Contrataciones públicas: ¿Qué son los contratos marco?

Contratos Marco

Para las dependencias o entidades que deseen establecer acuerdos de voluntades con uno o más posibles proveedores, los Contratos Marco funcionan como una contratación pública estratégica que permite establecer las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o en otros casos la prestación de servicios.

Lo anterior, es posible a través de acciones como: la operación de CompraNet y la administración de la información contenida en el mismo. Elaboración de estudios y encuestas; seguimiento de indicadores en materia de contrataciones públicas, capacitación a servidores públicos encargados de las contrataciones, asesoría a licitaciones, proveedores y contratistas, diseño y promoción de diversas estrategias de contratación; asesoría normativa que requieran las dependencias y entidades en sus procedimientos de contratación; promoción de la integridad y prevención de conflictos de interés, además de auditorías a las obras públicas y servicios relacionados.

Específicamente, en México se trata de instaurar y valorar una política de contrataciones públicas orientada a asegurar las mejores condiciones para el Estado, la cual es fundada en la promoción de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. También se busca desarrollar un sistema de contratación pública dinámico, simplificado y moderno que logre promover estrategias que incorporen las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, sin olvidar el uso de tecnologías de la información y comunicación.

Objetivo de los Contratos Marco

Fortalecer la capacidad de compra del gobierno con la intención de:

–          Aumentar la flexibilidad de las adquisiciones

–          Obtener mejores precios por agregación de la demanda

–          Generar menores costos administrativos

–          Reducir el tiempo de adquisición

–          Atender operaciones de emergencia

–          Usar de manera eficiente capacidades operativas escasas

–          Mejorar la gobernabilidad de las adquisiciones

¿Quiénes participan en un Contrato Marco?

  1.    Secretaría de la Función Pública

–          Autoriza, gestiona y respalda el diseño del Contrato Marco

–          Publica los avisos de intención, requisitos, el Contrato Marco y sus anexos

–          Elabora los convenios de adhesión y firma

–          Confirma el cumplimiento de las condiciones establecidas

–          Asesora durante la vigencia del Contrato Marco

–          Valora el uso de la estrategia

  1.    Dependencias y Entidades

– Participan en la investigación de mercado contribuyendo con datos

– Revisan que los posibles proveedores cumplan los requisitos para adherirse al Contrato Marco

– Examinan que los posibles proveedores continúen cumpliendo los requisitos aún durante su vigencia

– Integran y analizan la documentación de los interesados que pretenden adherirse

  1.    Posibles Proveedores

– Colaboran aportando información necesaria en la investigación de mercado

– Se incorporan directamente al Contrato Marco o lo hacen a través de contratos de adhesión

– Presentan sus ofertas económicas

– Dan cumplimiento a las órdenes de servicio

Acerca de la adhesión de posibles proveedores, es importante recalcar que cualquier persona física con actividad empresarial o persona moral que reúna los requisitos puede incorporarse, con previa verificación por parte de la dependencia o entidad.

¿Cómo se prepara un Contrato Marco?

Primeramente, puede promoverse a través de la suscripción de contratos específicos, en donde suelen participar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen el propósito de adquirir bienes, arrendamiento o servicios, a través de un Contrato Macro.

Durante la elaboración del proyecto de Contrato Marco es fundamental el apoyo de las dependencias y entidades que participarán en el mismo. En ese sentido, es tan sencillo como el hecho de recibir la solicitud de suscripción por parte de la dependencia o entidad.

¿Cuánto comprar, quiénes compran y cómo lo harían?

Para que cada Contrato Marco propicie la obtención de economías de escala, se establece primero el volumen de los bienes o servicios requeridos.

Después, se identificarán las dependencias y entidades que de acuerdo a sus necesidades pudieran celebrar los contratos específicos (que en ningún caso podrán ser menos de cinco).

A través del sistema electrónico de información pública gubernamental, CompraNet, se difunde la iniciación de las acciones tendientes a la celebración de cada Contrato Marco, a efecto de que participen el mayor número de interesados.

Contratos Específicos

Los Contratos Específicos se celebrarán en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, mismo en el que deberán estar suscritos el proveedor y cada una de las dependencias o entidades que lo soliciten.

Por su parte, a la dependencia o entidad le corresponde elaborar el contrato específico respectivo, el cual considerará las especificaciones técnicas y de calidad. La dependencia o entidad será la responsable de implantar las garantías correspondientes para su cumplimiento, así como llevar a cabo la adjudicación a través del sistema CompraNet.

