Guía rápida para conocer paso a paso el desarrollo de una auditoría pública

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La Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se realizan a todo ente que ejerza recursos públicos federales. El objetivo de una auditoría pública es evaluar la eficiencia y la administración de los bienes públicos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales.

Este ejercicio responde a la exigencia de rendición de cuentas y combate de la corrupción. A continuación, te decimos cómo es el desarrollo de una Auditoría Pública para que estés preparado y prevenido para enfrentar el proceso con éxito.

Temporalidad

Una Auditoría Pública cuenta con un programa anual basado en factores de riesgo, el cual incluye criterios de análisis, priorización y selección de propuestas de auditoría. De esta forma, se determinan las entidades federales que serán auditadas. Sin embargo, también las auditorías se podrán realizar de forma extraordinaria, en cualquier momento que se requiera.

Requerimientos

Antes de la auditoría, se podrá solicitar cualquier tipo de información administrativa, ya sea relacionada con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, arrendadores, permisionarios u obra pública. Para entregar la documentación se contará únicamente con diez días hábiles, a menos que se solicite una prórroga por escrito con la debida justificación.

Ejecución

La ejecución de las auditorías públicas será conforme el cronograma de actividades, las cuales deberán comprender el 25% del total del universo programado en la auditoría. El lapso de una auditoría debe ser de 3 meses, sin embargo puede alargarse y modificar su objetivo. Si durante el desarrollo se llegan a encontrar irregularidades, éstas se verán reflejadas en el informe de observaciones.

Durante la visita del auditor, lo primero que se evaluará será:

  • Si la organización y los procedimientos permiten cumplir los objetivos
  • La ejecución de cada tarea o proceso
  • La funcionalidad de los procesos y operaciones

En segundo lugar, se evaluará la transparencia de las inversiones o gastos y la forma de rendición de cuentas de la gestión presupuestal, así como la administración de recursos humanos.

Resultados

Se darán a conocer las observaciones, acciones preventivas y correctivas mediante el informe de auditoría. Se tiene un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, para la solventación de observaciones.

La ASF mantendrá a reserva los resultados finales de las auditorías hasta que se entreguen a la Cámara de Diputados. Una vez realizada la entrega, el informe será de carácter público y se pondrá a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la ASF.

Conclusión

Al finalizar, se emitirá el Dictamen Técnico de Auditoría, al que se adjuntan las recomendaciones que se deberán seguir para implementar mejoras en los procesos de gestión.

En caso de que el dictamen haya arrojado faltas mayores, el servidor público tendrá que enfrentar Responsabilidades Administrativas que pueden llegar a ocasionar severas consecuencias, como verse involucrado en sanciones económicas importantes; en responsabilidades penales o responsabilidades patrimoniales. Este tipo de sanciones pueden poner en riesgo la libertad del servidor público, su patrimonio y el generado por su familia.

Por ello, DBS Consultoría cuenta con un equipo multidisciplinario que define e implementa estrategias para evitar la imposición de sanciones que además de afectar su patrimonio, dañan irremediablemente el prestigio, la continuidad, el desarrollo y el crecimiento de los servidores públicos dentro del gobierno.

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El ABC para enfrentar un proceso administrativo disciplinario

Cuando el dictamen de una Auditoría Pública es negativo, los servidores públicos deben enfrentar un proceso administrativo disciplinario, el cual puede deparar graves consecuencias en su situación laboral como la inhabilitación y destitución de su cargo, sanciones económicas e incluso sanciones penales.

Una de las opciones que suelen considerar como defensa los servidores públicos, es recurrir a las Aseguradoras de Responsabilidad Profesional, un servicio personalizado y exclusivo para servidores públicos. Sin embargo, no responden de forma exitosa a sus intereses y necesidades, ya que carecen de experiencia, competencia y habilidades.

Generalmente, en el 80% de los asuntos de responsabilidad administrativa, penal o patrimonial, se sanciona a los servidores públicos cuando son representados por este tipo de seguros. En DBS Consultoría contamos con el mejor equipo de abogados especialistas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por ello, somos la mejor opción para enfrentar de forma exitosa un proceso administrativo disciplinario y contar con una defensa óptima y funcional.

