripción de los requerimientos, selección y solicitud de oferentes, evaluación de las ofertas, preparación y adjudicación del contrato, disputa y resolución de impugnaciones y finalmente todas las fases del contrato administrativo.

¿Cuál es la discusión respecto a las pautas del Sistema de Compras Públicas?

En el artículo 134 de la Constitución Política, los recursos económicos que dispone la federación junto con estados, municipios, la Ciudad de México y sus delegaciones, deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Hay ocasiones en las que, durante el proceso de compra los recursos públicos, destinados a crear infraestructura, empleo y atender las demandas sociales son desviados y terminan favoreciendo las cuentas bancarias de los servidores públicos corruptos, o bien, a las empresas particulares contratantes que recurren a malas prácticas.

“El riesgo promedio de corrupción en contrataciones asociado con las instituciones es del 35%; y el riesgo promedio de corrupción asociado con la práctica es del 64%.”

Por ello, la demanda de la implementación de medidas de seguridad en el sistema de compras públicas, donde el gobierno mexicano -por su característica multilateral- adquiere la responsabilidad de enfocarse en combatir la corrupción amputalando hacia:

  1. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.
  2. Reforzar los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial.
  3. Prevenir la corrupción mediante mejores normas contables y de auditoría.

El Estado mexicano se ha ubicado en una etapa de tránsito en la cual ha modificado su función, al pasar de agente productor directo de bienes y servicios a agente contratador, regulador y evaluador de políticas públicas. Esta condición se acompaña de otras implicaciones, desde el aumento del gasto público a través de los sistemas legales de compras y contrataciones hasta la práctica de conductas ilícitas por parte de los servidores en el manejo de los recursos públicos.

Respecto a las Contrataciones Públicas

En materia de contrataciones públicas, la Secretaría de la Función Pública, a través de diversas unidades administrativas contribuye a obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras circunstancias debidas, bajo la normativa de ser de índole integral, participativa, transparente y siempre con apego a la legitimidad.

Lo anterior, a través del desarrollo de diversas acciones, tal es el caso de las operaciones con el sistema CompraNet y la administración de su información; la elaboración de estudios y encuestas; el seguimiento de indicadores en materia de contrataciones públicas; la capacitación a servidores públicos encargados de las contrataciones; la asesoría a licitantes, proveedores y contratistas; el diseño y promoción de estrategias de contratación; la asesoría normativa a dependencias y entidades en contrataciones; la promoción de la integridad y prevención de conflicto de interés y la auditoría de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Si te interesa conocer las singularidades específicas de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, tratados de compras gubernamentales o contrataciones financiadas con créditos externos, el material de consulta es el siguiente:

  1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
  2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  3. Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
  4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  5. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
  6. Ley de Asociaciones Público Privadas
  7. Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

SCJN invalida la Ley de Seguridad Interior

La propuesta Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior, tras considerar que el Congreso incurrió en violaciones en el proceso legislativo al buscar normalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, sin considerar los tratados y la legislación en materia de derechos humanos.

Los ministros José Fernando Franco y Margarita Luna Ramos, manifestaron que votarían por la invalidación, lo que alcanzó la mayoría necesaria para echar atrás la norma promulgada por el actual presidente Enrique Peña Nieto.

Dentro de los argumentos entre dichos ministros, fue que el Congreso no tiene competencia para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Recordemos que el 21 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, aprobación hecha por el Congreso de la Unión, en ella, se estipula la función del Estado para preservar la Seguridad Interior.

La Ley de Seguridad Interior, conformada por 34 artículos y cuatro transitorios, habla sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuya temporalidad no deberá extenderse más de un año, aunque el presidente podría extenderla de considerar que continúa la amenaza de seguridad interior.

También autoriza el uso legítimo de la fuerza, a las Fuerzas Armadas, así como técnicas, tácticas, métodos y protocolos para controlar o repeler actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Señala que las intervenciones deberán preservar los derechos humanos y sus garantías, aunque  en actos de perturbación grave de la paz pública, podrían ser suspendidos los derechos.

Pese a todo esto, el plan de seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, oscurece este triunfo, ya que él propone la creación de una Guardia Nacional formada por policía militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas.

Para muchas organizaciones, esto es una continuación de la Ley de Seguridad Interior… ¿Tú que consideras?