Terminación Anticipada o supresión del Contrato Marco

Cuando existan razones de interés general, pudiendo ocasionar un daño o perjuicio para las dependencias o entidades implicadas en el Contrato Marco, dicha determinación deberá ser sustentada mediante un dictamen que precise las razones o causas, notificando la culminación por escrito a los posibles proveedores dentro de los 30 días naturales previos a la fecha que aspira la terminación.

En cualquier momento, la dependencia o entidad, por causas imputables a los posibles proveedores, podrá derogar el Contrato Marco a cualquier proveedor que incumpla alguna de las obligaciones convenidas -ya sea en el Contrato Marco o en un Contrato Específico- o cuando deje de cumplir con las acciones técnicas y de calidad pactadas.

 

Lo bueno y lo malo que contó en el gobierno de EPN

Enrique Peña Nieto

La última etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto, a muchos da (con y sin fundamentos) la capacidad de valorar qué fue lo bueno y lo malo que contó durante todo el sexenio. Siendo que, desde el quinto y hasta el sexto año, la administración federal prepara el momento de cierre de gestión, donde habrá que contar qué proyectos se lograron consolidar, cuáles quedaron a medias o qué otros ni siquiera se emprendieron, quedando en el olvido.

Durante fechas pasadas, hemos sido testigos del proceso entrega-recepción en las reuniones de trabajo entre Peña Nieto y el candidato electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los asuntos más importantes a observar es la capacidad que tendrá EPN para cerrar los procesos más importantes de su administración, cuando lo ideal sería propiciar un contexto sociopolítico que facilite la entrega-recepción, así como el arranque de la nueva gestión.

Puntos buenos

Si algo hay que rescatar de lo bueno del gobierno de Enrique Peña Nieto, son las reformas estructurales, a pesar de que con ellas no se han obtenido resultados a corto plazo. Un ejemplo claro es la reforma en telecomunicaciones, que actualmente ya cuenta con factores positivos al haberse eliminado el pago por realizar llamadas a larga distancia, sumado al momento de la competencia libre y la reducción de los precios de los servicios de comunicación que utilizan cada vez más número de mexicanos.

Por otro lado, se considera que la más relevante de las reformas estructurales, que proporcionará resultados favorables a largo plazo, será la reforma energética, misma que llegó después de 75 años de haber estatizado esta actividad económica.

En materia de educación, algunos expertos mencionan como ‘bueno’ el plan de elevar la calidad de la educación a través de la evaluación a los maestros. Además, en el gobierno de EPN se presentó un modelo educativo con nuevos programas de estudio y una estrategia nacional que incluye la implementación del idioma inglés en las aulas.

En el ámbito internacional se ratificó el Tratado sobre Comercio de Armas, que busca dar solución al tráfico ilícito; por otro lado, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, con el que se logra dar continuidad al activismo mexicano.

Finalmente, los analistas coinciden que otro punto destacable y positivo es el énfasis que se ha dado al turismo, convirtiendo a México en la octava potencia turística mundial.

Puntos en contra

Basados en las encuestas que varios periódicos nacionales han mostrado en sus páginas, Enrique Peña Nieto aparece como el mandatario peor evaluado en las últimas dos décadas, esto manifiesta la desaprobación de la mayoría de la población. Recordamos entonces los recurrentes escándalos en los que se ha visto involucrado, los cuales solo han servido para seguir socavando su precaria imagen pública, ejemplo de ello el caso de La Casa Blanca o el plagio de su tesis de licenciatura.

Y si nos vamos más a fondo, si nos fijamos en su equipo de trabajo, encontramos la actuación reprobable de los gobernadores (sobre todo priistas), tales como Javier Duarte, en Veracruz; Tomás Yarrington, en Tamaulipas; Manuel Velasco, en Chiapas; los hermanos Moreira, en Coahuila; Eruviel Ávila, en el Estado de México, y Roberto Borge, en Quintana Roo. A ellos se les adjudican situaciones como la violación de derechos humanos de periodistas, nexos con el crimen organizado, corrupción e incremento de deuda pública; se trata de casos de ingobernabilidad que han llevado al país a padecer altos índices de violencia en sus entidades.

No olvidemos, la marca que ha quedado grabada en el currículo de Peña Nieto, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Un caso sensible que se mantiene sin resolver, donde los culpables son escasos y la ‘verdad’ sigue sin convencer a nadie, poniendo en evidencia la severa crisis de derechos humanos que se vive en México.

El gobierno de EPN se ha caracterizado por los pocos resultados demostrables en materia de seguridad o en materia social; donde poco se ha logrado en el combate a la corrupción. Claramente, la estrategia de Peña Nieto deja mucho que desear porque percibimos y vivimos más violencia, a pesar de que se han capturado capos de la droga y delincuentes no alcanzamos un poco de paz, el panorama de nuestra ciudad se ha definido por la inseguridad y delincuencia.

