Obligaciones de las servidoras y los servidores públicos

Todas las personas que desempeñan una labor, un empleo, cargo o comisión de carácter público, y de cualquier naturaleza, son responsables de los actos u omisiones que cometan en el desempeño de sus respectivas funciones.

De acuerdo al artículo 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las servidoras y los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el ejercicio de sus actividades, pues el incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que atañen según la legislación.

Así es como las servidoras y los servidores públicos deberán regir sus actividades bajo las siguientes cualidades:

Legalidad. Indispensable para que su actuar dentro de la Administración Pública se apegue a la ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas que gobiernan.

Honradez. Un valor que permite a las servidoras y los servidores públicos ajustarse a los principios morales fundamentales de la sociedad, con la finalidad de evitar afectaciones al interés y a la hacienda pública, así como al patrimonio del estado.

Lealtad. Necesaria para que al momento de prestar sus servicios, el cumplimiento de sus obligaciones esté siempre por encima de sus intereses personales. Entonces, los recursos que le sean asignados serán utilizados exclusivamente para las finalidades oportunas.

Imparcialidad. Lo cual significa que en su diario desempeño, no tomarán preferencia o prevención anticipada en favor de persona alguna. El trato que tendrán deberá basarse en una actitud que no tome partido de ningún lado.   

Eficacia. Al momento de cumplir con sus obligaciones, la eficacia es importante para lograr los resultados esperados, esto involucra también la correcta utilización de los recursos con los que cuentan para desarrollar sus actividades.

Una vez reconocidas y desarrolladas las cualidades indispensables, corresponde a las servidoras y los servidores públicos, cumplir el desarrollo de sus funciones basados en las obligaciones establecidas en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya infracción se considera una falta administrativa no grave.

En la Constitución, se señala que de manera particular tienen la obligación de respetar el ejercicio del derecho de petición, contribuir con los gastos públicos y votar en las elecciones populares; abstenerse de ejercer las funciones de su empleo después de concluido el periodo, así como presentar con veracidad la declaración de su situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en los términos que señala la ley, entre otros puntos.

Específicamente, como trabajadores, algunas de las obligaciones que les pertenecen son: desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, sujetándose siempre a la dirección de sus jefes y las leyes o reglamentos respectivos; observar y practicar buenas costumbres del servicio público.

Desde otra perspectiva, asistir puntualmente a sus labores; presentarse a los institutos de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia. Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales del trabajo, para ello deberán utilizar los recursos asignados.

En cuestiones de seguridad, su compromiso será custodiar y cuidar la documentación e información que conservan bajo su cuidado, esto significa que guardarán reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de trabajo. Además, evitarán la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus compañeros.

Por ningún motivo podrá hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, al contrario, deberán comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presta sus servicios, los casos de incumplimiento de las obligaciones.

¿Qué pasa por incumplimiento de las obligaciones?

Para ciertos servidores públicos que en el desempeño de sus funciones incurran en actos u omisiones que vayan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales se presenta una sanción política o constitucional, en la que mediante un juicio político se puede determinar la destitución o inhabilitación para desempeñar su cargo.

Cuando la infracción es penal, debido a actos u omisiones tipificados como delitos en la legislación, se actuará conforme a lo marcado en el Código Penal o la ley que tipifique el acto u omisión, se han presentado casos en lo que se requiere que el órgano legislativo declare la procedencia o desafuero.

Para servidores públicos de los cuerpos de seguridad que incumplen con sus obligaciones, derivadas de la relación patrón-trabajador, es decir, de la prestación de servicios personales de forma subordinada, existen sanciones señaladas en cada ley especial, según sea el caso.

En los casos de falta administrativa, para las servidoras y los servidores públicos cuyos actos u omisiones vayan en demérito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, puede inquirir en atención a la gravedad: la amonestación privada o pública, la suspensión, destitución o inhabilitación para desempeñar su empleo, cargo o comisión. En algunos casos se ordenan sanciones económicas.

