Caso Segalmex: millones de pesos sin licitar

La Seguridad Alimentaria Mexicana creada por el gobierno de Andrés López Obrador es investigada por la desaparición de aproximadamente 11 millones de pesos. 

Dicha dependencia está dedicada a proteger y asegurar la soberanía alimentaria, sin embargo, el caso Segalmex se perfila ya como la estafa maestra del nuevo gobierno, conocido como la 4ta transformación.

Desde el 2020, los servidores públicos pertenecientes a Segalmex comenzaron a ser investigados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Fue así como se descubrieron millones de contratos financieros sin licitar.

A Través de varias auditorías, realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se encontró la pérdida de evidencia que justificara el gasto millonario, se perdieron estados de financieros, facturas y contratos.

Se han abierto al menos 15 carpetas de investigación, en donde ya se investigan a varios servidores públicos por dar contratos ficticios a empresas fantasmas. El más importante es el convenio multimillonario que se le otorgó al empresario militante del partido Movimiento Ciudadano: Alejandro Puente. 

El caso se hizo más notorio cuando René Gravira Segreste, Director de Administración y Finanzas, presentó su renuncia en el 2020, después de que se le acusara de múltiples operaciones corruptas.

Ya desde el 2019 la Auditoría Superior de la Federación les andaba pisando los talones, cuando en la cuenta pública, Segalmex no pudo justificar un faltante de 3 millones de pesos. Y estas cifras han ido creciendo y siendo más escandalosas con el paso del tiempo. 

Como siempre y como se ha visto en cada sexenio, las intenciones buenas sobran al inicio, sin embargo, está claro que el gobierno aún tiene un camino largo por recorrer para erradicar la corrupción e impunidad en nuestro país. 

Lo que es seguro, es que empieza una suerte de “cacería de brujas” , en donde varios servidores públicos, van a tener que comparecer y dar cuentas sobre las irregularidades cometidas en su cargo.

¿Por qué Elba Esther Gordillo fue absuelta?

liberan a Elba Esther Gordillo

El hecho de que la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), Elba Esther Gordillo, quedara libre de todos los cargos a muchos ha caído por sorpresa, si recordamos el momento de su detención en febrero de 2013 y las causas de su delito: lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por mil 978 millones de pesos, tras un litigio de más de cinco años, ¿por qué de repente regresa a escena y como víctima?

El abogado de Elba Esther Gordillo, Marco Antonio del Toro Carazo, informó que fue el primer Tribunal Unitario en materia penal quien le dio a conocer la resolución judicial con la cual se puso fin a todas las causas penales que le habrían imputado a la maestra.

Por su parte, Gordillo Morales, tras haber recibido la noticia del decreto de su absoluta e inmediata libertad, hizo llegar un comunicado en el que dijo no hablaría del tema, pues derivado del sobre aislamiento en el que se encontraba sujeta, esta nueva etapa quería asimilarla y vivirla en familia. Será el lunes 20 de agosto, la convocatoria a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que tengan interés en conocer su opinión y posición sobre los acontecimientos recientes.

Una deficiente estrategia procesal de la fiscalía

Como apología, se habla de una combinación de deficiencias halladas en la estrategia procesal de la fiscalía mexicana en el caso de la exlideresa sindical. Como acusación central, la fiscalía atribuyó  el esquema de desvíos de dinero detectado como lavado de dinero, sin embargo, ahora se menciona que para que hubiera existido el caso de lavado de dinero era necesario aclarar un elemento fundamental: el origen ilícito de los recursos.

Si los recursos que enriquecieron a Elba Esther Gordillo formaban parte del patrimonio del sindicato, ¿por qué el propio sindicato nunca denunció irregularidades en su sistema económico, o evidenció las malas prácticas o la presencia del delito mientras ella estaba al frente del sindicato?

Se dice entonces que tanto los buenos como los malos manejos del sindicato son una situación dividida entre los agremiados y sus líderes. El gobierno federal no puede asegurar cuando un líder sindical hace bien las cosas o no; el caso fue ‘tratado como si el sindicato fuera una dependencia federal y como si los recursos debieran ser fiscalizados como una dependencia federal’.

