SFP ha sancionado a más de 2 mil 700 servidores públicos

SFP sanciona a servidores públicos

Hemos hablado ya de las obligaciones y los derechos de las funcionarias y los funcionarios públicos, así como de los casos en los que son ellos sancionados. Pero, ¿qué ha pasado este año en la labor de estas personas que trabajan al servicio de la población?

Tan solo en el periodo que abarca del 1 de enero al 19 de septiembre de 2018, se ha revelado una cifra de 3 mil 618 sanciones aplicadas a 2 mil 782 servidores públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien impuso la pena correspondiente a aquellos que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a los datos del Registro de Servidores Públicos Sancionados, que pone a disposición pública la Contraloría General de la Ciudad de México, del número de sanciones otorgadas por la SFP:

  •      1,001 corresponden a casos de amonestaciones públicas y privadas
  •      214 fueron destituciones
  •      897 pertenecen a inhabilitaciones
  •      1,142 fueron suspensiones
  •      y 364 sanciones económicas.

El monto acumulable fue de 956 millones de pesos. Sobre el resto de las sanciones, estas quedarán registradas para efectos de evaluar la reincidencia, sin tomar en cuenta su situación, por ejemplo, los casos de funcionarios que se sometan a algún medio de impugnación. Mientras tanto, continuarán siendo consultables para las áreas de recursos humanos de las autoridades competentes, previo al nombramiento o contratación.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) a través de la plataforma digital establecida dichas sanciones deben hacerse públicas y no se mencionan excepciones.

Esta modalidad garantiza la legalidad y transparencia en el ejercicio gubernamental. Las medidas y reglamentos que se implementan en la lucha contra la corrupción generan mayor confianza y credibilidad entre la sociedad.

 

Empresas fantasma y falsas licitaciones: daño histórico al erario

Desvíos millonarios de los recursos federales, contratos apócrifos a empresas fantasmas que no contaban con la infraestructura o nivel de servicio para realizar las actividades por las cuales fueron contratadas; todo esto se detectó en el último informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Otro de los problemas detectados fueron las triangulaciones con universidades públicas, quienes se encargaron de la contratación de las supuestas empresas, para que el gobierno federal no fuera acusado directamente de fraude.

Según la Auditoría Superior de la Federación, del 2013 al 2016, la suma que falta por aclarar asciende a 235 mil 264 millones de pesos. Aunado a esto, se acumularon 895 denuncias de hecho por desvíos de recursos federales.

Incluso, en este último período la acumulación de pliegos de observaciones es de 9 mil 342, mientras que del 2007 al 2012, se obtuvieron 7 mil 845.

Y la pregunta es… ¿Qué pasará con los servidores públicos responsables?

Seguramente nada. No es novedad que los verdaderos autores de los delitos salgan impunes. Pero, ojo, de cualquier forma, alguien pagará por la corrupción de otro; quien tendrá que solventar un pliego de observaciones seguramente será un servidor público que nunca actúo con dolo, sino por ignorancia o extorsión.

Obtener una licitación pública no es cualquier cosa, hay todo un proceso para que una empresa pueda ser seleccionada.

Proceso para que una empresa gane una licitación pública

Etapas

– Difusión

Publicación en prensa de la convocatoria.

Aviso de la convocatoria a empresas interesadas en participar en el proceso.

– Etapa aclaratoria

Durante este lapso, se da la información necesaria para disipar cualquier duda sobre la licitación; ésta puede proveerse en reuniones programadas o visitas guiadas.

– Precalificación

Se recibe toda la documentación solicitada para formalizar la participación. Es aquí cuando la empresa debe comprobar su valor legal y financiero. Por último, es necesario cerciorarse que cumpla con la infraestructura para lograr las actividades por las que será contratado.

– Calificación de propuestas

Las ofertas que fueron precalificadas serán evaluadas.  Finalmente, se emitirá un informe de Recomendación y Buena Pro.

– Otorgamiento de Buena Pro

Se notifica a las empresas los resultados finales; quienes obtengan la Buena Pro podrán firmar los contratos correspondientes que los respalde como proveedor de un bien o servicio.

 

A pesar de los procedimientos que se demandan para que una empresa obtenga un contrato público, el gobierno federal gastó mil millones de pesos en empresas fantasmas. Muchas de estas empresas están ligadas a políticos de partidos del PRI y del PRD, y hasta un miembro de la CNTE.

