SFP ha sancionado a más de 2 mil 700 servidores públicos

SFP sanciona a servidores públicos

Hemos hablado ya de las obligaciones y los derechos de las funcionarias y los funcionarios públicos, así como de los casos en los que son ellos sancionados. Pero, ¿qué ha pasado este año en la labor de estas personas que trabajan al servicio de la población?

Tan solo en el periodo que abarca del 1 de enero al 19 de septiembre de 2018, se ha revelado una cifra de 3 mil 618 sanciones aplicadas a 2 mil 782 servidores públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien impuso la pena correspondiente a aquellos que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a los datos del Registro de Servidores Públicos Sancionados, que pone a disposición pública la Contraloría General de la Ciudad de México, del número de sanciones otorgadas por la SFP:

  •      1,001 corresponden a casos de amonestaciones públicas y privadas
  •      214 fueron destituciones
  •      897 pertenecen a inhabilitaciones
  •      1,142 fueron suspensiones
  •      y 364 sanciones económicas.

El monto acumulable fue de 956 millones de pesos. Sobre el resto de las sanciones, estas quedarán registradas para efectos de evaluar la reincidencia, sin tomar en cuenta su situación, por ejemplo, los casos de funcionarios que se sometan a algún medio de impugnación. Mientras tanto, continuarán siendo consultables para las áreas de recursos humanos de las autoridades competentes, previo al nombramiento o contratación.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) a través de la plataforma digital establecida dichas sanciones deben hacerse públicas y no se mencionan excepciones.

Esta modalidad garantiza la legalidad y transparencia en el ejercicio gubernamental. Las medidas y reglamentos que se implementan en la lucha contra la corrupción generan mayor confianza y credibilidad entre la sociedad.

 

Sanciones a los servidores públicos corruptos

Sanciones a los servidores públicos corruptos

Con la finalidad de determinar los mecanismos propios para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en su ejercicio al servicio público, se han realizado modificaciones o refuerzos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se observará a los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, considerando los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al servicio público.

De acuerdo al orden público de la ley, las sanciones a los servidores públicos serán aplicables a quienes incurran en actos u omisiones que correspondan a sus intereses particulares, además a quienes se encuentren vinculados con faltas administrativas graves, esto de acuerdo a los procedimientos empleados para su aplicación.

Faltas administrativas graves que deberán abstenerse de realizar los servidores públicos

Incurrir en cohecho. Cuando el funcionario público exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público -que podría consistir en dinero, valores, bienes, donaciones, servicios, empleos y además beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio-.

En caso de desvío de recursos públicos, la responsabilidad recaerá en el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamentos jurídicos o en contraposición a las normas aplicables.

Utilización indebida de información. El servidor público que adquiera para sí o para las personas ya mencionadas y referidas en el artículo 52 de la ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de haber lucrado con información privilegiada (que no es del dominio público) a su cargo. Por otro lado, al contratista, permisionario o titular de una concesión que genere y utilice información falsa sobre los rendimientos o beneficios que obtenga se le impondrá de seis meses a doce años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Se reprueba la falta a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como finalidad ocultar el incremento de su patrimonio, o el uso y disfrute de bienes que no sea justificable.

Cometer desacato. Al tratarse de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos, es causa de sanción proporcionar información falsa, no dar respuesta alguna o retrasar deliberadamente y sin justificación la entrega de información.

Nuevas sanciones para combatir a funcionarios corruptos

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, las nuevas leyes reglamentarias aprobadas por el senado prevén castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, nepotismo, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Por primera vez habrá un fiscal especial de combate a la corrupción, representante de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, quien será elegido por dos terceras partes del senado, con posibilidad de ser removido de su puesto por el titular de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a la Reforma del Código Penal Federal, se sancionará el uso ilícito de atribuciones y facultades de seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa. Esto incluye a los funcionarios públicos que, de manera ilícita, contraten deuda u otorguen permisos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social.

Si durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos, el funcionario público gestiona o solicita una comisión o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas empresas o personas, podría ir a la cárcel hasta 14 años.

Por otro lado, quienes cometan actos de corrupción quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio, por un plazo de uno a veinte años.

Mientras que, el enriquecimiento ilícito se castigará con tres meses y hasta 14 años de prisión. Y para el servidor público, quien a cargo de fondos públicos, les de una aplicación distinta a la que están destinados o realice un pago ilegal, la sanción va de los seis meses a los doce años de prisión, o bien, de cien a trescientos días de multa.

También se castigará el delito de coalición de servidores públicos, es decir, las alianzas entre servidores públicos para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o impedir su ejecución.