A la fecha se ha comprobado que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estuvo al tanto y aprobó todas las salidas de recursos, desviados teóricamente por Elba Esther Gordillo; incluso Juan Díaz de la Torre (líder del SNTE tras la caída de la maestra) reconoció ante un juez federal que a él no le constaba la existencia de un desvío de recursos del gremio.

Entonces, si el SNTE nunca presentó denuncia alguna por un hipotético desvío de recursos, ¿dónde queda el hecho de que anteriormente la investigación de la fiscalía descubrió entre los años 2009 y 2012 una trampa para el desvío sistemático de los recursos del sindicato a cuentas bancarias de Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein?

Tras investigaciones, fue afirmado que una de las cuentas suizas estaba a nombre de una empresa cuya accionista mayoritaria era la madre de Gordillo (fallecida en 2009), además se descubrió que ese dinero era retirado mediante cheques de caja y servía para uso y disfrute de la maestra, desde pagos a una cadena de tiendas de lujo estadounidenses, gastos en clínicas de cirugía estética, la compra de dos mansiones en California o de obras de arte, hasta movimientos tan comunes como pagar las tarjetas de crédito.

A pesar de que la información bancaria recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) manifestará la violación a los derechos fundamentales de la maestra Gordillo, ni la PGR ni la UIF son instituciones facultadas para realizar demanda, ni siquiera a través de documentación relativa a las operaciones bancarias de la maestra, que finalmente se encuentran protegidas por el banco. 

En cuanto al delito de delincuencia organizada, el tribunal unitario resolvió que Elba Esther no pertenece a alguna organización delictiva, simplemente es miembro de un sindicato. No obstante, recordemos las cuotas obligatorias de los más de 1,5 millones de maestros, que eran recogidas anualmente por la Secretaría de Educación, luego, mediante un petitorio se entregaban a la dirección del sindicato.

Detención y absolución

Elba Esther Gordillo Morales fue capturada en febrero de 2013 por policías federales en el aeropuerto de Toluca, el primer y principal cargo que se le atribuyó fue el desvío de fondos por cerca de 2,000 millones de pesos provenientes de cuotas sindicales. Pocos meses después, la fiscalía –PGR- advirtió la acusación de un nuevo delito: un fraude fiscal de aproximadamente 160,000 dólares ocurrido en 2008.

Ahora  bien, en mayo de 2017, el tribunal de la Ciudad de México la absolvía del delito de fraude fiscal. El tribunal tumbó las pruebas argumentando que tanto el SAT como la PGR no comunicaron en tiempo y forma las pesquisas a la demanda, impidiendo a la defensa presentar las aclaraciones correspondientes.

Tras cinco años y medio de detención y prisión domiciliaria (por cuestiones de salud), con más de 100 apelaciones y decenas de amparos, la acusación del Ministerio Público mexicano no logró siquiera una sentencia condenatoria en primera instancia en contra de la maestra Gordillo.

Desde el momento en que no se pudo comprobar el lavado de dinero se cayó también la acusación de delincuencia organizada, pero ¿y el enriquecimiento desmedido?

 

Herramientas anticorrupción… ¿Qué es un beneficiario real?

En nuestro país y en otras administraciones extranjeras, existen mecanismo financieros complejos para cometer actos de corrupción y lavado de dinero, Panamá Papers o Bahamas Papers, es de los casos más sonados y de los cuales, nacen varias iniciativas anticorrupción para combatir este tipo de delitos.

El mecanismo de beneficiario real es una propuesta que realizó la comunidad global anticorrupción, la cual consiste en transparentar a los beneficiarios o socios reales de empresas o inmuebles. A continuación, te explicamos paso a paso sobre esta medida.

Pero… ¿A qué se refieren con beneficiario real?

Un beneficiario real es la persona que recibe los beneficios legales y económicos de una empresa. El beneficiario real se puede tratar de varios dueños a cargo de la distribución de acciones y de los derechos de una empresa.

– Mecanismo de beneficiario real: una medida anticorrupción para México

Un gran paso a los problemas de corrupción, sería integrar el mecanismo de beneficiario real, de forma obligatoria, cuando una empresa privada desee ser proveedor del Gobierno, para ello, tendría que revelar públicamente quiénes son sus socios o beneficiarios.