Con todo esto, el daño al erario supera por mucho los informes de años anteriores, por ello no es de extrañarse que México haya caído 6 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.

 

Auditoría forense como control de delitos fiscales

Lo primero que necesitamos saber es ¿qué es una Auditoría forense?  Se define como una medida de detección y control de fraudes fiscales, la cual identifica al presunto responsable y las acciones que llevó a cabo para cometer un delito.

Este proceso, además de utilizar métodos científicos para la recabación de pruebas, aplica conocimientos contables y de investigación financiera para luchar contra procesos ilícitos, empresas fantasmas y desvío de recursos.

Además de controlar delitos fiscales, también genera procesos de prevención y detección oportuna de acciones ilícitas. Pero, ¿en qué casos debe ponerse en práctica una auditoría forense?

  • Como  medida de prevención rutinaria cada cierto período.
  • Cuando existan denuncias o acusaciones en contra de servidores públicos, que involucren delitos de corrupción y desvíos de recursos.
  • Si se presentan conductas sospechosas por parte de los funcionarios.
  • Al manifestarse irregularidades en la contabilidad y administración de la institución pública.
  • En caso de que los programas gubernamentales previstos, presenten bajo rendimiento, nula actividad o no se considere que los objetivos formulados se estén cumpliendo.

¿Una auditoría forense tiene el mismo procedimiento que una auditoría tradicional?

Esta pregunta es muy recurrente, lo que podemos decir es que difiere en algunos elementos. Esta se lleva a cabo por un auditor forense, el cual expone los resultados directamente ante una autoridad de justicia competente.

Primero, comienza las labores de investigación y formula hipótesis sobre las acciones del delito:

  • Define la temporalidad del delito.
  • Localiza a los presuntos culpables y determina su modus operandi.
  • Calcula el valor total de la pérdida de recursos monetarios.
  • Establece medidas de prevención o un código de conducta.

Después, comienza con la recabación de evidencia adecuada que sostenga las imputaciones contra los  responsables, así como las pruebas de sus acciones durante el delito.

Si como servidor público o empresa debes enfrentar un proceso de auditoría, en DBS Consultoría te ayudamos, ya que implementamos acciones y estrategias que evitan sanciones que puedan dañar tu prestigio, o peor aún, tu patrimonio.

¿Cómo entender el informe de la cuenta pública 2016?

Primero comencemos diciendo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano fiscalizador encargado de revisar la gestión de los recursos públicos federales; estos son detallados en los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Ahora sí, desde enero de 2017 se llevaron a cabo 1780 auditorías, las cuales fueron presentando sus resultados en tres etapas: la primer y segunda etapa en junio y octubre del año pasado y la tercera, en enero de este año.

Sin embargo, ¿cúal es el objetivo de este ejercicio?

El propósito de una auditoría pública es evaluar la administración de los recursos públicos, así como la eficiencia de los programa gubernamentales y el cumplimiento de ellos. Este ejercicio responde a la exigencia de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

¿Cómo se lleva a cabo el Informe de la Cuenta Pública?

La ASF fiscaliza el uso de los recursos públicos federales, es decir, revisa las cuentas y los procesos de cada institución para generar documentos que le ayuden a medir el rendimiento y efectividad de los programas previstos.

Una institución puede tener dos tipos de auditorías: la que evalúa las acciones en la estrategia pública, y la otra que se dedica a verificar las inversiones de los recursos financieros.

¿Qué sucede cuando se dan a conocer los resultados de una Auditoría Pública?

Para poder responderlo, primero debemos visualizar el escenario. Una auditoría puede únicamente traer consigo recomendaciones y acciones preventivas, en el mejor de los casos.

No obstante, cuando el proceso de rendición de cuentas tiene como consecuencia un pliego de observaciones, el servidor público cuenta con 30 días hábiles para poder argumentar y comparecer el motivo de las faltas.

¿Qué pasa si después de comparecer, el dictamen es negativo?

El servidor público tendrá que enfrentar Responsabilidades Administrativas que derivan en consecuencias graves: la pérdida de patrimonio, sanciones laborales y económicas, procedimientos penales y la suspensión temporal o definitiva del cargo.