¿Por qué hablar de sanciones?

Las fallas históricas y mala reputación de quienes sirven a la sociedad, demandan que los funcionarios públicos mantengan los principios que rigen su desempeño: actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión; conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; actuar conforme a la cultura de servicio, orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; para corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución.

 

Aumento arbitrario en salarios a burócratas

Desde mediados de junio, la alta burocracia federal se ha visto beneficiada con un aumento salarial impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de forma ‘oculta’, justo dos semanas antes de la elección presidencial. En total, los beneficiados fueron 317 mil 879 funcionarios, entre ellos se encuentra, evidentemente, el todavía presidente Enrique Peña Nieto y altos mandos de la burocracia mexicana.

Realmente dicha acción no es de sorprender, pues no se trata de la primera vez que en la Secretaría se realizan este tipo de actualizaciones, se ha hecho los tres años anteriores bajo el fundamento de cinco normativas, entre las que se incluyen leyes, manuales y reglamentos. Las actualizaciones pasadas de los tabuladores se han enviado en los años 2017 y 2016, con los oficios 307-A-313 y 307-A1949, respectivamente.

Los representantes del Congreso fueron quienes intervinieron en la aprobación del aumento en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, donde se estipula que los incrementos salariales para servidores públicos se basan en los nexos 7 y 25 del decreto mencionado.

¿Quiénes son los innegables beneficiados?

Los ajustes más altos han sido evidenciados con las siguientes cifras:

 

Cargo Sueldo Aumento
Presidente $209,967 $222,261
Secretarios de Estado $218,586 $235,884
Subsecretarios de Estado $199,992 $217,257
Directores generales $189,529

$207,000

 

Una vez dada la autorización, algunos funcionarios confirmaron que se les entregó el pago retroactivo, y que simplemente apareció en sus recibos de nómina, como si les hubiera caído del cielo. Mientras que, la Secretaría de Hacienda se tomó su tiempo para revelar dicha información, no fue sino hasta el 19 de julio que dio a conocer el aumento salarial que fue aplicado desde el 13 de junio del año en curso.

De acuerdo a la investigación de los periodistas: Angélica Enciso y Enrique Méndez, con el oficio de número 307-A-1665 (con fecha del 13 de junio) la SHCP notificó a través de los canales constitucionales a todas las áreas del gobierno el reajuste establecido en el tabulador de sueldos y salarios brutos de la administración pública centralizada y cómo implementarlos, con el propósito de hacerlos efectivos.

Además, la dependencia explicó en un comunicado que la actualización de los tabuladores se hizo conforme a lo estipulado por las leyes y reglamentos, considerando siempre el impacto en el Presupuesto de Egresos 2018 que aprobó el Congreso de la Unión.

Actualmente, en las instituciones de la administración pública laboran un millón 567 mil 381 trabajadores, de ellos sólo 317 mil 879 son de confianza, y por tanto, son los beneficiados directamente con el incremento salarial.

¿Qué acciones llevará a cabo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador bien conocido por su lema de ‘acabar con la mafia del poder’, y por lo tanto con la corrupción desde raíz?

Es claro que quienes todavía tienen el poder han tomado medidas desesperadas, previniendo la mala racha que se les viene, pues AMLO ha dejado en claro que los salarios de los altos funcionarios serán reducidos, y que nadie podrá ganar más que el presidente, cuyo sueldo será de 108,000 pesos.

 

AMLO: ¿soluciones contra la corrupción o castillos de arena?

observaciones en una auditoría pública

Actualmente, México ocupa la posición 135 en los parámetros de corrupción a nivel mundial, sólo por debajo de seis países africanos, cinco del Medio Oriente y desde luego, en América Latina, de Venezuela.

Es considerado una de las economías más poderosas de América Latina. Por otra parte, países como Argentina, Costa Rica, incluso Brasil y Colombia presentan índices muchísimo más bajos en cuestiones de corrupción e impunidad.

¿Será que el sexenio que está por terminar dejó sumamente dañado al país en cuestiones de economía, desarrollo y reformas? Después de un saqueo de millones de pesos, orquestado por varios funcionarios del PRI, y una deficiente toma de decisiones por los altos mandos, sólo queda una impagable deuda externa, una inflación pronosticada del 27% y una nombrada ‘mafia del poder’ imposible de exterminar.

La pregunta es: ¿López Obrador de verdad tiene la capacidad para acabar con la corrupción, la pobreza y los problemas económicos del país?