Con esta iniciativa se podría tener un avance considerable en la identificación de empresa fantasmas, pues los datos serían de carácter público. Con esto, se evitaría favorecerlas con licitaciones públicas.

¿Las propuestas de los candidatos presidenciales incluyen una iniciativa de este tipo?

La corrupción ha sido un tema central en cada evento electoral y de sus propuestas; sin embargo, sus ideas para combatirla son lánguidas y ninguna desmenuza paso a paso cómo hará para corregir este asunto.

Es más, en días pasados, Transparencia Internacional afirmó que ninguno de ellos ha pensado en la creación de un mecanismo o una herramienta realmente funcional.

Hasta ahorita, las contrataciones públicas han sido las que más han dañado al erario, pues de esta forma se otorgan licitaciones a empresas que no tienen la infraestructura ni las herramientas para cumplir con los servicios en cuestión.

Muchas veces se les da este beneficio a empresas de familiares donde unos cuantos se enriquecen de forma ilícita y siguen financiando su estadía en el poder, como es el caso de las campañas electorales con actos ilegales en los que se relaciona la compra de votos, o el uso de presupuestos que no concuerdan con las cifras del INE.

El próximo al frente del ejecutivo tendrá la posibilidad de implementar diversos tipos de iniciativas y herramientas para combatir la corrupción y favorecer la transparencia dentro de la administración pública, sólo esperamos que las acciones no sean tan escuetas como las propuestas.

AMLO: ¿soluciones contra la corrupción o castillos de arena?

observaciones en una auditoría pública

Actualmente, México ocupa la posición 135 en los parámetros de corrupción a nivel mundial, sólo por debajo de seis países africanos, cinco del Medio Oriente y desde luego, en América Latina, de Venezuela.

Es considerado una de las economías más poderosas de América Latina. Por otra parte, países como Argentina, Costa Rica, incluso Brasil y Colombia presentan índices muchísimo más bajos en cuestiones de corrupción e impunidad.

¿Será que el sexenio que está por terminar dejó sumamente dañado al país en cuestiones de economía, desarrollo y reformas? Después de un saqueo de millones de pesos, orquestado por varios funcionarios del PRI, y una deficiente toma de decisiones por los altos mandos, sólo queda una impagable deuda externa, una inflación pronosticada del 27% y una nombrada ‘mafia del poder’ imposible de exterminar.

La pregunta es: ¿López Obrador de verdad tiene la capacidad para acabar con la corrupción, la pobreza y los problemas económicos del país?

Hasta la fecha, el candidato López Obrador se jacta de que será siempre un presidente honesto, que pondrá en práctica un plan de austeridad y de transparencia en los servidores públicos, incluso que suspenderá la pensión a los expresidentes; que si bien no supone un gran ahorro o cambio en la economía del país, es una propuesta capaz de llenar de esperanza a los ciudadanos menos desfavorecidos.

En cuestiones de corrupción, transparencia y rendición de cuentas, AMLO planea eliminar a todas las empresas fantasmas y dar transparencia a las licitaciones públicas que tienen el objetivo de contratar proveedores del sector privado, lo cual ya existe, pero no es algo que se haya puesto en práctica durante el sexenio pasado; es más, la ausencia de dicha medida propició las triangulaciones con universidades y empresas fantasmas para desviar millones de pesos del erario.

También, tiene en la mira el desarrollo de los jóvenes, AMLO tiene planeado crear un programa social que ayudará a ese sector poblacional que no estudia ni trabaja, con un plan de becarios para que tengan oportunidades de estudiar y trabajar: ‘becarios sí, sicarios no’.

Para financiarlo, nuevamente hace alarde de su combate contra la corrupción, la cual dejó un déficit de 500.000 millones de pesos al año; con esa recaudación, AMLO podría cumplir su compromiso, según él. Eso sí, siempre y cuando cumpla ‘su sueño’ de eliminar la corrupción de tajo.