Convenios modificatorios: Sobrecostos en contratación de obra pública

convenios modificatorios

Los representantes de Morena en el Senado han anunciado y propuesto modificaciones en el el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad de garantizar la transparencia y evitar sobrecostos en la contratación de obra pública; ello debido al uso faccioso de la ley por parte de los contratistas, quienes llegan a  aumentar los precios pactados para la ejecución de una obra de manera ilimitada.

 

Ejemplos recientes de esta práctica son:

  1. El denominado Paso Exprés, que reduciría el tiempo de viaje de la Ciudad de México a Acapulco. Tuvo un sobrecosto del 53% al original, lo cual además culminó para su vergüenza con el hundimiento de la obra a tan solo tres meses de su inauguración, donde fallecieron incluso dos personas.

 

  1. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), planeado desde 2014 con un costo previo de 168 mil 880 millones de pesos, a la fecha se estima una inversión final de 285 mil millones, esto es 68% más del monto inicial.  

A pesar de que existen situaciones y condiciones externas que pueden alterar el costo y los plazos para la ejecución de una obra, este tipo de adecuaciones se deben realizar dentro de un marco de transparencia, limitado, justificado y, sobre todo, presentado de acuerdo a la normatividad de la ley, justificando las razones de cualquier tipo de modificación a causa de situaciones realmente excepcionales.

Propuesta de la banca de Morena sobre los convenios modificatorios

Recientemente, Víctor Castro, senador de Morena, junto con otros representantes del partido, han manifestado la necesidad de ejercer mayores controles y establecer mecanismos de transparencia en el procedimiento de la modificación contractual, lo que provee una adecuación en montos y plazos de obras públicas.

En caso de que se realice alguna modificación en el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se podría lograr disminuir del 25 al 10% el porcentaje del monto máximo, por virtud del cual pueden rectificarse los contratos de obra.

Por otro lado, se plantea disponer de un máximo de tres convenios modificatorios para casos donde la modificación en obras exceda el 10% del costo inicialmente presupuestado, así como la creación de requisitos mínimos que deben justificar el caso de solicitar la modificación de condiciones de plazo y/o costo.  

Finalmente, será relevante mandatar que los convenios de modificación sean autorizados por el titular de la dependencia o entidad a cargo y hacer públicos los convenios modificatorios en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Compranet, garantizando la transparencia del proceso.

 

Artimañas de los contratistas

En México, la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo económico a nivel federal y local. La industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual 23% corresponde al sector público y 77.1% al gasto federal.

Este año, de los 5 billones 279 mil 667 millones de pesos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 643 mil 892.7 millones se destinaron al gasto de inversión en obra pública

Una de las prácticas más tramposas y frecuentes a las que recurren los contratistas, consiste en participar en las licitaciones presentando un precio considerado como bajo; luego, una vez que resultan vencedores, se apegan a las excepciones establecidas en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que posibilitan aumentar los precios pactados de manera ilimitada, esto se conoce como “amparo de disposiciones laxas y discrecionales.”

Resulta penoso que a la fecha, a través del uso faccioso de la ley y aprovechando la ambigüedad de las normas que regulan este sector, se realicen modificaciones constantes a los costos inicialmente convenidos a través de un sinnúmero de convenios modificatorios, lo que da como resultado montos que duplican al originalmente programado, habiendo casos en que llega a ser hasta 100 veces mayor.

 

Reglas de integridad en el ejercicio de la función pública

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido diversos instrumentos para dar a conocer reglas de integridad en el ejercicio de la función pública, ello en cumplimiento a las acciones ejecutivas instruidas por el Presidente de la República.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se da a conocer el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal compuesto por las Reglas de integridad en el ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos. Dicho Código estipula que las dependencias y entidades contarán con Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, que propicien la integridad de los servidores públicos e implementen acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético.

Asimismo, señala que “cualquier persona puede hacer del conocimiento presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta y acudir ante algún comité para presentar una delación, acompañado del testimonio de un tercero. El comité podrá establecer medios electrónicos para la presentación de delaciones”.

Algunas conductas acreedoras a denuncia

  • Nulo desempeño con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.
  • Cualquier tipo de discriminación o trato de forma negligente.
  • Hostigamiento o agresión a compañeros de trabajo o personal subordinado.
  • El hecho de ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública.
  • Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión, así como otorgamiento de trámites y servicios.
  • La obstrucción de la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso indebido o derroche de recursos.