Hasta la fecha, el candidato López Obrador se jacta de que será siempre un presidente honesto, que pondrá en práctica un plan de austeridad y de transparencia en los servidores públicos, incluso que suspenderá la pensión a los expresidentes; que si bien no supone un gran ahorro o cambio en la economía del país, es una propuesta capaz de llenar de esperanza a los ciudadanos menos desfavorecidos.

En cuestiones de corrupción, transparencia y rendición de cuentas, AMLO planea eliminar a todas las empresas fantasmas y dar transparencia a las licitaciones públicas que tienen el objetivo de contratar proveedores del sector privado, lo cual ya existe, pero no es algo que se haya puesto en práctica durante el sexenio pasado; es más, la ausencia de dicha medida propició las triangulaciones con universidades y empresas fantasmas para desviar millones de pesos del erario.

También, tiene en la mira el desarrollo de los jóvenes, AMLO tiene planeado crear un programa social que ayudará a ese sector poblacional que no estudia ni trabaja, con un plan de becarios para que tengan oportunidades de estudiar y trabajar: ‘becarios sí, sicarios no’.

Para financiarlo, nuevamente hace alarde de su combate contra la corrupción, la cual dejó un déficit de 500.000 millones de pesos al año; con esa recaudación, AMLO podría cumplir su compromiso, según él. Eso sí, siempre y cuando cumpla ‘su sueño’ de eliminar la corrupción de tajo.

No obstante, muchos expertos en economía discrepan de los intentos de financiamiento de López Obrador, ya que la única forma de llevar a cabo varios de sus programas sociales, sería elevando la recaudación fiscal, cosa que él jura no será una opción en su gobierno.

El líder de Morena se ha abanderado como héroe de la nación y fiel combatiente de la nación; la gente confía en él o simplemente tiene la esperanza de no seguir empobreciéndose más, ni vivir de las sobras de los fallidos programas sociales de Sedesol.

Sin embargo, este defensor también ha tenido sus deslices con la corrupción o al menos hay fuertes sospechas en su contra, sólo que con el paso del tiempo, se olvidan. Uno de los más sonados fue cuando estuvo como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, ahí enfrentó un proceso de desafuero por desatender una orden judicial que le impedía construir en un terreno expropiado.

Se especulaba que la acusación era más que nada para evitar que fuera candidato presidencial y finalmente se retiraron las imputaciones. Es importante señalar que lo más grave fue cuando tres de sus allegados políticos, René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz, fueron acusados de lavado de dinero y corrupción.

Después de haber sido procesados y pasar un tiempo en la cárcel, se rumoraba de su unión a la campaña de AMLO; aunque sólo Bejarano lo admitió públicamente en un mitin, mientras que de los otros dos no hubo pruebas contundentes.

Para acabar con la corrupción hace falta más que puras buenas intenciones, hasta ahorita, AMLO menciona que va a acabar con la corrupción pero nunca dice cómo, y no nos referimos a quitar o poner leyes, ni a reforzar los procesos de transparencia, hace falta plantear todo un sistema anticorrupción en el cual no participe la clase política.

Quizá, la sociedad civil es quien deba ocuparse de ello, por medio de un plan de vigilancia y transparencia, porque volver a confiarle a un político la integridad del país es poco viable, ya que no es para nada una posibilidad que la clase política renuncie a su impunidad y por ende a sus privilegios.

Por otro lado, al parecer la cultura para los candidatos presidenciales no es un tema relevante, ya que poco han dicho al respecto. Tal vez desde ahí debería comenzar el señor Obrador y demás políticos, pues la cultura es un elemento clave para la evolución y prosperidad de una sociedad.

Elecciones 2018: el fraude que se ve venir

Al parecer, el partido  que resulte vencedor dentro de una contienda electoral es aquel que más dinero le inyecta a su campaña y no el que obtiene mayor número de votos en las urnas. Y, por lo visto, en estas Elecciones 2018 no será la excepción. Las estrategias y los envites millonarios ya se cocinan varios meses antes del resultado.

Para muchos altos mandos ha sido una sorpresa que el candidato con más ventaja sea totalmente adverso a sus planes, que de nueva cuenta el PRI vuelve a caer con más fuerza y que el candidato presidencial del PAN no le pise siquiera los talones al candidato de Morena.

Según la más reciente encuesta realizada por el Reforma, AMLO crece cuatro puntos y Anaya sigue perdiendo votos; incluso, el candidato de Morena supera el 50% de las preferencias. Si bien para muchos el resultado no es alentador para sus intereses, es una consecuencia normal después de experimentar el fiasco del PRI y el PAN en el poder.