No obstante, muchos expertos en economía discrepan de los intentos de financiamiento de López Obrador, ya que la única forma de llevar a cabo varios de sus programas sociales, sería elevando la recaudación fiscal, cosa que él jura no será una opción en su gobierno.

El líder de Morena se ha abanderado como héroe de la nación y fiel combatiente de la nación; la gente confía en él o simplemente tiene la esperanza de no seguir empobreciéndose más, ni vivir de las sobras de los fallidos programas sociales de Sedesol.

Sin embargo, este defensor también ha tenido sus deslices con la corrupción o al menos hay fuertes sospechas en su contra, sólo que con el paso del tiempo, se olvidan. Uno de los más sonados fue cuando estuvo como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, ahí enfrentó un proceso de desafuero por desatender una orden judicial que le impedía construir en un terreno expropiado.

Se especulaba que la acusación era más que nada para evitar que fuera candidato presidencial y finalmente se retiraron las imputaciones. Es importante señalar que lo más grave fue cuando tres de sus allegados políticos, René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz, fueron acusados de lavado de dinero y corrupción.

Después de haber sido procesados y pasar un tiempo en la cárcel, se rumoraba de su unión a la campaña de AMLO; aunque sólo Bejarano lo admitió públicamente en un mitin, mientras que de los otros dos no hubo pruebas contundentes.

Para acabar con la corrupción hace falta más que puras buenas intenciones, hasta ahorita, AMLO menciona que va a acabar con la corrupción pero nunca dice cómo, y no nos referimos a quitar o poner leyes, ni a reforzar los procesos de transparencia, hace falta plantear todo un sistema anticorrupción en el cual no participe la clase política.

Quizá, la sociedad civil es quien deba ocuparse de ello, por medio de un plan de vigilancia y transparencia, porque volver a confiarle a un político la integridad del país es poco viable, ya que no es para nada una posibilidad que la clase política renuncie a su impunidad y por ende a sus privilegios.

Por otro lado, al parecer la cultura para los candidatos presidenciales no es un tema relevante, ya que poco han dicho al respecto. Tal vez desde ahí debería comenzar el señor Obrador y demás políticos, pues la cultura es un elemento clave para la evolución y prosperidad de una sociedad.

Elecciones 2018: el fraude que se ve venir

Al parecer, el partido  que resulte vencedor dentro de una contienda electoral es aquel que más dinero le inyecta a su campaña y no el que obtiene mayor número de votos en las urnas. Y, por lo visto, en estas Elecciones 2018 no será la excepción. Las estrategias y los envites millonarios ya se cocinan varios meses antes del resultado.

Para muchos altos mandos ha sido una sorpresa que el candidato con más ventaja sea totalmente adverso a sus planes, que de nueva cuenta el PRI vuelve a caer con más fuerza y que el candidato presidencial del PAN no le pise siquiera los talones al candidato de Morena.

Según la más reciente encuesta realizada por el Reforma, AMLO crece cuatro puntos y Anaya sigue perdiendo votos; incluso, el candidato de Morena supera el 50% de las preferencias. Si bien para muchos el resultado no es alentador para sus intereses, es una consecuencia normal después de experimentar el fiasco del PRI y el PAN en el poder.

Delitos electorales y fraude

Por otro lado, hay empresarios que de forma sútil tratan de advertir a sus empleados del peligro de votar por un partido ‘populista’, como es el caso de Héctor Hernández-Pons Torres, director de Herdez, quien advirtió sobre los daños colaterales que enfrentaría la economía del país si AMLO ganase la presidencia.

Las propuestas del candidato de Morena, hacen que tiemble varios empresarios, sobre todo aquellos que están involucrados en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otro lado, El doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, afirmó que el PRI dará una estocada final durante la madrugada del 2 de julio, donde mágicamente el candidato presidencial José Antonio Meade encabezará el porcentaje de votos.

Se espera un plan muy similar al de las elecciones del año pasado en el Estado de México, donde por medio de programas sociales, compras de votos y fuerza militar, el PRI se haría ganador. Podría incluso afirmarse que la aprobación de la nueva Ley de Seguridad interior es para combatir a la ciudadanía que no acepte otro sexenio con el partido tricolor al mando.

