Sagarpa y su programa millonario de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Con 193 acusaciones por corrupción, Sagarpa se encuentra en la mira y se perfila como uno de los grandes favoritos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto así que se postula como una de las instituciones más denunciadas por el organismo.

En los últimos 5 años, se detectaron movimientos irregulares, como proveedores o beneficiarios desaparecidos, que evidencian claramente actos ilícitos en los programas de investigación y desarrollo de la institución. Por ello, la ASF decidió llevar a cabo ejercicios de auditorías forenses para profundizar en la gestión financiera de la Secretaría.

Objetivo de la auditoría forense 15-0-08100-12-0340

Pero, ¿cuál es el propósito de la revisión al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de Sagarpa? Fundamentalmente es verificar que los recursos asignados se hayan utilizado conforme a las disposiciones legales.

Para esto, se decidió auditar el 67.6% del universo de recursos, el cual representa un total de $357,701, mismos que se encuentran relacionados con 24 convenios para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, distribuidos entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y los beneficiarios.

El objetivo principal era unificar los recursos, en donde las Instituciones Académicas, Sociedades Civiles y empresas privadas (proveedores) apoyarían a Sagarpa en la realización de 59 proyectos, los cuales beneficiarían a 29 personas físicas y 30 personas morales, como se detalla en el siguiente documento:

El motivo de la auditoría forense a Sagarpa

La razón por la cual se realizó la auditoría, fue debido al incremento en el ejercicio del presupuesto, el cual ascendió a $101,092. Se calcula un importe de $328,774.5, derivados del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; por ello, se decretó la revisión de dicho programa.

Y… ¿cuál es el resultado? Una maraña de inconsistencias millonarias. Del  Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria se detectaron 50 beneficiarios que recibieron pagos millonarios; el más grande asciende a 20 millones de pesos.

En enero y octubre de 2016, Sagarpa publicó cinco convocatorias de licitaciones para participar en proyectos que involucran actividades de investigación, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación.

Por mera coincidencia, la Universidad de Zacatecas resultó ser apta para realizar dichas actividades; sin embargo, al parecer, la institución educativa jamás desempeñó ninguna acción. Todo lo contrario, se utilizó a la universidad para eludir los controles de licitación y así, desviar por debajo los recursos a 36 beneficiarios.

La cosa no queda ahí, se involucró de forma indirecta a empresas que ni siquiera estaban capacitadas para cumplir con las acciones pactadas en las licitaciones, incluso se transfirieron los servicios a empresas y personas que no tenían nada que ver con el perfil de un especialista en desarrollo rural o agropecuario.

El más claro ejemplo es la la empresa Productores Unidos de Montes de Oca, S.C. de R.L. de C.V., la cual negó su actividad en el proyecto, pues se dedica al cultivo de cítricos y no cumple con la infraestructura para desarrollar lo que demanda Sagarpa en su iniciativa.

El colmo fue cuando la auditoría descubrió que los proyectos encomendados a la Universidad de Zacatecas no eran propios de Sagarpa, sino que el contenido era plagio, ya que en muchos de sus párrafos había copy-paste de páginas como Wikipedia, Monografías y Buenas Tareas.

La ASF recrimina totalmente el delito de fraude al rector de la Universidad de Zacatecas y a los directivos de Sagarpa. Por esta razón, quien resulte culpable tendrá que enfrentar una denuncia penal  por un daño al erario de 219 millones de pesos.

Se elimina fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos

Por increíble que parezca, la Cámara de Diputados decidió eliminar el fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos, los cuales podrán ser sujetos a juicio político; además, nadie podrá ser sancionado con cárcel por motivos de difamación, calumnias e injurias.

Esta iniciativa fue aprobada con 370 votos a favor y turnada al Senado de la República.

Si el Senado aprueba sin modificaciones la propuesta, se pasará a los congresos estatales. Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitará la aprobación de la mayoría de estas legislaturas. Esta iniciativa reformará los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política.

Pero, ¿qué pasaría si algún funcionario o el mismo Presidente de la República viola las leyes establecidas en la Constitución? Podrán ser sometidos directo a juicio político, sin la necesidad de emitir un proceso de desafuero.