Finalmente, ante resarcitoria, en presencia de actos u omisiones del manejo, aplicación y administración de fondos y valores o recursos económicos, en las actividades de programación y presupuestario en contra del patrimonio de las entidades, la sanción consiste en reparar, indemnizar o resarcir los daños o perjuicios estimables en dinero.

La obligación acompañada del derecho

En cumplimiento honrado de sus deberes, tienen derecho a cumplir con una jornada de trabajo de ocho a siete horas. Derecho a percibir un salario fijo y tener estabilidad en el trabajo. Disfrutar de vacaciones cuando así lo consideren, y siempre y cuando cumplan con la antigüedad solicitada. También está el derecho a la seguridad social, incluso a asociarse para la defensa de sus intereses comunes, con derecho a huelga.

Los funcionarios y legisladores tienen derecho de manifestar su opinión libremente en el desempeño de su cargo, sin poder ser increpado ni sujeto a juicio político por ello. Derecho al fuero constitucional, así como a participar en la iniciativa de leyes o decretos.

Estas y otras garantías, de las que gozan las funcionarias y los funcionarios públicos, se presentan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B del artículo 123.

Para mayor información, los derechos y obligaciones de los servidores públicos se encuentran regulados en la constitución mexicana, en la ley federal de los trabajadores del Estado y la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, así como en los reglamentos interiores de cada dependencia o Secretaría de Estado.

Propuestas de AMLO: ¿Qué es lo que nos espera los siguientes 6 años?

Las propuestas proclamadas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pusieron muchas veces en duda su capacidad para concretar un objetivo, fueron razón de debate entre políticos, empresarios y la sociedad, porque el candidato no precisaba cómo llevaría a cabo esos proyectos que daba a conocer en sus presentaciones en campaña, incluso en videos publicados en sus redes sociales.

Una vez que comenzó a trabajar en el cambio de sexenio, notamos que ofrece transparencia y argumentos válidos en cada una de las reuniones en las que se presenta, entonces se ha logrado descartar –casi al 100%- la posibilidad de enfrentar un desequilibrio económico en México durante su gobierno.  

Principales compromisos pactados

Autonomía del Banco de México para lograr un equilibrio macroeconómico. No se pretende tomar partido en las decisiones que tome el Banco de México. Mucho menos aumentará el déficit, por el contrario, se buscará que exista cero déficit. Además no habrá aumento de impuestos, llámese IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR); en resumen, se mantendrán los mismos impuestos y las mismas contribuciones.

El principal punto se trata del financiamiento del gasto público, que de acuerdo al plan de combatir la corrupción conlleva a reducir el gasto corriente que ha crecido muchísimo en los últimos gobiernos;  terminar con los privilegios de ciertos cargos es la prioridad. Los fondos se utilizarán para el desarrollo general. Asimismo, el recorte del gasto corriente permitirá que aumente la inversión pública, la cual se utilizará como capital semilla y se complementará con la inversión privada para impulsar proyectos productivos.

Reconstruir la reforma fiscal se volverá un reto para recuperar el daño ocasionado en el sector productivo del país. Finalmente se crearán más empleos para lograr el crecimiento.

Ley de amnistía y reducción de penas

La supuesta amnistía para los líderes criminales, será una decisión sometida a la consulta ciudadana. La propuesta de López Obrador para garantizar la paz, consiste en explotar las posibilidades para disminuir la violencia en México, el decreto a la amnistía significa escuchar a las víctimas… desde otra perspectiva significa pactar con el gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas.

La pobreza ha ocasionado que los productores decidan tomar otro camino, aparentemente fácil pero peligroso, pero que les deja mayores ganancias. Por ello, en el plan de AMLO se convocará a representantes de Derechos Humanos, líderes religiosos, a la ONU y otros organismos nacionales e internacionales para elaborar un plan de reconciliación y paz para México, donde se analice si podría haber o no amnistía para quien haya cometido un delito.