Luego, con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, en noviembre de 2016, la economía mexicana que ya se encontraba en un punto difícil se instaló en un momento más complicado, donde los indicadores que demuestran dichas dificultades son:

  • El promedio anual del incremento del PIB de 2.02%.
  • El precio de la divisa estadounidense, que rebasó la barrera de los 20 pesos.
  • La venta de petróleo en 100 dólares el barril, cuando al principio del sexenio fue una de las estrategias más importantes del gobierno federal. La radical caída de este hidrocarburo tuvo por su parte dos impactos importantes: el descenso del gasto del gobierno federal y la crisis de las zonas petroleras del país.

Como dato adicional, hay que recordar que en los últimos sexenios la constante en México ha sido que los presidentes salientes dejen al país lastimado, endeudado, desmotivado; con huecos, asuntos escondidos y sin resolver, entonces el gobernante entrante se topa con enormes dificultades para el comienzo de su mandato. De ahí la importancia de analizar qué cosas buenas y qué cosas malas contamos para el gobierno de Peña Nieto, porque todo cuenta.

 

Clasificación de los servidores públicos

Clasificación de los servidores públicos

Por inferencia de la Constitución (art. 123), los servidores públicos son las personas naturales vinculadas a un organismo público por un procedimiento electoral, reglamentario o contractual laboral.

En otras palabras, hablamos de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, empleados públicos y trabajadores oficiales.

La clasificación de los servidores públicos tiene su razón de ser y produce consecuencias particulares de diverso orden: en su régimen de vinculación, la naturaleza de sus funciones, limitaciones jurídicas, responsabilidades, forma de remuneración, permanencia y retiro.

Clasificación general de los servidores públicos

  1. a) Representativos y profesionales. Según se desempeñen como representantes del estado o técnicos.
  2. b) Electivos o de nombramiento. Atendiendo al origen de su designación, esto es, mediante sufragio o por decisión de autoridad competente.
  3. c) Federales, estatales y municipales. De conformidad a la estructura administrativa de su adscripción.
  4. d)  Autoridades o agentes. Según su potestad de mando.
  5. e) Inamovibles y amovibles. Por su estabilidad en el empleo. *La  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla el privilegio de inamovilidad para quienes cumplen seis meses ininterrumpidos en sus funciones.
  6. f) Colegiados y unipersonales. Cuando la función requiera del concurso de otros servidores públicos.
  7. g) Honoríficos o remunerados. Según reciba o no sueldo.

Clasificación según la naturaleza de la función encomendada

  • Por ejercer servicios que se prestan en virtud de nombramiento expedido por funcionarios facultados.
  • Por cumplir con servicios que se prestan por contrato, en el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, etc.

Clasificación de servidores públicos por nivel jerárquico

  1. a) Empleados. Prestan sus servicios para algún órgano del Estado, y se desempeñan en actividades de apoyo al funcionario.
  2. b) Funcionarios. Disponen de un poder jerárquico, tienen capacidad de mando, decisión y disciplina.
  3. c) Altos Funcionarios. Desempeñan en el ámbito federal un cargo de elección popular.

Por otro lado, la legislación mexicana los divide en:

  • Empleados de confianza. Son quienes ejecutan tareas de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización.
  • Empleados de base. Trabajadores que realizan actividades distintas a los de confianza, pueden o no ser sindicalizados.

Una clasificación más atiende al criterio de su adscripción

  1.    Servidores públicos de la administración paraestatal local y municipal.
  2.    Servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios.

Una vez que las instituciones públicas realizan la identificación y clasificación correspondiente para cada uno de los servidores públicos, se procede al registro del cargo a través del sistema informático del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal denominado RUSP.

 

Planifican regulaciones a salarios de servidores públicos

Poco a poco las acciones del nuevo gobierno que llegará a México van dando de qué hablar, desde los cambios en el Congreso de la Unión, donde el partido Morena es mayoría, los diputados ya comienzan a trabajar en las regulaciones a salarios de servidores públicos, una de las principales propuestas de gubernatura del candidato electo Andrés Manuel López Obrador.

Con la implementación del plan de austeridad, el cual incluye especialmente reducir sueldos a los altos funcionarios a través de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se tiene el objetivo de alcanzar un ahorro de hasta 2,752 millones de pesos.

Actualmente son 687 funcionarios quienes perciben ingresos anuales superiores a un millón de pesos.

