Los números son impactantes, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 45 mil 108 sanciones contra servidores públicos, por malos manejos administrativos; sin embargo, sólo aplicó apenas el 13% de ellas, pero lo peor es que ni el 1% resultó en destitución del funcionario o en una sanción económica.

El grado de impunidad en México es altísimo, estadísticamente 8 de cada 100 denuncias concluyen en sanciones, lo cual significa un nivel de impunidad de 92.2%… ¡Altísimo! Y a todo esto hay que sumarle que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8% de las denuncias emitidas por la SFP.

Por ello, en el 2015 se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) para combatir los delitos de corrupción en la administración pública. De este sistema se deriva la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de establecer las conductas de los servidores públicos en todos su niveles.

A pesar de las medidas reglamentarias, en términos generales, México es considerado como uno de los países con mayor impunidad en Latinoamérica, a nivel mundial ocupa la cuarta posición con una calificación de 69.84.

La larga lista de impunidad en servidores públicos de alto y bajo rango

El caso más reciente de impunidad lo tiene la Sedesol, la cual en la última  etapa de la Fiscalización de la Cuenta Pública recibió varias observaciones por desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. A pesar de enfrentar denuncias penales por cifras millonarias mantuvo evidente participación en la Estafa Maestra, y la SFP le dio carpetazo al caso.

No obstante, hace poco la SFP declaró que tenían a un presunto responsable de que no se le diera seguimiento a las denuncias, mientras que Rosario Robles, así como muchos otros funcionarios de alto rango salieran bien librados por malversación de fondos.

Aunque la SFP no quiso revelar el nombre del responsable, se sabe que se trata de Mauricio Razo, quien se desempeñó como titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol.

Aún cuando uno de los temas centrales durante las Elecciones 2018 es el combate a la corrupción y la impunidad, en todos sus niveles, y las medidas extremas para regular la conducta de los servidores públicos, el panorama no se ve nada alentador para nuestro país.

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