De acuerdo a Olga Sánchez Cordero, titular para la Secretaría de Gobernación -del equipo de Morena- para combatir la inseguridad, sí se planteará una ley de amnistía pero también se propondrá una reducción de penas.

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿se cancela o sigue?

Hubo mucha polémica cuando López Obrador dijo, que en caso de ganar la presidencia de México, se cancelaría el proyecto del nuevo aeropuerto, esto a pesar del volumen de inversiones implicadas y el avance de la obra. Políticos y grupos empresariales fueron los que rechazaron la postura del líder de Morena.

El argumento para detener la construcción, subrayaba que el gasto había sido excesivo, que los impactos en el medio ambiente también sobrepasaron los límites y que no valía la pena dejar de usar un aeropuerto que ya estaba construido y además había sido remozado.

AMLO ha propuesto construir dos pistas de aterrizaje en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía como solución a la saturación actual del aeropuerto; no obstante, consciente de los hechos dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo con los empresarios, y así lanzar una convocatoria para concesionar la construcción y operación del nuevo aeropuerto, como última opción, aceptará mantener el proyecto actual.

Rescatar el sector energético

En el nuevo sexenio será importante impulsar la producción nacional de energía, generar mayores alternativas de energías renovables, así como fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de reducir la dependencia energética del exterior.

López Obrador ha prometido analizar los contratos derivados de las licitaciones energéticas, revisar la actual explotación de hidrocarburos y la inversión privada -que el gobierno de Peña Nieto concedió-, además de modernizar y construir nuevas refinerías, e impulsar la extracción de gas.

¿Qué otras propuestas nos han dado mayor claridad para lo que nos espera los siguientes seis años?

AMLO: ¿Socialista o capitalista?

AMLO Capitalista

Muchos quisiéramos que la actual situación de México mejorara, tras años del mismo tipo de gobierno no queda más que culpar al sistema capitalista de los infortunios de la nación, sin mencionar en específico los nombres de quienes han llevado al país a un empobrecimiento financiero y social.

Entonces, si el capitalismo no ha funcionado para avanzar como país, ¿es adecuado cambiar a un modelo socialista? En los últimos años, se ha notado un aumento de políticos interesados en el socialismo, influenciados por países como Cuba y Venezuela, ¿pero cómo?

Realmente no parecen ejemplos a seguir, al contrario, recordemos el temor que causaba y las críticas que recibía el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: ‘nos volverá como Venezuela’, ‘se aferrará por años al cargo como mandatario’.

No obstante, hay que recordar que aunque las bases del sistema socialista persiguen una revolución en el orden social, económico y político, también buscan crear una igualdad de clases, y sobre todo una mejora económica para aquellos que viven en la pobreza o se encuentran en la miseria.

En sí, el socialismo persigue los bienes de la producción y que las riquezas estén verdaderamente en manos del pueblo, alcanzando así una democracia, caso peligroso para la clase alta. El socialismo busca conceder el poder a las masas, mejorar las condiciones sociales y de ese modo, crear un país más fuerte… ¿A caso las propuestas de AMLO tienen ese objetivo?

Las propuestas de AMLO siguen un eje capitalista

Si bien se considera a AMLO como un defensor de las clases menos favorecidas, sus propuestas, en ocasiones, no están tan encaminadas a su bienestar. Su proyecto económico claramente tiene tintes capitalistas, como el desarrollo del Tren Turístico Transpeninsular y el Corredor Transístmico para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, los cuales apuntan a una visión futurista y moderna, en donde la inversión privada se ve claramente beneficiada.

Por otra parte, sus programas sociales sólo podrían llevarse a cabo con una buena inversión capitalista, pues sin un aumento en la recaudación fiscal, los recursos que consume la corrupción no serán suficientes para hacerlos realidad.

Recientemente, Obrador anunció que desea aumentar las jornadas laborales a los empleados de confianza del gobierno, de lunes a sábado, 8 horas diarias. De acuerdo con los datos de la OCDE, los países con mayor productividad y bienestar se caracterizan por tener jornadas laborales reducidas. Si su objetivo es tener un mejor desempeño de la función pública, definitivamente está cometiendo un gran error con grandes repercusiones sociales. Cabe mencionar que una visión socialista, apelaría más al bienestar del trabajador.