Al final de todo el procedimiento, es usual que la mayoría de los servidores públicos salgan sancionados, esto es en gran parte por la falta de profesionales legales especializados en este tipo de prácticas.

Por eso, es importante asesorarte correctamente.

Reforma educativa no dio el ancho, revela Auditoría a la SEP

El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivado de las revisiones en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, concluye que la SEP no logró las mejoras previstas al implementar la nueva Reforma Educativa en 2014.

Pero, ¿cuál es el propósito de una auditoría pública? Su función es verificar el desempeño de los programas gubernamentales y de la administración de los recursos públicos. En este caso, el motivo fue revisar a profundidad la planeación que involucra todos los procesos educativos desarrollados por la SEP, con el fin de mejorar las deficiencias que abarca la educación básica y media superior.

Además del bajo rendimiento escolar,  se advierte que no se tomaron en cuenta los planes de capacitación a docentes, pues de más de un millón de educadores, únicamente se atendió al 5% de la población formativa, según la ASF en el informe de la auditoría de desempeño al Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica. http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_0153_a.pdf

Las observaciones no terminan ahí, pues también se esperaba que la inversión de 54 mil millones de pesos rindiera mejores condiciones para los alumnos de educación básica; sin embargo, hasta la fecha, muchas escuelas públicas cuentan con infraestructura deficiente y sin equipo óptimo que permita a los docentes ejercer su labor sin ningún percance.

¿Tendrá la SEP que enfrentarse a un procedimiento disciplinario?

Es posible, sin embargo, la institución cuenta con un período de 30 días hábiles para argumentar las razones de los hallazgos y brindar la documentación necesaria para evitar el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Si la ASF lo considera, los servidores públicos responsables tendrán que  hacer frente, de acuerdo a Ley  General de Responsabilidades Administrativas, a  la inhabilitación temporal o definitiva de su cargo, así como el pago de importantes sanciones económicas.

La SEP resalta sus méritos contra las observaciones

La SEP responde a la ASF que es muy corto el tiempo para medir la efectividad de una reforma, ya que hay demasiados estudios que confirmen los resultados, y muchos de los programas educativos propuestos, tienen poco de haber entrado en vigor o faltan por aplicarse.

En cuanto a la capacitación de docentes, argumenta que a pesar del bajo rendimiento, se logró capacitar a más de 623 mil docentes, superando el promedio de 500 mil docentes anuales.

Por último, la SEP resalta la labor de transparencia durante los concursos de ingresos, donde se han elegido al 25% de los mejores candidatos y se asignaron más de 187 mil plazas y ascensos por concurso.

Guía rápida para conocer paso a paso el desarrollo de una auditoría pública

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La Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se realizan a todo ente que ejerza recursos públicos federales. El objetivo de una auditoría pública es evaluar la eficiencia y la administración de los bienes públicos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales.

Este ejercicio responde a la exigencia de rendición de cuentas y combate de la corrupción. A continuación, te decimos cómo es el desarrollo de una Auditoría Pública para que estés preparado y prevenido para enfrentar el proceso con éxito.

Temporalidad

Una Auditoría Pública cuenta con un programa anual basado en factores de riesgo, el cual incluye criterios de análisis, priorización y selección de propuestas de auditoría. De esta forma, se determinan las entidades federales que serán auditadas. Sin embargo, también las auditorías se podrán realizar de forma extraordinaria, en cualquier momento que se requiera.

Requerimientos

Antes de la auditoría, se podrá solicitar cualquier tipo de información administrativa, ya sea relacionada con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, arrendadores, permisionarios u obra pública. Para entregar la documentación se contará únicamente con diez días hábiles, a menos que se solicite una prórroga por escrito con la debida justificación.

Ejecución

La ejecución de las auditorías públicas será conforme el cronograma de actividades, las cuales deberán comprender el 25% del total del universo programado en la auditoría. El lapso de una auditoría debe ser de 3 meses, sin embargo puede alargarse y modificar su objetivo. Si durante el desarrollo se llegan a encontrar irregularidades, éstas se verán reflejadas en el informe de observaciones.

Durante la visita del auditor, lo primero que se evaluará será:

  • Si la organización y los procedimientos permiten cumplir los objetivos
  • La ejecución de cada tarea o proceso
  • La funcionalidad de los procesos y operaciones

En segundo lugar, se evaluará la transparencia de las inversiones o gastos y la forma de rendición de cuentas de la gestión presupuestal, así como la administración de recursos humanos.