La reforma también podrá ser aplicada en integrantes de organismos autónomos de las Secretarías del Gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos.

Este hecho histórico responde a la constante demanda de los ciudadanos, pues el fuero político muchas veces se ha utilizado como instrumento de impunidad, a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que la Cámara de diputados aprobó la propuesta como parte de su deuda política, lamentablemente esta acción no compensa la larga trayectoria de corrupción y tráfico de influencias.

 

 

Empresas fantasma y falsas licitaciones: daño histórico al erario

Desvíos millonarios de los recursos federales, contratos apócrifos a empresas fantasmas que no contaban con la infraestructura o nivel de servicio para realizar las actividades por las cuales fueron contratadas; todo esto se detectó en el último informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Otro de los problemas detectados fueron las triangulaciones con universidades públicas, quienes se encargaron de la contratación de las supuestas empresas, para que el gobierno federal no fuera acusado directamente de fraude.

Según la Auditoría Superior de la Federación, del 2013 al 2016, la suma que falta por aclarar asciende a 235 mil 264 millones de pesos. Aunado a esto, se acumularon 895 denuncias de hecho por desvíos de recursos federales.

Incluso, en este último período la acumulación de pliegos de observaciones es de 9 mil 342, mientras que del 2007 al 2012, se obtuvieron 7 mil 845.

Y la pregunta es… ¿Qué pasará con los servidores públicos responsables?

Seguramente nada. No es novedad que los verdaderos autores de los delitos salgan impunes. Pero, ojo, de cualquier forma, alguien pagará por la corrupción de otro; quien tendrá que solventar un pliego de observaciones seguramente será un servidor público que nunca actúo con dolo, sino por ignorancia o extorsión.

Obtener una licitación pública no es cualquier cosa, hay todo un proceso para que una empresa pueda ser seleccionada.

Proceso para que una empresa gane una licitación pública

Etapas

– Difusión

Publicación en prensa de la convocatoria.

Aviso de la convocatoria a empresas interesadas en participar en el proceso.

– Etapa aclaratoria

Durante este lapso, se da la información necesaria para disipar cualquier duda sobre la licitación; ésta puede proveerse en reuniones programadas o visitas guiadas.

– Precalificación

Se recibe toda la documentación solicitada para formalizar la participación. Es aquí cuando la empresa debe comprobar su valor legal y financiero. Por último, es necesario cerciorarse que cumpla con la infraestructura para lograr las actividades por las que será contratado.

– Calificación de propuestas

Las ofertas que fueron precalificadas serán evaluadas.  Finalmente, se emitirá un informe de Recomendación y Buena Pro.

– Otorgamiento de Buena Pro

Se notifica a las empresas los resultados finales; quienes obtengan la Buena Pro podrán firmar los contratos correspondientes que los respalde como proveedor de un bien o servicio.

 

A pesar de los procedimientos que se demandan para que una empresa obtenga un contrato público, el gobierno federal gastó mil millones de pesos en empresas fantasmas. Muchas de estas empresas están ligadas a políticos de partidos del PRI y del PRD, y hasta un miembro de la CNTE.

Con todo esto, el daño al erario supera por mucho los informes de años anteriores, por ello no es de extrañarse que México haya caído 6 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.

 

Conoce los tipos de auditorías utilizadas para la fiscalización de la Cuenta Pública 2016

Antes de empezar, debemos saber que las normas profesionales de auditoría emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, determinan tres modalidades de auditoría gubernamental: de cumplimiento, financiera y desempeño.

Si deseas consultar el informe entra aquí General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016.

Durante el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó dos tipos de revisiones, de cumplimiento y financieras, de las cuales se definen las siguientes características:

Auditoría de cumplimiento financiero

Esta auditoría supervisa la recaudación de recursos, su administración, el registro financiero y  la aplicación de los recursos aprobados por el Congreso.