El mensaje de José Alberto Mujica

El mensaje de una figura importante del socialismo, José Alberto Mujica, exmandatario de Uruguay, para el próximo presidente mexicano, ha sido ‘salvar el destino de ese maravilloso pueblo’ que es México.

Sabiendo sobre la situación del país y que se necesita de mucho trabajo para implementar una nueva forma de gobierno, Alberto Mujica señaló como prioridad la voluntad que deberá tener AMLO y la compañía con la que tendrá que contar para el gigantesco desafío que México tiene por delante.

En el año 2010, con casi 75 años cumplidos, Mujica asumió la presidencia de la República Oriental de Uruguay; sobresalió por su incansable labor social, por su compromiso con la ciudadanía y su vida austera.

López Obrador no es para nada un líder socialista, más bien busca el orden dentro de la sociedad capitalista y de las clases sociales. Más que luchar por el bien de los pobres, desea empoderar al país como potencia. La cuestión es: cuál será su plan, si no es muy claro en sus métodos, ni firme en sus declaraciones.

Expectativas hacia el gobierno de AMLO: Entusiasmo y temor

Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente mexicano que llega con una de las más altas expectativas sociales de las últimas décadas, con mayor porcentaje de aceptación entre la ciudadanía, confiriéndole un 53% de votaciones.

Las principales expectativas -tras 18 largos años de campaña- tienen que ver con la seguridad, la economía y la política, tres aspectos que a nivel social se encuentran muy vulnerables. En definitiva, el ánimo de la sociedad está afanoso, en espera de resultados claros en el primer año de su gubernatura.

A pesar de que la mayoría de la población recibió con alegría, entusiasmo, satisfacción, seguridad, tranquilidad y confianza el triunfo de López Obrador, por el otro lado, se encuentra el porcentaje de la población que recibió la noticia con enojo, decepción, tristeza, inseguridad, incluso miedo.

Aún no comienza el nuevo sexenio y la administración de López Obrador ya está en la mira, tanto a nivel nacional como internacional. La entrega de resultados es un objetivo que tienen en común los simpatizantes y personas que no confían en el candidato, estas personas, desconfiadas de AMLO, tienden a mostrarse más exigentes.

Andrés Manuel López Obrador sabe que tiene la responsabilidad de cumplir con sus promesas, con su plan de trabajo, y sobre todo dar buenos resultados, finalmente ha prometido ser parte de la cuarta transformación de México, la gente quiere que se note el cambio de gobierno que tanto ha promulgado, sin importar que el país siga su desarrollo dentro de una sociedad capitalista.

Aumento arbitrario en salarios a burócratas

Desde mediados de junio, la alta burocracia federal se ha visto beneficiada con un aumento salarial impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de forma ‘oculta’, justo dos semanas antes de la elección presidencial. En total, los beneficiados fueron 317 mil 879 funcionarios, entre ellos se encuentra, evidentemente, el todavía presidente Enrique Peña Nieto y altos mandos de la burocracia mexicana.

Realmente dicha acción no es de sorprender, pues no se trata de la primera vez que en la Secretaría se realizan este tipo de actualizaciones, se ha hecho los tres años anteriores bajo el fundamento de cinco normativas, entre las que se incluyen leyes, manuales y reglamentos. Las actualizaciones pasadas de los tabuladores se han enviado en los años 2017 y 2016, con los oficios 307-A-313 y 307-A1949, respectivamente.

Los representantes del Congreso fueron quienes intervinieron en la aprobación del aumento en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, donde se estipula que los incrementos salariales para servidores públicos se basan en los nexos 7 y 25 del decreto mencionado.

¿Quiénes son los innegables beneficiados?