Comités por el fomento de la ética e integridad pública

Los Comités son órganos conformados por servidoras y servidores públicos de los distintos niveles jerárquicos de la dependencia o entidad en la que se constituyan, nominados y electos democráticamente por miembros del mismo organismo público.

Los Comités tendrán como objetivo el fomento de la ética y la integridad pública, ¿por qué? Porque es necesario lograr una mejora constante del clima y cultura organizacional de las dependencias y entidades, pues a consecuencia de ello, dicha mejora se materializará a través de las siguientes acciones permanentes:

  • Difusión de los valores y principios.
  • Capacitación en temas de ética, integridad y prevención de conflictos de intereses.
  • Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de Conducta.
  • Identificación, pronunciamiento, impulso y seguimiento a las acciones de mejora para la prevención de incumplimientos a los valores, principios y reglas de integridad.
  • Emisión de opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del conocimiento de denuncias, por actos presuntamente contrarios o violatorios del Código de Ética, Código de Conducta o Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública.

¿Cuáles son esas Reglas de integridad?

Actuación pública: El servidor público conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público.

Información pública: El servidor público conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.

Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones: El servidor público participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad, orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantiza la mejores condiciones para el Estado.

Programas gubernamentales: El servidor público participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.

Trámites y servicios: El servidor público participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.

Recursos humanos: El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos,  de planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.

Administración de bienes muebles e inmuebles: El servidor público participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Procesos de evaluación: El servidor público participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

Control interno: El servidor público participa en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

Procedimiento administrativo: El servidor público participa en proceso administrativos, respeta las formalidades esenciales del procedimiento de denuncia y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.

Desempeño permanente con integridad: El servidor público conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.

Cooperación con integridad: El servidor público coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad.

Comportamiento digno: El servidor público se conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene relación en la función pública.

Finalmente, hay que resaltar la relevancia de continuar impulsando políticas eficaces y de responsabilidad que promuevan, impulsen y difundan una cultura de integridad en la función pública, así como acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

Esto, sumado a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la función pública. Tomando en cuenta la reforma en materia anticorrupción que incluye los principios legales de objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito, disciplina y rendición de cuentas.

 

Contrataciones públicas: Aprende a venderle al Gobierno

Contrataciones públicas

Para entender cómo el Gobierno Federal realiza sus contrataciones públicas, primero debemos conocer qué es lo que toma en cuenta al momento de decidir a qué proveedores otorga el contrato y a cuáles no.

En caso de ser aprobado, debes saber que el Gobierno Federal ofrece la oportunidad de entrar en contacto directo con las dependencias y entidades, algunas que muy probablemente demanden los productos que tú ofreces. Un ejemplo claro es mediante la organización de la ExpoCompras, ahí se reúnen todas las dependencias y entidades de Gobierno en un solo lugar y con el mismo objetivo: compra y venta.

¿Cómo vender a través de www.gobierno.gob.mx?

Este portal fue creado por el Gobierno Federal, con el objetivo de proveer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de información que permita vincular la oferta de sus productos y servicios con la demanda del Gobierno, facilitando de ese modo su participación en los procedimientos de compra de las diferentes dependencias y entidades del mando.

El sitio web reúne la guía básica de cómo venderle al gobierno; búsqueda de licitaciones vigentes y oportunidades de negocio, cursos de capacitación, opciones de financiamiento, la normatividad que se debe seguir, noticias relacionadas con las compras y otros temas de interés para quien desea vender al Gobierno.

Cuenta con un módulo de registro en línea para MIPYMES, donde pueden crear una cuenta de usuario para recibir información focalizada en función de su giro, esto significa, información sobre la demanda de bienes, servicios y obra pública de todas las dependencias y entidades, por lo que se vuelve sencillo detectar sus necesidades.

Al registrarse se les proporcionará información útil para convertirse en proveedores del Gobierno, o para fortalecer su posición en el mercado de compras si actualmente ya son proveedores o contratistas del mismo.

Toma nota: La cifra de ventas anuales y el número de empleados de tu empresa es lo que determina si tu empresa está catalogada como MIPYME.

¡Aprende a vender al Gobierno!