De esta auditoría se despliegan las siguientes variedades:

  • Auditoría de inversiones físicas: Revisa las acciones de adquisición, el cumplimiento de los programas y obras públicas previstas (que cumplan con los objetivos de calidad y temporalidad), además de la inversión de los recursos financieros.
  • Auditoría forense: Aquí se realiza una investigación rigurosa y detallada para recabar pruebas y evidencias, las cuales solventen el hecho de un delito fiscal.
  • Auditorías de las tecnologías: Supervisa la adquisición, el uso y el aprovechamiento de softwares e infraestructura tecnológica.
  • Auditoría a los sistemas de control interno: Sirve para evaluar que los objetivos de las instituciones se alineen a las políticas y procesos previstos.
  • Auditorías al gasto federalizado: Fiscaliza la administración e inversión de los recursos; también, rectifica que los gastos hayan logrado las metas y objetivos planeados en los diferentes programas gubernamentales.
  • Auditoría de desempeño: Evalúa el desempeño en los programas gubernamentales, los beneficios sociales y económicos que brindan a la ciudadanía.  

A pesar de las actividades de prevención y supervisión, de la jornada de fiscalización de la cuenta pública 2016, la ASF registró en su informe preliminar desvíos millonarios de recursos, así como la destitución de 468 servidores públicos por delitos fiscales.

Las recuperaciones de la Cuenta Pública ascienden a 7 mil 896.9 millones de pesos; sin embargo, se espera que esa cantidad sea muchísimo mayor debido a que faltan Pliegos de Observaciones por solventar… ¿Cuánto más aumentará?

 

Auditoría revela desvíos y programas fallidos por parte de la Sedesol

Malas inversiones de los recursos por parte de la Sedesol, además de empresas fantasmas y deficiencias en los programas contra la pobreza extrema, fue lo que concluyó en su informe preliminar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2013, mientras Rosario Robles encabezaba la Sedesol, se designó un presupuesto de 555 millones de pesos para cumplir con la estrategia contra el hambre y la pobreza extrema.

El objetivo era atender a las zonas más marginadas, ubicadas en 11 estados del país. Se pretendía repartir 500 mil paquetes de despensa, de los cuales sólo se entregó el 7% de ellos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se reveló que durante la gestión de Rosario Robles, hubo un desvío de recursos de mil 311 millones de pesos, lo cual fue relacionado con pagos a empresas fantasmas. Todo esto fue descubierto gracias a tres auditorías forenses que realizó la ASF en el año 2014 y 2015.

Denuncia penal en contra de los servidores públicos responsables

El informe indicó que hay dos universidades involucradas y 84 proveedores, además se detectó que gran parte del dinero fue a dar a cuentas en China, Israel, Bélgica, Pakistán, Corea del Sur y Estados Unidos. También, al menos 13 de las empresas que participaron, son fantasmas.

Asimismo, Radio y Televisión de Hidalgo fue relacionado con el desvío de recursos, tanto así que el exdirector Sergio Islas, y el exdirector de de la Coordinación Financiera y Planeación de Radio y Televisión, Carlos Becerril Vargas, enfrentan procesos penales por negociaciones equivocadas y acciones de corrupción.

Por otro lado, los senadores del PAN, PRD y Morena-PT, exigen la rendición de cuentas de Rosario Robles ante la Cámara Alta. También, llaman a Enrique Peña Nieto para que le solicite la renuncia temporal de su cargo.

Actualmente, se está llevando la etapa de comparecencias ante la PGR, donde el servidor público argumenta lo que a su derecho convenga respecto de los hechos, irregularidades e imputaciones que fueron declarados en su contra. Posteriormente, contará con un tiempo para recabar pruebas y obtener una sentencia favorecedora, si así fuera el caso.

Gran parte de los hallazgos contra Sedesol, se relacionan con la “Estafa Maestra’ (investigación realizada por Animal Político), donde los más pobres se quedaron esperando los beneficios de los programas dispuestos a mitigar sus necesidades alimenticias.

Reforma educativa no dio el ancho, revela Auditoría a la SEP

El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivado de las revisiones en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, concluye que la SEP no logró las mejoras previstas al implementar la nueva Reforma Educativa en 2014.

