Conoce a las empresas que participaron en lo que se conoce como ´la gran estafa´, pues sirvieron como puente para diseminar 708.2 millones de pesos en efectivo, saqueados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sin haber sido detectadas por el SAT.
Hasta el momento, la autoridad fiscal solo ha declarado oficialmente como empresas fantasma a Comercializadora HDP, Serviúnicos y Desarrollo Publicitario ADP, las cuales se sabe que ingresaron a la lista negra en octubre de 2017 y marzo de 2018.
Para llevar a cabo el gran fraude de recursos públicos, estas empresas fantasma se presentaron como proveedores de entidades públicas, de ese modo lograron firmar convenios con la Sedesol y Sedatu.
Fondos que obtuvieron empresas fantasma de los recursos públicos para ´La gran estafa´
Comercializadora HDP – 267 millones de pesos
Serviúnicos – 56 millones de pesos
Desarrollo Publicitario – 69 millones de pesos
De acuerdo a información otorgada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) parte de esos recursos en efectivo fueron distribuidos a través del Servicio Panaméricano de Protección y Cometra hacia distintos domicilios de la Ciudad de México, así como en otras entidades del país.
A continuación, se presenta la lista de otras empresas fantasma que aún no han sido enlistadas:
– Comercializadora Devolviendo Confianza
– Servicios Fiscales en Administración SiC
– Comercializadora Telaraña
– Acabados Constrarqu
– Compu Draz Comercializadora Green Recyt
– Servicios NLMK
– Studio Originale Capicci
– Comercializadora Merchadise
– Servicios Empresariales Helte
¿Cómo evidenciar estafas de empresas fantasma?
Entre las obligaciones del SAT está publicar en el Diario Oficial de la Federación los nombres de aquellas empresas fantasma que hayan expedido facturas sin contar con los recursos materiales y humanos necesarios para proveer los bienes o servicios que presuntamente prestaron, ello de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.
Por su parte, para las compañías que presuntamente realizaron transacciones con las empresas enlistadas resulta inexcusable presentar pruebas de que sus operaciones fueron reales.
En el caso específico de Comercializadora Devolviendo Confianza, hay que revelar o recordar que en el año 2015 el Instituto Nacional Electoral solicitó al SAT que se realizará una verificación de las actividades de esta compañía debido a que detectó que emitía facturas con un domicilio distinto al que tenía registrado ante la autoridad fiscal. Nosotros nos preguntamos, ¿cuántos casos no habrá así?
Se trata de un esquema común en dependendencias del sector público, que contraen prestaciones de servicios a empresas que triangulan los servicios a otras empresas, luego dispersan el dinero y finalmente esas empresas se constituyen para desaparecer y emitir tanto comprobantes fiscales como facturas falsas.
Blindaje al saqueo de recursos públicos
Para evitar que esto siga pasando, las autoridades responsables piensan en una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se base en obligar a las dependencias públicas a retener parte del IVA de los prestadores de servicios, asimismo manifestarlo al SAT para que esta entidad sepa en tiempo real de qué empresas se trata y si la contratación corresponde con el giro de la compañía.
“Cualquier dependencia del sector público a la que una empresa de servicios le facture, tendrá que retener al menos el 10.6 del IVA, es decir, las dos terceras partes.”