Los ajustes más altos han sido evidenciados con las siguientes cifras:

 

Cargo Sueldo Aumento
Presidente $209,967 $222,261
Secretarios de Estado $218,586 $235,884
Subsecretarios de Estado $199,992 $217,257
Directores generales $189,529

$207,000

 

Una vez dada la autorización, algunos funcionarios confirmaron que se les entregó el pago retroactivo, y que simplemente apareció en sus recibos de nómina, como si les hubiera caído del cielo. Mientras que, la Secretaría de Hacienda se tomó su tiempo para revelar dicha información, no fue sino hasta el 19 de julio que dio a conocer el aumento salarial que fue aplicado desde el 13 de junio del año en curso.

De acuerdo a la investigación de los periodistas: Angélica Enciso y Enrique Méndez, con el oficio de número 307-A-1665 (con fecha del 13 de junio) la SHCP notificó a través de los canales constitucionales a todas las áreas del gobierno el reajuste establecido en el tabulador de sueldos y salarios brutos de la administración pública centralizada y cómo implementarlos, con el propósito de hacerlos efectivos.

Además, la dependencia explicó en un comunicado que la actualización de los tabuladores se hizo conforme a lo estipulado por las leyes y reglamentos, considerando siempre el impacto en el Presupuesto de Egresos 2018 que aprobó el Congreso de la Unión.

Actualmente, en las instituciones de la administración pública laboran un millón 567 mil 381 trabajadores, de ellos sólo 317 mil 879 son de confianza, y por tanto, son los beneficiados directamente con el incremento salarial.

¿Qué acciones llevará a cabo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador bien conocido por su lema de ‘acabar con la mafia del poder’, y por lo tanto con la corrupción desde raíz?

Es claro que quienes todavía tienen el poder han tomado medidas desesperadas, previniendo la mala racha que se les viene, pues AMLO ha dejado en claro que los salarios de los altos funcionarios serán reducidos, y que nadie podrá ganar más que el presidente, cuyo sueldo será de 108,000 pesos.

 

¿Qué tan grave puede llegar a ser la impunidad administrativa en México?

Los números son impactantes, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 45 mil 108 sanciones contra servidores públicos, por malos manejos administrativos; sin embargo, sólo aplicó apenas el 13% de ellas, pero lo peor es que ni el 1% resultó en destitución del funcionario o en una sanción económica.

El grado de impunidad en México es altísimo, estadísticamente 8 de cada 100 denuncias concluyen en sanciones, lo cual significa un nivel de impunidad de 92.2%… ¡Altísimo! Y a todo esto hay que sumarle que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8% de las denuncias emitidas por la SFP.

Por ello, en el 2015 se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) para combatir los delitos de corrupción en la administración pública. De este sistema se deriva la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de establecer las conductas de los servidores públicos en todos su niveles.

A pesar de las medidas reglamentarias, en términos generales, México es considerado como uno de los países con mayor impunidad en Latinoamérica, a nivel mundial ocupa la cuarta posición con una calificación de 69.84.

La larga lista de impunidad en servidores públicos de alto y bajo rango

El caso más reciente de impunidad lo tiene la Sedesol, la cual en la última  etapa de la Fiscalización de la Cuenta Pública recibió varias observaciones por desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. A pesar de enfrentar denuncias penales por cifras millonarias mantuvo evidente participación en la Estafa Maestra, y la SFP le dio carpetazo al caso.

No obstante, hace poco la SFP declaró que tenían a un presunto responsable de que no se le diera seguimiento a las denuncias, mientras que Rosario Robles, así como muchos otros funcionarios de alto rango salieran bien librados por malversación de fondos.

Aunque la SFP no quiso revelar el nombre del responsable, se sabe que se trata de Mauricio Razo, quien se desempeñó como titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol.

Aún cuando uno de los temas centrales durante las Elecciones 2018 es el combate a la corrupción y la impunidad, en todos sus niveles, y las medidas extremas para regular la conducta de los servidores públicos, el panorama no se ve nada alentador para nuestro país.