SFP ha sancionado a más de 2 mil 700 servidores públicos

SFP sanciona a servidores públicos

Hemos hablado ya de las obligaciones y los derechos de las funcionarias y los funcionarios públicos, así como de los casos en los que son ellos sancionados. Pero, ¿qué ha pasado este año en la labor de estas personas que trabajan al servicio de la población?

Tan solo en el periodo que abarca del 1 de enero al 19 de septiembre de 2018, se ha revelado una cifra de 3 mil 618 sanciones aplicadas a 2 mil 782 servidores públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien impuso la pena correspondiente a aquellos que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a los datos del Registro de Servidores Públicos Sancionados, que pone a disposición pública la Contraloría General de la Ciudad de México, del número de sanciones otorgadas por la SFP:

  •      1,001 corresponden a casos de amonestaciones públicas y privadas
  •      214 fueron destituciones
  •      897 pertenecen a inhabilitaciones
  •      1,142 fueron suspensiones
  •      y 364 sanciones económicas.

El monto acumulable fue de 956 millones de pesos. Sobre el resto de las sanciones, estas quedarán registradas para efectos de evaluar la reincidencia, sin tomar en cuenta su situación, por ejemplo, los casos de funcionarios que se sometan a algún medio de impugnación. Mientras tanto, continuarán siendo consultables para las áreas de recursos humanos de las autoridades competentes, previo al nombramiento o contratación.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) a través de la plataforma digital establecida dichas sanciones deben hacerse públicas y no se mencionan excepciones.

Esta modalidad garantiza la legalidad y transparencia en el ejercicio gubernamental. Las medidas y reglamentos que se implementan en la lucha contra la corrupción generan mayor confianza y credibilidad entre la sociedad.

 

Elecciones 2018: el fraude que se ve venir

Al parecer, el partido  que resulte vencedor dentro de una contienda electoral es aquel que más dinero le inyecta a su campaña y no el que obtiene mayor número de votos en las urnas. Y, por lo visto, en estas Elecciones 2018 no será la excepción. Las estrategias y los envites millonarios ya se cocinan varios meses antes del resultado.

Para muchos altos mandos ha sido una sorpresa que el candidato con más ventaja sea totalmente adverso a sus planes, que de nueva cuenta el PRI vuelve a caer con más fuerza y que el candidato presidencial del PAN no le pise siquiera los talones al candidato de Morena.

Según la más reciente encuesta realizada por el Reforma, AMLO crece cuatro puntos y Anaya sigue perdiendo votos; incluso, el candidato de Morena supera el 50% de las preferencias. Si bien para muchos el resultado no es alentador para sus intereses, es una consecuencia normal después de experimentar el fiasco del PRI y el PAN en el poder.

Delitos electorales y fraude

Por otro lado, hay empresarios que de forma sútil tratan de advertir a sus empleados del peligro de votar por un partido ‘populista’, como es el caso de Héctor Hernández-Pons Torres, director de Herdez, quien advirtió sobre los daños colaterales que enfrentaría la economía del país si AMLO ganase la presidencia.

Las propuestas del candidato de Morena, hacen que tiemble varios empresarios, sobre todo aquellos que están involucrados en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otro lado, El doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, afirmó que el PRI dará una estocada final durante la madrugada del 2 de julio, donde mágicamente el candidato presidencial José Antonio Meade encabezará el porcentaje de votos.

Se espera un plan muy similar al de las elecciones del año pasado en el Estado de México, donde por medio de programas sociales, compras de votos y fuerza militar, el PRI se haría ganador. Podría incluso afirmarse que la aprobación de la nueva Ley de Seguridad interior es para combatir a la ciudadanía que no acepte otro sexenio con el partido tricolor al mando.

Partidos políticos… con necesidades económicas enormes

Parece que el presupuesto, ya de por sí escandaloso, que otorga el INE a los partidos políticos para sus campañas no es suficiente, pues la ASF detectó desvíos de recursos que asciende a 247 millones de pesos y contratos con empresas fantasmas entre 2012 y 2016 para poder financiar su camino hacia el poder en estas elecciones.