Antes de convertirte en proveedor del Gobierno es necesario que te guíes con la información básica, la guía que encuentras en el portal servirá como referente para responderte preguntas como: ¿Dónde se encuentran oportunidades de negocio?  ¿por qué venderle al Gobierno? ¿cómo puedo venderle al Gobierno?  ¿cuáles son las reglas o métodos por los que el gobierno compra?

¿Por qué es probable que el Gobierno Federal necesite adquirir el producto de tu empresa? El Gobierno adquiere un gran rango de productos y servicios, desde artículos de oficina, productos alimenticios, productos de cuero, plástico y hule; vestuario, uniformes, medicinas, servicios científicos, equipo industrial, servicios de construcción de vías de comunicación y de obras para el abastecimiento de los servicios públicos y mucho más.

Acciones para vender al Gobierno:

–       Infórmate sobre el proceso de compra

–       Busca la oportunidad

–       Registra tu negocio en CompraNet

–       Haz una oferta

–       Promueve tu negocio

–       Conoce opciones de financiamiento y capacitación

 

Programas exclusivos de compras para promover a las MIPYMES

El Gobierno Federal es un gran mercado potencial para las MIPYMES. Cada año adquiere importantes volúmenes y una amplia variedad de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Por ello, al convertirte en proveedor del Gobierno Federal obtendrás, además de beneficios monetarios, la oportunidad de diversificar tu negocio, adquirir conocimiento del mercado y experiencia para tu empresa.

Las dependencias y entidades federales tienen el compromiso de promover acciones que favorezcan la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas; por ello, respetando los umbrales establecidos para los Tratados de Libre Comercio firmados por el país, pueden llevar a cabo licitaciones públicas en las que exista igualdad de condiciones entre las empresas licitantes.

Al convertirte en un proveedor del Gobierno,                                                                                                                                                                                                                                 puedes incrementar la reputación de tu negocio, comprobarás tu calidad, procesos, tiempos, condiciones de entrega y formalidad en los términos establecidos en un contrato. Es una buena presentación para futuros clientes potenciales.

Capacitación de contrataciones públicas para funcionarios públicos y ciudadanos

Desde enero de 2013 y hasta mayo de 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha puesto especial énfasis en la estructura, promoción y seguimiento de una política pública en materia de apertura y atención a la capacitación de las y los servidores públicos, como pre-requisito para la transformación de la sociedad.

Para mejorar y dar transparencia a las compras públicas más de 18 mil funcionarios fueron capacitados para profundizar y consolidar sus conocimientos sobre el sistema de contrataciones públicas.

Gracias a las capacitaciones proporcionadas, se fortalecieron acciones públicas (planeación y ejecución de contratos) para asegurar una política pública abierta, transparente y eficaz, con otro objetivo de por medio: Erradicar la corrupción y malas prácticas.

De igual manera, los ciudadanos se vieron beneficiados: Licitantes, contratistas y proveedores que desean participar en estos procedimientos a través de la plataforma electrónica CompraNet tuvieron la oportunidad de hacerlo en más de 180 cursos especializados.

La participación fue de 13 mil asistentes. En los cursos se dio prioridad a la normatividad, a las mejores prácticas y la forma de instrumentar las contrataciones públicas para lograr que garanticen condiciones favorables para el estado y la sociedad.

SFP ha sancionado a más de 2 mil 700 servidores públicos

SFP sanciona a servidores públicos

Hemos hablado ya de las obligaciones y los derechos de las funcionarias y los funcionarios públicos, así como de los casos en los que son ellos sancionados. Pero, ¿qué ha pasado este año en la labor de estas personas que trabajan al servicio de la población?

Tan solo en el periodo que abarca del 1 de enero al 19 de septiembre de 2018, se ha revelado una cifra de 3 mil 618 sanciones aplicadas a 2 mil 782 servidores públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien impuso la pena correspondiente a aquellos que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a los datos del Registro de Servidores Públicos Sancionados, que pone a disposición pública la Contraloría General de la Ciudad de México, del número de sanciones otorgadas por la SFP:

  •      1,001 corresponden a casos de amonestaciones públicas y privadas
  •      214 fueron destituciones
  •      897 pertenecen a inhabilitaciones
  •      1,142 fueron suspensiones
  •      y 364 sanciones económicas.

