Sagarpa y su programa millonario de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Con 193 acusaciones por corrupción, Sagarpa se encuentra en la mira y se perfila como uno de los grandes favoritos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto así que se postula como una de las instituciones más denunciadas por el organismo.

En los últimos 5 años, se detectaron movimientos irregulares, como proveedores o beneficiarios desaparecidos, que evidencian claramente actos ilícitos en los programas de investigación y desarrollo de la institución. Por ello, la ASF decidió llevar a cabo ejercicios de auditorías forenses para profundizar en la gestión financiera de la Secretaría.

Objetivo de la auditoría forense 15-0-08100-12-0340

Pero, ¿cuál es el propósito de la revisión al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de Sagarpa? Fundamentalmente es verificar que los recursos asignados se hayan utilizado conforme a las disposiciones legales.

Para esto, se decidió auditar el 67.6% del universo de recursos, el cual representa un total de $357,701, mismos que se encuentran relacionados con 24 convenios para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, distribuidos entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y los beneficiarios.

El objetivo principal era unificar los recursos, en donde las Instituciones Académicas, Sociedades Civiles y empresas privadas (proveedores) apoyarían a Sagarpa en la realización de 59 proyectos, los cuales beneficiarían a 29 personas físicas y 30 personas morales, como se detalla en el siguiente documento:

El motivo de la auditoría forense a Sagarpa

La razón por la cual se realizó la auditoría, fue debido al incremento en el ejercicio del presupuesto, el cual ascendió a $101,092. Se calcula un importe de $328,774.5, derivados del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; por ello, se decretó la revisión de dicho programa.

Y… ¿cuál es el resultado? Una maraña de inconsistencias millonarias. Del  Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria se detectaron 50 beneficiarios que recibieron pagos millonarios; el más grande asciende a 20 millones de pesos.

En enero y octubre de 2016, Sagarpa publicó cinco convocatorias de licitaciones para participar en proyectos que involucran actividades de investigación, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación.

Por mera coincidencia, la Universidad de Zacatecas resultó ser apta para realizar dichas actividades; sin embargo, al parecer, la institución educativa jamás desempeñó ninguna acción. Todo lo contrario, se utilizó a la universidad para eludir los controles de licitación y así, desviar por debajo los recursos a 36 beneficiarios.

La cosa no queda ahí, se involucró de forma indirecta a empresas que ni siquiera estaban capacitadas para cumplir con las acciones pactadas en las licitaciones, incluso se transfirieron los servicios a empresas y personas que no tenían nada que ver con el perfil de un especialista en desarrollo rural o agropecuario.

El más claro ejemplo es la la empresa Productores Unidos de Montes de Oca, S.C. de R.L. de C.V., la cual negó su actividad en el proyecto, pues se dedica al cultivo de cítricos y no cumple con la infraestructura para desarrollar lo que demanda Sagarpa en su iniciativa.

El colmo fue cuando la auditoría descubrió que los proyectos encomendados a la Universidad de Zacatecas no eran propios de Sagarpa, sino que el contenido era plagio, ya que en muchos de sus párrafos había copy-paste de páginas como Wikipedia, Monografías y Buenas Tareas.

La ASF recrimina totalmente el delito de fraude al rector de la Universidad de Zacatecas y a los directivos de Sagarpa. Por esta razón, quien resulte culpable tendrá que enfrentar una denuncia penal  por un daño al erario de 219 millones de pesos.

Se elimina fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos

Por increíble que parezca, la Cámara de Diputados decidió eliminar el fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos, los cuales podrán ser sujetos a juicio político; además, nadie podrá ser sancionado con cárcel por motivos de difamación, calumnias e injurias.

Esta iniciativa fue aprobada con 370 votos a favor y turnada al Senado de la República.

Si el Senado aprueba sin modificaciones la propuesta, se pasará a los congresos estatales. Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitará la aprobación de la mayoría de estas legislaturas. Esta iniciativa reformará los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política.

Pero, ¿qué pasaría si algún funcionario o el mismo Presidente de la República viola las leyes establecidas en la Constitución? Podrán ser sometidos directo a juicio político, sin la necesidad de emitir un proceso de desafuero.

La reforma también podrá ser aplicada en integrantes de organismos autónomos de las Secretarías del Gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos.

Este hecho histórico responde a la constante demanda de los ciudadanos, pues el fuero político muchas veces se ha utilizado como instrumento de impunidad, a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que la Cámara de diputados aprobó la propuesta como parte de su deuda política, lamentablemente esta acción no compensa la larga trayectoria de corrupción y tráfico de influencias.

 

 

Quizá eliminar el fuero político no es la solución a los problemas de corrupción

La Cámara de Diputados apoya la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y a los Servidores Públicos que gocen de la virtud, así como los Secretarios de Estado, los miembros del Congreso y los ministros de la Suprema Corte, entre otros funcionarios que cuenten con esta inmunidad.

El peso de esta propuesta es más que nada para atender una demanda social que una iniciativa política. También, se relaciona con la temporalidad del cambio de administración y la entrada de la época electoral; pues como es costumbre, muchos retoman la causa como parte de sus acciones principales al llegar al poder.

En nuestra Constitución no existen algo que regule como tal el beneficio del fuero; aún así, los artículos 38, 110, 111, 112 y 114 argumentan sus condiciones, mismos que tendrán que ser reformados si la iniciativa es aprobada.

Marko Cortés, Presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitará un planteamiento que regule el proceso de acusación de un Servidor Público, el cual, durante la investigación, podrá seguir ejerciendo su cargo y al recibir sentencia, concluirá su actividad política. Una vez que la reforma sea aceptada de su lado, se enviará al Senado antes de que termine el período ordinario de sesiones.

Más allá de que este proyecto tenga el visto bueno del Senado de la República, los candidatos a la presidencia prometen la eliminación del fuero como parte de su estrategia clave para el combate de la corrupción, tanto así que uno que otro ya se postula como el primer presidente libre de este beneficio.

Sin embargo, si se elimina el fuero político ¿qué tanto ayudará  a combatir la corrupción ?

Sin lugar a dudas el mayor alimento de la corrupción es la impunidad. Muchas de las sanciones penales que deben enfrentar los altos mandos son absueltas, incluso antes de llegar a los juzgados. Para muestra está el reciente carpetazo a los desvíos de Sedesol, registrados durante el período en que fue tutelar Rosario Robles.

Además, el mismo gobierno federal, enfrentó desvíos millonarios registrados en el Informe de la Cuenta Pública 2013 y 2014, hechos que no se han aclarado como lo demanda la ley, siendo que los presuntos responsables siguen gozando de su libertad.

También, la causa del enriquecimiento ilícito se aqueja al tráfico de influencias derivas del privilegio del fuero, factor que no ha querido ser erradicado para evitar que el Presidente de la República forme parte del ejercicio de rendición de cuentas por la comisión de actos ilícitos.

La intención de reformar los beneficios del fuero está desde el 2013; no obstante, cuando llegó la propuesta al Senado, no tuvo su aprobación debido a que el Presidente mantenía los derechos de inmunidad.

El proyecto de modificar este tipo de facultades, notablemente se pone de moda justo en tiempos electorales para sumar simpatizantes; sin embargo, el fuero es una concesión que en un principio se brindó para proteger a las personas que tenían un idea de gobierno diferente a la del mandatario en turno, es decir, se estableció como muestra de apoyo a la libertad de expresión, cosa que hoy en día no aplica esa función y al contrario, es más una cuestión de impunidad.