En época electoral se gasta once veces más de lo permitido y por lo visto, el presupuesto que es designado de forma legal es sólo un tercio de lo que en realidad despilfarran y se reporta. El objetivo es sacarle el mayor provecho a la campaña, tanto en publicidad que beneficie su discurso, como en movimientos ilícitos que aseguren su estadía en el poder.

El fraude se puede financiar, pero un programa de blindaje electoral ¡Imposible!

En cuanto a tomar medidas preventivas para evitar delitos electorales, la intención es lánguida. El INE no cuenta con el presupuesto, ni la tecnología para blindar las elecciones y lo que es peor, se cree que el fraude incluye a la institución como principal colaborador.

También muchos medios de comunicación de renombre hablan sobre un software elaborado con la intención de alterar los resultados, el cual ya fue financiado para que los intereses de por medio se lleven a cabo. Sólo necesitan la noche del 2 de julio para acomodar todo y anunciar al ‘ganador’.

También es importante recalcar que la impunidad y la corrupción mexicana han debilitado y dañado a las instituciones, ahora su misión ya no tiene validez ni credibilidad. Sin importar que las inimaginables sumas millonarias salgan a la luz, siempre hay vacíos legales que disfrazan a la corrupción de inversiones para el bienestar del país.

Quizá el próximo presidente de México ya esté confirmado, únicamente falta las elecciones para que el pueblo se entere; mientras tanto, habrá que ver la reacción de la ciudadanía, la cual ya fue engañada en 1988 cuando quedó electo Salinas de Gortari; en 1994 ,con una personalidad gris y tan poco empática como Ernesto Zedillo; en 2006, Calderón; por último, EPN y su triunfo del 2012. ¿Los votantes habrán aprendido algo o simplemente le cambiarán al Mundial después de que les anuncien el fraude del 2018?

Auditoría forense como control de delitos fiscales

Lo primero que necesitamos saber es ¿qué es una Auditoría forense?  Se define como una medida de detección y control de fraudes fiscales, la cual identifica al presunto responsable y las acciones que llevó a cabo para cometer un delito.

Este proceso, además de utilizar métodos científicos para la recabación de pruebas, aplica conocimientos contables y de investigación financiera para luchar contra procesos ilícitos, empresas fantasmas y desvío de recursos.

Además de controlar delitos fiscales, también genera procesos de prevención y detección oportuna de acciones ilícitas. Pero, ¿en qué casos debe ponerse en práctica una auditoría forense?

  • Como  medida de prevención rutinaria cada cierto período.
  • Cuando existan denuncias o acusaciones en contra de servidores públicos, que involucren delitos de corrupción y desvíos de recursos.
  • Si se presentan conductas sospechosas por parte de los funcionarios.
  • Al manifestarse irregularidades en la contabilidad y administración de la institución pública.
  • En caso de que los programas gubernamentales previstos, presenten bajo rendimiento, nula actividad o no se considere que los objetivos formulados se estén cumpliendo.

¿Una auditoría forense tiene el mismo procedimiento que una auditoría tradicional?

Esta pregunta es muy recurrente, lo que podemos decir es que difiere en algunos elementos. Esta se lleva a cabo por un auditor forense, el cual expone los resultados directamente ante una autoridad de justicia competente.

Primero, comienza las labores de investigación y formula hipótesis sobre las acciones del delito:

  • Define la temporalidad del delito.
  • Localiza a los presuntos culpables y determina su modus operandi.
  • Calcula el valor total de la pérdida de recursos monetarios.
  • Establece medidas de prevención o un código de conducta.

Después, comienza con la recabación de evidencia adecuada que sostenga las imputaciones contra los  responsables, así como las pruebas de sus acciones durante el delito.

Si como servidor público o empresa debes enfrentar un proceso de auditoría, en DBS Consultoría te ayudamos, ya que implementamos acciones y estrategias que evitan sanciones que puedan dañar tu prestigio, o peor aún, tu patrimonio.