El monto acumulable fue de 956 millones de pesos. Sobre el resto de las sanciones, estas quedarán registradas para efectos de evaluar la reincidencia, sin tomar en cuenta su situación, por ejemplo, los casos de funcionarios que se sometan a algún medio de impugnación. Mientras tanto, continuarán siendo consultables para las áreas de recursos humanos de las autoridades competentes, previo al nombramiento o contratación.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) a través de la plataforma digital establecida dichas sanciones deben hacerse públicas y no se mencionan excepciones.

Esta modalidad garantiza la legalidad y transparencia en el ejercicio gubernamental. Las medidas y reglamentos que se implementan en la lucha contra la corrupción generan mayor confianza y credibilidad entre la sociedad.

 

Contrataciones públicas sustentables

Contrataciones públicas sustentables

Estamos en una época donde la humanidad se preocupa cada vez más por el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales; lo mismo ocurre en temas gubernamentales y de servicio público.

Empecemos diciendo que las contrataciones públicas sustentables son el proceso por el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios y obras públicas.

Pero, ¿qué las hace distintas a las demás? La diferencia es que están basadas en un análisis el cual involucra todo el ciclo de la vida, traduciéndose de ese modo en beneficios para la organización y también para la sociedad, la economía y finalmente al medio ambiente.

“La evolución del derecho de contratos y su progresiva importancia en el ámbito comunitario puede estudiarse por tanto, de manera paralela al papel cada vez más relevante que están adquiriendo los temas ambientales… estamos ante la ecologización de la contratación pública»: Marta Oller Rubert, doctora en derecho administrativo en la Universidad Jaume I en España.

¿Qué es el Proyecto de Cooperación Triangular?

Se trata de un proyecto enfocado a la integración regional para el fomento de la producción y consumo sustentable, está integrada por parte de la Alianza del Pacífico, donde participan Chile, Colombia, Perú y México.

Los objetivos del plan son:

  1. Apoyar el diseño y/o consolidación de los programas nacionales de producción de consumo sustentable.
  2. Promover el desarrollo de mecanismos o instrumentos para fomentar y fortalecer la producción y consumo sustentable entre los sectores públicos, privados y sociales.
  3. Establecer criterios sustentables para bienes y servicios prioritarios comunes en los países participantes.

Una de las metas específicas es lograr que, en al menos dos países integrantes de la Alianza del Pacífico, inicie la incorporación de criterios de sustentabilidad en las compras públicas.

En el caso específico de México, quedan a cargo de regulación política de contrataciones públicas de la Administración Pública Federal, la coordinación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

 

Pero… ¿cuáles son los criterios para mejorar las contrataciones públicas?

  1. a) En contenido de fibra reciclada y de fuentes forestables sustentables (en cantidades mayores o iguales al 50%). Con esto,  su restitución favorecerá un ahorro de energía, de materias primas o incluso de ambas; sin prejuicios para la salud, los ecosistemas y sus elementos.

 

  1. b) El método de blanqueado deberá ser por lo menos libre de cloro elemental.

 

  1. c) Todo empaque utilizado contendrá materiales reciclados en algún porcentaje.

 

  1. d) El uso de la energía y el agua.  Se le exige al fabricante que cuente con un programa de ahorro y uso eficiente de estos recursos.

En 2016, tras haberse realizado un diagnóstico de resultados del Proyecto de Cooperación Triangular, se identificaron los bienes y servicios de mayor impacto económico, social y ambiental en los que funcionaría la implementación de criterios sustentables para su futura contratación pública.

Los resultados en México, arrojaron una lista de 10 bienes y 5 servicios:

  • Papel
  • Productos derivados del papel
  • Pinturas e impermeabilizantes
  • Productos textiles
  • Aire acondicionado
  • Ordenadores o pantallas
  • Electrodomésticos
  • Lámparas
  • Mobiliario de madera
  • Vehículos
  • Limpieza
  • Publicidad
  • Servicios de impresión
  • Servicios de alimentos
  • Servicios de vigilancia de bienes inmuebles

Poco a poco, sobre la base de un enfoque de desarrollo sustentable y un sistema jurídico de derecho ambiental, se estima que las instituciones se fundamenten en una moderna visión de las contrataciones y compras sostenibles o verdes… ¿Consideras que vamos a buen tiempo?

 

¿Qué fue lo que pasó el 2 de octubre?