Pero, ¿cuál es el propósito de una auditoría pública? Su función es verificar el desempeño de los programas gubernamentales y de la administración de los recursos públicos. En este caso, el motivo fue revisar a profundidad la planeación que involucra todos los procesos educativos desarrollados por la SEP, con el fin de mejorar las deficiencias que abarca la educación básica y media superior.

Además del bajo rendimiento escolar,  se advierte que no se tomaron en cuenta los planes de capacitación a docentes, pues de más de un millón de educadores, únicamente se atendió al 5% de la población formativa, según la ASF en el informe de la auditoría de desempeño al Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica. http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_0153_a.pdf

Las observaciones no terminan ahí, pues también se esperaba que la inversión de 54 mil millones de pesos rindiera mejores condiciones para los alumnos de educación básica; sin embargo, hasta la fecha, muchas escuelas públicas cuentan con infraestructura deficiente y sin equipo óptimo que permita a los docentes ejercer su labor sin ningún percance.

¿Tendrá la SEP que enfrentarse a un procedimiento disciplinario?

Es posible, sin embargo, la institución cuenta con un período de 30 días hábiles para argumentar las razones de los hallazgos y brindar la documentación necesaria para evitar el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Si la ASF lo considera, los servidores públicos responsables tendrán que  hacer frente, de acuerdo a Ley  General de Responsabilidades Administrativas, a  la inhabilitación temporal o definitiva de su cargo, así como el pago de importantes sanciones económicas.

La SEP resalta sus méritos contra las observaciones

La SEP responde a la ASF que es muy corto el tiempo para medir la efectividad de una reforma, ya que hay demasiados estudios que confirmen los resultados, y muchos de los programas educativos propuestos, tienen poco de haber entrado en vigor o faltan por aplicarse.

En cuanto a la capacitación de docentes, argumenta que a pesar del bajo rendimiento, se logró capacitar a más de 623 mil docentes, superando el promedio de 500 mil docentes anuales.

Por último, la SEP resalta la labor de transparencia durante los concursos de ingresos, donde se han elegido al 25% de los mejores candidatos y se asignaron más de 187 mil plazas y ascensos por concurso.

Guía rápida para conocer paso a paso el desarrollo de una auditoría pública

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La Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se realizan a todo ente que ejerza recursos públicos federales. El objetivo de una auditoría pública es evaluar la eficiencia y la administración de los bienes públicos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales.

Este ejercicio responde a la exigencia de rendición de cuentas y combate de la corrupción. A continuación, te decimos cómo es el desarrollo de una Auditoría Pública para que estés preparado y prevenido para enfrentar el proceso con éxito.

Temporalidad

Una Auditoría Pública cuenta con un programa anual basado en factores de riesgo, el cual incluye criterios de análisis, priorización y selección de propuestas de auditoría. De esta forma, se determinan las entidades federales que serán auditadas. Sin embargo, también las auditorías se podrán realizar de forma extraordinaria, en cualquier momento que se requiera.

Requerimientos

Antes de la auditoría, se podrá solicitar cualquier tipo de información administrativa, ya sea relacionada con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, arrendadores, permisionarios u obra pública. Para entregar la documentación se contará únicamente con diez días hábiles, a menos que se solicite una prórroga por escrito con la debida justificación.

Ejecución

La ejecución de las auditorías públicas será conforme el cronograma de actividades, las cuales deberán comprender el 25% del total del universo programado en la auditoría. El lapso de una auditoría debe ser de 3 meses, sin embargo puede alargarse y modificar su objetivo. Si durante el desarrollo se llegan a encontrar irregularidades, éstas se verán reflejadas en el informe de observaciones.

Durante la visita del auditor, lo primero que se evaluará será:

  • Si la organización y los procedimientos permiten cumplir los objetivos
  • La ejecución de cada tarea o proceso
  • La funcionalidad de los procesos y operaciones

En segundo lugar, se evaluará la transparencia de las inversiones o gastos y la forma de rendición de cuentas de la gestión presupuestal, así como la administración de recursos humanos.

Resultados

Se darán a conocer las observaciones, acciones preventivas y correctivas mediante el informe de auditoría. Se tiene un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, para la solventación de observaciones.