Resultados

Se darán a conocer las observaciones, acciones preventivas y correctivas mediante el informe de auditoría. Se tiene un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, para la solventación de observaciones.

La ASF mantendrá a reserva los resultados finales de las auditorías hasta que se entreguen a la Cámara de Diputados. Una vez realizada la entrega, el informe será de carácter público y se pondrá a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la ASF.

Conclusión

Al finalizar, se emitirá el Dictamen Técnico de Auditoría, al que se adjuntan las recomendaciones que se deberán seguir para implementar mejoras en los procesos de gestión.

En caso de que el dictamen haya arrojado faltas mayores, el servidor público tendrá que enfrentar Responsabilidades Administrativas que pueden llegar a ocasionar severas consecuencias, como verse involucrado en sanciones económicas importantes; en responsabilidades penales o responsabilidades patrimoniales. Este tipo de sanciones pueden poner en riesgo la libertad del servidor público, su patrimonio y el generado por su familia.

Por ello, DBS Consultoría cuenta con un equipo multidisciplinario que define e implementa estrategias para evitar la imposición de sanciones que además de afectar su patrimonio, dañan irremediablemente el prestigio, la continuidad, el desarrollo y el crecimiento de los servidores públicos dentro del gobierno.

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Salí mal en una auditoría pública, ¿qué debo hacer?

Sin duda, enfrentar una observación derivada de una Auditoría Pública significa una situación crítica para un servidor público, ya que los problemas que afrontará pueden derivar desde sanciones preventivas hasta la pérdida de su patrimonio.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación emite las acciones derivadas del proceso de fiscalización (Pliegos de Observaciones, Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, etc.), el servidor público todavía tiene oportunidad de arreglar su situación, a pesar del panorama negativo que se presente, pero… ¿Qué debo hacer?

La primera recomendación que te damos, es buscar asesoría especializada que te brinde la orientación correcta para generar una estrategia de acciones preventivas. En DBS contamos con un equipo de especialistas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por ello representamos la mejor opción de defensa.

A partir de que la ASF comunica un Pliego de Observaciones, la institución cuenta con un lapso de 30 días hábiles para generar una respuesta con la cual aclare todos los hallazgos, con esta, deberá aportar la documentación suficiente para evitar el fincamiento responsabilidades resarcitorias a servidores públicos o particulares.

La principal recomendación es no esperar a que se comunique el Pliego de Observaciones, puesto que las irregularidades susceptibles de constituir daño o perjuicio patrimonial, implican desarrollar una argumentación técnico jurídica que se soportará en evidencia documental apta, idónea y suficiente. Es muy importante que el servidor público se allegue de asesoría y orientación jurídica antes de que inicie el cómputo de los 30 días. Hay que tener en cuenta que al enfrentar este tipo procesos, cualquier actitud negativa puede empeorar el panorama.

Sin embargo, desde el inicio de la auditoría y hasta su conclusión, cualquier documentación que se entregue deberá contar con el visto bueno de un experto en temas técnicos, legales y de auditoría.

Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el servidor público enfrenta solo el dictamen negativo de una auditoría pública, sin ningún respaldo legal?

Pueden ser acusados de incurrir en faltas graves, tales como:

  • Cohecho
  • Malversación de recursos públicos
  • Lavado de dinero
  • Abuso de autoridad
  • Tráfico de influencias
  • Enriquecimiento ilícito


Si llegase a resultar culpable el Servidor Público por alguna de las infracciones graves mencionadas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ellos enfrentarán la inhabilitación temporal o definitiva de su cargo, y la imposibilidad de ejercer dentro de la Administración Pública; además de cumplir con el pago de fuertes sanciones económicas y la pérdida parcial o total de su patrimonio.

En México, muchas veces los Servidores Públicos enfrentan condiciones críticas desfavorables en el ejercicio de la función pública que tienen conferida, pues el régimen laboral adolece de instituciones que les permita tener acceso a servicios de defensoría legal.

Por ello, DBS CONSULTORÍA ha reunido a un equipo interdisciplinario, altamente especializado en los diversos temas del quehacer gubernamental para producir las mejores estrategias y soluciones que garanticen la defensa legal de los Servidores Públicos.