Delitos electorales y fraude

Por otro lado, hay empresarios que de forma sútil tratan de advertir a sus empleados del peligro de votar por un partido ‘populista’, como es el caso de Héctor Hernández-Pons Torres, director de Herdez, quien advirtió sobre los daños colaterales que enfrentaría la economía del país si AMLO ganase la presidencia.

Las propuestas del candidato de Morena, hacen que tiemble varios empresarios, sobre todo aquellos que están involucrados en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otro lado, El doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, afirmó que el PRI dará una estocada final durante la madrugada del 2 de julio, donde mágicamente el candidato presidencial José Antonio Meade encabezará el porcentaje de votos.

Se espera un plan muy similar al de las elecciones del año pasado en el Estado de México, donde por medio de programas sociales, compras de votos y fuerza militar, el PRI se haría ganador. Podría incluso afirmarse que la aprobación de la nueva Ley de Seguridad interior es para combatir a la ciudadanía que no acepte otro sexenio con el partido tricolor al mando.

Partidos políticos… con necesidades económicas enormes

Parece que el presupuesto, ya de por sí escandaloso, que otorga el INE a los partidos políticos para sus campañas no es suficiente, pues la ASF detectó desvíos de recursos que asciende a 247 millones de pesos y contratos con empresas fantasmas entre 2012 y 2016 para poder financiar su camino hacia el poder en estas elecciones.

En época electoral se gasta once veces más de lo permitido y por lo visto, el presupuesto que es designado de forma legal es sólo un tercio de lo que en realidad despilfarran y se reporta. El objetivo es sacarle el mayor provecho a la campaña, tanto en publicidad que beneficie su discurso, como en movimientos ilícitos que aseguren su estadía en el poder.

El fraude se puede financiar, pero un programa de blindaje electoral ¡Imposible!

En cuanto a tomar medidas preventivas para evitar delitos electorales, la intención es lánguida. El INE no cuenta con el presupuesto, ni la tecnología para blindar las elecciones y lo que es peor, se cree que el fraude incluye a la institución como principal colaborador.

También muchos medios de comunicación de renombre hablan sobre un software elaborado con la intención de alterar los resultados, el cual ya fue financiado para que los intereses de por medio se lleven a cabo. Sólo necesitan la noche del 2 de julio para acomodar todo y anunciar al ‘ganador’.

También es importante recalcar que la impunidad y la corrupción mexicana han debilitado y dañado a las instituciones, ahora su misión ya no tiene validez ni credibilidad. Sin importar que las inimaginables sumas millonarias salgan a la luz, siempre hay vacíos legales que disfrazan a la corrupción de inversiones para el bienestar del país.

Quizá el próximo presidente de México ya esté confirmado, únicamente falta las elecciones para que el pueblo se entere; mientras tanto, habrá que ver la reacción de la ciudadanía, la cual ya fue engañada en 1988 cuando quedó electo Salinas de Gortari; en 1994 ,con una personalidad gris y tan poco empática como Ernesto Zedillo; en 2006, Calderón; por último, EPN y su triunfo del 2012. ¿Los votantes habrán aprendido algo o simplemente le cambiarán al Mundial después de que les anuncien el fraude del 2018?

¿Qué tan grave puede llegar a ser la impunidad administrativa en México?

Los números son impactantes, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 45 mil 108 sanciones contra servidores públicos, por malos manejos administrativos; sin embargo, sólo aplicó apenas el 13% de ellas, pero lo peor es que ni el 1% resultó en destitución del funcionario o en una sanción económica.

El grado de impunidad en México es altísimo, estadísticamente 8 de cada 100 denuncias concluyen en sanciones, lo cual significa un nivel de impunidad de 92.2%… ¡Altísimo! Y a todo esto hay que sumarle que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8% de las denuncias emitidas por la SFP.

Por ello, en el 2015 se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) para combatir los delitos de corrupción en la administración pública. De este sistema se deriva la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de establecer las conductas de los servidores públicos en todos su niveles.

A pesar de las medidas reglamentarias, en términos generales, México es considerado como uno de los países con mayor impunidad en Latinoamérica, a nivel mundial ocupa la cuarta posición con una calificación de 69.84.

La larga lista de impunidad en servidores públicos de alto y bajo rango

El caso más reciente de impunidad lo tiene la Sedesol, la cual en la última  etapa de la Fiscalización de la Cuenta Pública recibió varias observaciones por desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. A pesar de enfrentar denuncias penales por cifras millonarias mantuvo evidente participación en la Estafa Maestra, y la SFP le dio carpetazo al caso.

No obstante, hace poco la SFP declaró que tenían a un presunto responsable de que no se le diera seguimiento a las denuncias, mientras que Rosario Robles, así como muchos otros funcionarios de alto rango salieran bien librados por malversación de fondos.