La ASF mantendrá a reserva los resultados finales de las auditorías hasta que se entreguen a la Cámara de Diputados. Una vez realizada la entrega, el informe será de carácter público y se pondrá a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la ASF.

Conclusión

Al finalizar, se emitirá el Dictamen Técnico de Auditoría, al que se adjuntan las recomendaciones que se deberán seguir para implementar mejoras en los procesos de gestión.

En caso de que el dictamen haya arrojado faltas mayores, el servidor público tendrá que enfrentar Responsabilidades Administrativas que pueden llegar a ocasionar severas consecuencias, como verse involucrado en sanciones económicas importantes; en responsabilidades penales o responsabilidades patrimoniales. Este tipo de sanciones pueden poner en riesgo la libertad del servidor público, su patrimonio y el generado por su familia.

Por ello, DBS Consultoría cuenta con un equipo multidisciplinario que define e implementa estrategias para evitar la imposición de sanciones que además de afectar su patrimonio, dañan irremediablemente el prestigio, la continuidad, el desarrollo y el crecimiento de los servidores públicos dentro del gobierno.

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Salí mal en una auditoría pública, ¿qué debo hacer?

Sin duda, enfrentar una observación derivada de una Auditoría Pública significa una situación crítica para un servidor público, ya que los problemas que afrontará pueden derivar desde sanciones preventivas hasta la pérdida de su patrimonio.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación emite las acciones derivadas del proceso de fiscalización (Pliegos de Observaciones, Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, etc.), el servidor público todavía tiene oportunidad de arreglar su situación, a pesar del panorama negativo que se presente, pero… ¿Qué debo hacer?

La primera recomendación que te damos, es buscar asesoría especializada que te brinde la orientación correcta para generar una estrategia de acciones preventivas. En DBS contamos con un equipo de especialistas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por ello representamos la mejor opción de defensa.

A partir de que la ASF comunica un Pliego de Observaciones, la institución cuenta con un lapso de 30 días hábiles para generar una respuesta con la cual aclare todos los hallazgos, con esta, deberá aportar la documentación suficiente para evitar el fincamiento responsabilidades resarcitorias a servidores públicos o particulares.

La principal recomendación es no esperar a que se comunique el Pliego de Observaciones, puesto que las irregularidades susceptibles de constituir daño o perjuicio patrimonial, implican desarrollar una argumentación técnico jurídica que se soportará en evidencia documental apta, idónea y suficiente. Es muy importante que el servidor público se allegue de asesoría y orientación jurídica antes de que inicie el cómputo de los 30 días. Hay que tener en cuenta que al enfrentar este tipo procesos, cualquier actitud negativa puede empeorar el panorama.

Sin embargo, desde el inicio de la auditoría y hasta su conclusión, cualquier documentación que se entregue deberá contar con el visto bueno de un experto en temas técnicos, legales y de auditoría.

Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el servidor público enfrenta solo el dictamen negativo de una auditoría pública, sin ningún respaldo legal?

Pueden ser acusados de incurrir en faltas graves, tales como:

  • Cohecho
  • Malversación de recursos públicos
  • Lavado de dinero
  • Abuso de autoridad
  • Tráfico de influencias
  • Enriquecimiento ilícito


Si llegase a resultar culpable el Servidor Público por alguna de las infracciones graves mencionadas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ellos enfrentarán la inhabilitación temporal o definitiva de su cargo, y la imposibilidad de ejercer dentro de la Administración Pública; además de cumplir con el pago de fuertes sanciones económicas y la pérdida parcial o total de su patrimonio.

En México, muchas veces los Servidores Públicos enfrentan condiciones críticas desfavorables en el ejercicio de la función pública que tienen conferida, pues el régimen laboral adolece de instituciones que les permita tener acceso a servicios de defensoría legal.

Por ello, DBS CONSULTORÍA ha reunido a un equipo interdisciplinario, altamente especializado en los diversos temas del quehacer gubernamental para producir las mejores estrategias y soluciones que garanticen la defensa legal de los Servidores Públicos.