Hablar sobre el Sistema de Compras Públicas en México y su normatividad implica resaltar la búsqueda del Gobierno por introducir sistemas de compras y contrataciones públicas para preservar la probidad, mejorar el ahorro y la gestión, así como incentivar un mercado competitivo y transparente como mecanismo para obtener mejores productos y servicios a precios óptimos.
Desde 2012, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha subrayado la necesidad de mejorar los sistemas de compras públicas a fin de obtener un mejor valor, eficacia, eficiencia y transparencia en este ramo; minorar los costos de transacción y apoyar la ejecución de programas de desarrollo económico y social, de modo que los esquemas de contratación avancen en los formatos: e-compras, e-comercio y e-mipyme. A nivel general, el objetivo será lograr impulsar el empleo, reducir la pobreza, inhibir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Para los organismos financieros regionales el sistema de compras públicas es el proceso formal a través del cual los sectores gubernamentales obtienen bienes y servicios, incluyendo servicios de construcción y obras públicas, dicho sistema comprende todas las funciones que corresponden a la adquisición de cualquier bien, servicio o construcción, conteniendo además la descripción de los requerimientos, selección y solicitud de oferentes, evaluación de las ofertas, preparación y adjudicación del contrato, disputa y resolución de impugnaciones y finalmente todas las fases del contrato administrativo.
¿Cuál es la discusión respecto a las pautas del Sistema de Compras Públicas?
En el artículo 134 de la Constitución Política, los recursos económicos que dispone la federación junto con estados, municipios, la Ciudad de México y sus delegaciones, deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Hay ocasiones en las que, durante el proceso de compra los recursos públicos, destinados a crear infraestructura, empleo y atender las demandas sociales son desviados y terminan favoreciendo las cuentas bancarias de los servidores públicos corruptos, o bien, a las empresas particulares contratantes que recurren a malas prácticas.
“El riesgo promedio de corrupción en contrataciones asociado con las instituciones es del 35%; y el riesgo promedio de corrupción asociado con la práctica es del 64%.”
Por ello, la demanda de la implementación de medidas de seguridad en el sistema de compras públicas, donde el gobierno mexicano -por su característica multilateral- adquiere la responsabilidad de enfocarse en combatir la corrupción amputalando hacia:
- Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.
- Reforzar los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial.
- Prevenir la corrupción mediante mejores normas contables y de auditoría.
El Estado mexicano se ha ubicado en una etapa de tránsito en la cual ha modificado su función, al pasar de agente productor directo de bienes y servicios a agente contratador, regulador y evaluador de políticas públicas. Esta condición se acompaña de otras implicaciones, desde el aumento del gasto público a través de los sistemas legales de compras y contrataciones hasta la práctica de conductas ilícitas por parte de los servidores en el manejo de los recursos públicos.
Respecto a las Contrataciones Públicas
En materia de contrataciones públicas, la Secretaría de la Función Pública, a través de diversas unidades administrativas contribuye a obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras circunstancias debidas, bajo la normativa de ser de índole integral, participativa, transparente y siempre con apego a la legitimidad.
Lo anterior, a través del desarrollo de diversas acciones, tal es el caso de las operaciones con el sistema CompraNet y la administración de su información; la elaboración de estudios y encuestas; el seguimiento de indicadores en materia de contrataciones públicas; la capacitación a servidores públicos encargados de las contrataciones; la asesoría a licitantes, proveedores y contratistas; el diseño y promoción de estrategias de contratación; la asesoría normativa a dependencias y entidades en contrataciones; la promoción de la integridad y prevención de conflicto de interés y la auditoría de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Si te interesa conocer las singularidades específicas de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, tratados de compras gubernamentales o contrataciones financiadas con créditos externos, el material de consulta es el siguiente:
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
- Ley de Asociaciones Público Privadas
- Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