Aunque la SFP no quiso revelar el nombre del responsable, se sabe que se trata de Mauricio Razo, quien se desempeñó como titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol.

Aún cuando uno de los temas centrales durante las Elecciones 2018 es el combate a la corrupción y la impunidad, en todos sus niveles, y las medidas extremas para regular la conducta de los servidores públicos, el panorama no se ve nada alentador para nuestro país.

Se elimina fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos

Por increíble que parezca, la Cámara de Diputados decidió eliminar el fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos, los cuales podrán ser sujetos a juicio político; además, nadie podrá ser sancionado con cárcel por motivos de difamación, calumnias e injurias.

Esta iniciativa fue aprobada con 370 votos a favor y turnada al Senado de la República.

Si el Senado aprueba sin modificaciones la propuesta, se pasará a los congresos estatales. Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitará la aprobación de la mayoría de estas legislaturas. Esta iniciativa reformará los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política.

Pero, ¿qué pasaría si algún funcionario o el mismo Presidente de la República viola las leyes establecidas en la Constitución? Podrán ser sometidos directo a juicio político, sin la necesidad de emitir un proceso de desafuero.

La reforma también podrá ser aplicada en integrantes de organismos autónomos de las Secretarías del Gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos.

Este hecho histórico responde a la constante demanda de los ciudadanos, pues el fuero político muchas veces se ha utilizado como instrumento de impunidad, a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que la Cámara de diputados aprobó la propuesta como parte de su deuda política, lamentablemente esta acción no compensa la larga trayectoria de corrupción y tráfico de influencias.

 

 

Quizá eliminar el fuero político no es la solución a los problemas de corrupción

La Cámara de Diputados apoya la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y a los Servidores Públicos que gocen de la virtud, así como los Secretarios de Estado, los miembros del Congreso y los ministros de la Suprema Corte, entre otros funcionarios que cuenten con esta inmunidad.

El peso de esta propuesta es más que nada para atender una demanda social que una iniciativa política. También, se relaciona con la temporalidad del cambio de administración y la entrada de la época electoral; pues como es costumbre, muchos retoman la causa como parte de sus acciones principales al llegar al poder.

En nuestra Constitución no existen algo que regule como tal el beneficio del fuero; aún así, los artículos 38, 110, 111, 112 y 114 argumentan sus condiciones, mismos que tendrán que ser reformados si la iniciativa es aprobada.

Marko Cortés, Presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitará un planteamiento que regule el proceso de acusación de un Servidor Público, el cual, durante la investigación, podrá seguir ejerciendo su cargo y al recibir sentencia, concluirá su actividad política. Una vez que la reforma sea aceptada de su lado, se enviará al Senado antes de que termine el período ordinario de sesiones.

Más allá de que este proyecto tenga el visto bueno del Senado de la República, los candidatos a la presidencia prometen la eliminación del fuero como parte de su estrategia clave para el combate de la corrupción, tanto así que uno que otro ya se postula como el primer presidente libre de este beneficio.

Sin embargo, si se elimina el fuero político ¿qué tanto ayudará  a combatir la corrupción ?

Sin lugar a dudas el mayor alimento de la corrupción es la impunidad. Muchas de las sanciones penales que deben enfrentar los altos mandos son absueltas, incluso antes de llegar a los juzgados. Para muestra está el reciente carpetazo a los desvíos de Sedesol, registrados durante el período en que fue tutelar Rosario Robles.

Además, el mismo gobierno federal, enfrentó desvíos millonarios registrados en el Informe de la Cuenta Pública 2013 y 2014, hechos que no se han aclarado como lo demanda la ley, siendo que los presuntos responsables siguen gozando de su libertad.

También, la causa del enriquecimiento ilícito se aqueja al tráfico de influencias derivas del privilegio del fuero, factor que no ha querido ser erradicado para evitar que el Presidente de la República forme parte del ejercicio de rendición de cuentas por la comisión de actos ilícitos.

La intención de reformar los beneficios del fuero está desde el 2013; no obstante, cuando llegó la propuesta al Senado, no tuvo su aprobación debido a que el Presidente mantenía los derechos de inmunidad.

El proyecto de modificar este tipo de facultades, notablemente se pone de moda justo en tiempos electorales para sumar simpatizantes; sin embargo, el fuero es una concesión que en un principio se brindó para proteger a las personas que tenían un idea de gobierno diferente a la del mandatario en turno, es decir, se estableció como muestra de apoyo a la libertad de expresión, cosa que hoy en día no aplica esa función y al contrario, es más una cuestión de impunidad.