¿Qué fue lo que pasó el 2 de Octubre?

¿Qué sabemos realmente del 2 de octubre? ¿Por qué es una fecha que hay que recordar? La llamada ‘masacre de Tlatelolco’, es el acontecimiento que no podemos olvidar porque es el antecedente de lucha de la autonomía y libertad, donde participaron principalmente estudiantes, profesores e intelectuales; pero también obreros y profesionistas.

Históricamente, era un momento importante para los intereses superiores del país; México se volvía el primer país latinoamericano, en vías de desarrollo y de habla hispana, en organizar un evento de talla internacional: los Juegos Olímpicos. Por otro lado, se encontraba un movimiento opositor al gobierno represor del priista Gustavo Díaz Ordaz.

Debido a que faltaba poco tiempo para dicha celebración, las medidas de seguridad aumentaron en la Ciudad de México, y el despliegue de los militares alrededor de las sedes deportivas era desmesurado.

Masacre de la tarde del 2 de octubre

El 2 de octubre de 1968 a las 17:00 horas, estudiantes y civiles se congregaron en la Plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿el motivo? La exigencia al gobierno de Díaz Ordaz, por adquirir la autonomía universitaria, dar fin a la represión estatal y exhibir la necesidad de obtener mejores condiciones laborales.

Cabe señalar que este movimiento inició en julio de 1968 y, catorce días antes de esa concentración, el ejército nacional irrumpió en dos preparatorias del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  violado la autonomía universitaria.

Desde entonces, varios jóvenes fueron detenidos y encarcelados. Era justo y razonable que el pueblo estudiantil tuviera valor de reunirse, luchar y gritar por sus derechos. Era claro el disgusto de la sociedad, mientras pocos celebraban, otros preocupados, enardecidos y con osadía hablaban a las masas reunidas en la Plaza.

Los disparos comenzaron desde el tercer piso del edificio Chihuahua, después de que un helicóptero lanzó bengalas de colores, era ‘la señala del inicio de la masacre’. En ese momento se escuchó el estruendo de disparos, con el Batallón Olimpía enfrente; los francotiradores acechaban desde los edificios: el ISSSTE, Molino del Rey y Revolución, ocupaban también las azoteas de departamentos.

Al operativo asistieron hasta 8 mil militares, 300 vehículos armados –entre tanques, autos blindados y jeeps con ametralladoras- como si se tratase de una guerra, de un tú por tú o de iguales.

Semejante operativo quiso realizarse ‘en privado’, ‘a escondidas’, el ejército no permitía el paso a los medios de comunicación, pocos fueron los que lograron documentar el suceso. El saldo fue de al menos 200 muertos, aunque las cifras oficiales solamente reportaron el 10%. Hubo varias decenas de heridos, centenares de detenidos y desaparecidos.

Juegos Olímpicos Vs. Protestas de estudiantes

Además del tiroteo, se presenciaron diversos actos de tortura a los alrededores de la Plaza de las Tres Culturas. El entonces presidente Díaz Ordaz, estaba conteniendo a los estudiantes de una forma brutal, no era casualidad que fuera 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos, justo cuando recibió una notificación del comité Olímpico, donde amenazaba con suspender el evento deportivo si las manifestaciones juveniles continuaban.

Para Gustavo Díaz Ordaz, lo que vivía era una conspiración comunista que deseaba sabotear la inauguración de sus Juegos Olímpicos, así que el holocausto fue su modo de exigir la conciliación ciudadana, para que en santa paz se llevaran a cabo los Juegos, al fin y al cabo ¡viva el deporte!

Ningún implicado en la masacre de Tlatelolco cumplió condena alguna por haber formado parte del exterminio estudiantil. Las autoridades tampoco dieron nunca explicaciones, sin embargo, la solidaridad ciudadana siempre ha estado presente, recordando que en ese entonces los silenciaron, llevándose la vida de muchos, y por eso más vale año con año revivir la revolución estudiantil.

Hoy en día, sectores explotados y oprimidos continúan la protesta, las solicitudes y exigencias al gobierno se ampliaron: acceso a la educación, la democratización de los medios de comunicación, el fin del acoso gubernamental, el desarrollo de las instituciones, la lista es interminable.

Poco a poco hemos logrado mayor libertad, mayor expresión y oportunidades, mientras esa impunidad se seguirá exigiendo.