Partidos políticos… con necesidades económicas enormes

Parece que el presupuesto, ya de por sí escandaloso, que otorga el INE a los partidos políticos para sus campañas no es suficiente, pues la ASF detectó desvíos de recursos que asciende a 247 millones de pesos y contratos con empresas fantasmas entre 2012 y 2016 para poder financiar su camino hacia el poder en estas elecciones.

En época electoral se gasta once veces más de lo permitido y por lo visto, el presupuesto que es designado de forma legal es sólo un tercio de lo que en realidad despilfarran y se reporta. El objetivo es sacarle el mayor provecho a la campaña, tanto en publicidad que beneficie su discurso, como en movimientos ilícitos que aseguren su estadía en el poder.

El fraude se puede financiar, pero un programa de blindaje electoral ¡Imposible!

En cuanto a tomar medidas preventivas para evitar delitos electorales, la intención es lánguida. El INE no cuenta con el presupuesto, ni la tecnología para blindar las elecciones y lo que es peor, se cree que el fraude incluye a la institución como principal colaborador.

También muchos medios de comunicación de renombre hablan sobre un software elaborado con la intención de alterar los resultados, el cual ya fue financiado para que los intereses de por medio se lleven a cabo. Sólo necesitan la noche del 2 de julio para acomodar todo y anunciar al ‘ganador’.

También es importante recalcar que la impunidad y la corrupción mexicana han debilitado y dañado a las instituciones, ahora su misión ya no tiene validez ni credibilidad. Sin importar que las inimaginables sumas millonarias salgan a la luz, siempre hay vacíos legales que disfrazan a la corrupción de inversiones para el bienestar del país.

Quizá el próximo presidente de México ya esté confirmado, únicamente falta las elecciones para que el pueblo se entere; mientras tanto, habrá que ver la reacción de la ciudadanía, la cual ya fue engañada en 1988 cuando quedó electo Salinas de Gortari; en 1994 ,con una personalidad gris y tan poco empática como Ernesto Zedillo; en 2006, Calderón; por último, EPN y su triunfo del 2012. ¿Los votantes habrán aprendido algo o simplemente le cambiarán al Mundial después de que les anuncien el fraude del 2018?

¿Qué tan grave puede llegar a ser la impunidad administrativa en México?

Los números son impactantes, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 45 mil 108 sanciones contra servidores públicos, por malos manejos administrativos; sin embargo, sólo aplicó apenas el 13% de ellas, pero lo peor es que ni el 1% resultó en destitución del funcionario o en una sanción económica.

El grado de impunidad en México es altísimo, estadísticamente 8 de cada 100 denuncias concluyen en sanciones, lo cual significa un nivel de impunidad de 92.2%… ¡Altísimo! Y a todo esto hay que sumarle que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8% de las denuncias emitidas por la SFP.

Por ello, en el 2015 se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) para combatir los delitos de corrupción en la administración pública. De este sistema se deriva la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de establecer las conductas de los servidores públicos en todos su niveles.

A pesar de las medidas reglamentarias, en términos generales, México es considerado como uno de los países con mayor impunidad en Latinoamérica, a nivel mundial ocupa la cuarta posición con una calificación de 69.84.

La larga lista de impunidad en servidores públicos de alto y bajo rango

El caso más reciente de impunidad lo tiene la Sedesol, la cual en la última  etapa de la Fiscalización de la Cuenta Pública recibió varias observaciones por desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. A pesar de enfrentar denuncias penales por cifras millonarias mantuvo evidente participación en la Estafa Maestra, y la SFP le dio carpetazo al caso.

No obstante, hace poco la SFP declaró que tenían a un presunto responsable de que no se le diera seguimiento a las denuncias, mientras que Rosario Robles, así como muchos otros funcionarios de alto rango salieran bien librados por malversación de fondos.

Aunque la SFP no quiso revelar el nombre del responsable, se sabe que se trata de Mauricio Razo, quien se desempeñó como titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol.

Aún cuando uno de los temas centrales durante las Elecciones 2018 es el combate a la corrupción y la impunidad, en todos sus niveles, y las medidas extremas para regular la conducta de los servidores públicos, el panorama no se ve nada alentador para nuestro país.