Para que un funcionario público enfrente un proceso administrativo disciplinario, hemos desarrollad un conjunto de servicios:

Asesoría Legal, administrativa y/o técnica para:

  • Solventar observaciones preventivas y correctivas
  • Atender recomendaciones
  • Desahogar requerimientos de información
  • Concluir procedimientos de responsabilidad administrativa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Etapa procedimental, defensa legal en los siguientes procedimientos:

  • Incumplimientos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  (LFRASP) y la Ley General de Responsabilidades (LGR)
  • Delitos penales
  • Enriquecimiento ilícito
  • Desafuero
  • Juicio político

Etapa sancionatoria: defensa legal para evitar la imposición o ejecución de sanciones

  • Amonestación, suspensión, inhabilitación destitución
  • Penales
  • Multas, decomisos, aseguramientos

El procedimiento administrativo disciplinario se origina, entre otras causas, por observaciones no solventadas que derivan de una auditoría pública.

El procedimiento inicia con la citación al servidor público para que comparezca personalmente a manifestar lo que a su derecho convenga respecto de los hechos, irregularidades e imputaciones que fueron formulados en su contra. Al concluir la audiencia, se le otorgará un plazo para ofrecer pruebas.

Después del desahogo de pruebas, se emitirá una resolución que, en la mayoría de los casos, suele ser sancionatoria cuando no se cuenta con una estrategia legal desarrollada por profesionales del derecho instruidos en esta materia.

En DBS Consultoría reunimos al mejor equipo de expertos, quienes cuentan con más de 20 años de experiencia en temas de Gobierno Federal y responsabilidades de servidores públicos. Su amplia trayectoria y especialización en la materia les permite desarrollar las estrategias de defensa más efectivas para evitar la imposición de sanciones que afecten su patrimonio y dañen de forma irremediable su prestigio, continuidad y crecimiento dentro de la gestión pública.

Salí mal en una auditoría pública, ¿qué debo hacer?

Sin duda, enfrentar una observación derivada de una Auditoría Pública significa una situación crítica para un servidor público, ya que los problemas que afrontará pueden derivar desde sanciones preventivas hasta la pérdida de su patrimonio.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación emite las acciones derivadas del proceso de fiscalización (Pliegos de Observaciones, Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, etc.), el servidor público todavía tiene oportunidad de arreglar su situación, a pesar del panorama negativo que se presente, pero… ¿Qué debo hacer?

La primera recomendación que te damos, es buscar asesoría especializada que te brinde la orientación correcta para generar una estrategia de acciones preventivas. En DBS contamos con un equipo de especialistas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por ello representamos la mejor opción de defensa.

A partir de que la ASF comunica un Pliego de Observaciones, la institución cuenta con un lapso de 30 días hábiles para generar una respuesta con la cual aclare todos los hallazgos, con esta, deberá aportar la documentación suficiente para evitar el fincamiento responsabilidades resarcitorias a servidores públicos o particulares.

La principal recomendación es no esperar a que se comunique el Pliego de Observaciones, puesto que las irregularidades susceptibles de constituir daño o perjuicio patrimonial, implican desarrollar una argumentación técnico jurídica que se soportará en evidencia documental apta, idónea y suficiente. Es muy importante que el servidor público se allegue de asesoría y orientación jurídica antes de que inicie el cómputo de los 30 días. Hay que tener en cuenta que al enfrentar este tipo procesos, cualquier actitud negativa puede empeorar el panorama.

Sin embargo, desde el inicio de la auditoría y hasta su conclusión, cualquier documentación que se entregue deberá contar con el visto bueno de un experto en temas técnicos, legales y de auditoría.

Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el servidor público enfrenta solo el dictamen negativo de una auditoría pública, sin ningún respaldo legal?

Pueden ser acusados de incurrir en faltas graves, tales como:

  • Cohecho
  • Malversación de recursos públicos
  • Lavado de dinero
  • Abuso de autoridad
  • Tráfico de influencias
  • Enriquecimiento ilícito


Si llegase a resultar culpable el Servidor Público por alguna de las infracciones graves mencionadas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ellos enfrentarán la inhabilitación temporal o definitiva de su cargo, y la imposibilidad de ejercer dentro de la Administración Pública; además de cumplir con el pago de fuertes sanciones económicas y la pérdida parcial o total de su patrimonio.

En México, muchas veces los Servidores Públicos enfrentan condiciones críticas desfavorables en el ejercicio de la función pública que tienen conferida, pues el régimen laboral adolece de instituciones que les permita tener acceso a servicios de defensoría legal.

Por ello, DBS CONSULTORÍA ha reunido a un equipo interdisciplinario, altamente especializado en los diversos temas del quehacer gubernamental para producir las mejores estrategias y soluciones que garanticen la defensa legal de los Servidores Públicos.