¿Cómo entender el informe de la cuenta pública 2016?

Primero comencemos diciendo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano fiscalizador encargado de revisar la gestión de los recursos públicos federales; estos son detallados en los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Ahora sí, desde enero de 2017 se llevaron a cabo 1780 auditorías, las cuales fueron presentando sus resultados en tres etapas: la primer y segunda etapa en junio y octubre del año pasado y la tercera, en enero de este año.

Sin embargo, ¿cúal es el objetivo de este ejercicio?

El propósito de una auditoría pública es evaluar la administración de los recursos públicos, así como la eficiencia de los programa gubernamentales y el cumplimiento de ellos. Este ejercicio responde a la exigencia de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

¿Cómo se lleva a cabo el Informe de la Cuenta Pública?

La ASF fiscaliza el uso de los recursos públicos federales, es decir, revisa las cuentas y los procesos de cada institución para generar documentos que le ayuden a medir el rendimiento y efectividad de los programas previstos.

Una institución puede tener dos tipos de auditorías: la que evalúa las acciones en la estrategia pública, y la otra que se dedica a verificar las inversiones de los recursos financieros.

¿Qué sucede cuando se dan a conocer los resultados de una Auditoría Pública?

Para poder responderlo, primero debemos visualizar el escenario. Una auditoría puede únicamente traer consigo recomendaciones y acciones preventivas, en el mejor de los casos.

No obstante, cuando el proceso de rendición de cuentas tiene como consecuencia un pliego de observaciones, el servidor público cuenta con 30 días hábiles para poder argumentar y comparecer el motivo de las faltas.

¿Qué pasa si después de comparecer, el dictamen es negativo?

El servidor público tendrá que enfrentar Responsabilidades Administrativas que derivan en consecuencias graves: la pérdida de patrimonio, sanciones laborales y económicas, procedimientos penales y la suspensión temporal o definitiva del cargo.

Al final de todo el procedimiento, es usual que la mayoría de los servidores públicos salgan sancionados, esto es en gran parte por la falta de profesionales legales especializados en este tipo de prácticas.

Por eso, es importante asesorarte correctamente.