¿Qué otras medidas se integran al plan de austeridad?

No será solamente el sueldo de los servidores públicos con el que se logre el objetivo, otras formas que suponen un ahorro importante para la nación serán: prestaciones superiores, como prima vacacional, seguro de vida institucional, seguro de retiro y gastos médicos mayores. Cualquier tipo de bonos, incentivos, vales para alimentos y de transporte, lo cual se verá reflejado en el capítulo 100 presupuestal.

Prestaciones adicionales que vale mencionar son: el arrendamiento mobiliario, de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres -esto supone un ahorro de 353 millones de pesos-. Además, se espera la reducción en el número de comisiones ordinarias, especiales y centros de estudio de la Cámara de Diputados, actualmente son 53.

Sin duda, se trata de un nuevo punto de partida, cuya apertura será el 1° de diciembre, López Obrador junto con su equipo se encuentra sentando las bases del nuevo paradigma para la administración pública, pensando en una remuneración que no sea alta para los funcionarios, pero sí digna para su labor. Después se logrará establecer la estrategia para el presupuesto de 2019.

Estas condiciones no son una imposición ni una muestra de arbitrariedad, tampoco son aceptadas por la totalidad, habrá quien las reconozca y se quede a trabajar para la ‘cuarta transformación del país’, por otro lado, los que se sientan agraviados estarán en su derecho de decidir si continúan o no, por supuesto hasta donde su mismo contrato y su misma relación laboral lo permitan.

Ningún servidor público ganará más que el Presidente

Anteriormente, AMLO dio a conocer el sueldo que va a ganar una vez que tome el cargo, 108 mil pesos mensuales, esto es 40% de lo que recibe el Presidente Enrique Peña Nieto. Sabemos que la nueva normativa busca establecer que ningún servidor público gané más que el Presidente de la República, y esto será establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y no hay marcha atrás, en la legislación se sumará al capítulo V Bis, al título décimo del libro segundo del Código Penal Federal, la especificación de que ‘para aquellos que reciban más ingresos que lo establecido e incurra en una responsabilidad administrativa o política, se le considerará culpable del delito de remuneración ilícita’.

¿Cómo llevar a cabo una óptima transición de gobierno y entrega de la administración pública?

Transición 2018

Por fortuna, la relación entre el gobierno mexicano y la sociedad es cada vez más demandante con respecto a la transparencia y operación de las instituciones gubernamentales, así como el manejo y aplicación de los recursos públicos por parte del poder ejecutivo.

Si tomamos en cuenta, que para el nuevo sexenio que nos espera con el presidente electo: Andrés Manuel López Obrador y su objetivo principal enfocado al fortalecimiento de las instituciones que combatirán la corrupción, obtenemos como marco de referencia que podemos lograr presenciar una óptima transición de gobierno y entrega de la administración pública.

En la administración pública de AMLO, se fomentará una mayor rendición de cuentas, orientada hacia la consolidación de una democracia plena, trazando e implementando el uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, lo que impulsará la máxima transparencia para la ‘cuarta transformación de México’.

La rendición de cuentas en México se vuelve una realidad que deben cubrir los funcionarios al finalizar un periodo de administración pública, ello deriva en el diseño de procedimientos que ayuden a la continuidad de acciones de gobierno,además de formar parte de un ejercicio de transparencia para documentar en una fecha determinada la conclusión y avances de la gestión que termina. De ahí la importancia de contar con un proceso de entrega-recepción bien definido y sustentado por datos e información que sean de fácil entendimiento.

Pero… ¿Qué apunta el Diario Oficial de la Federación sobre la rendición de cuentas?

En el Diario Oficial de la Federación se establecen las bases generales del proceso de rendición de cuentas al término de cada administración gubernamental, siendo el propósito garantizar que se realice de manera transparente, oportuna y homogénea, a fin de contribuir en la debida continuidad y óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispone la Administración Pública.

Por otro lado, en el Diario Oficial de la Federación se encuentra una circular con las acciones que deben realizar dependencias, órganos administrativos desconcentrados, entidades paraestatales, la PGR y empresas productivas del Estado.

Entre dichas acciones destacan elaborar un cronograma de actividades para integrar el Informe de Rendición de Cuentas por el cierre de la Administración, que a su vez, deberá ser incorporado al Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas (SERC).

Etapas del Informe de rendición de cuentas de la gestión gubernamental

  • Primera Etapa. Con información que cubra de la fecha de la toma de posesión del Ejecutivo Federal al 31 de diciembre del quinto año de gobierno.
  • Segunda Etapa. Con información que comprenda el periodo del 1 de enero al 30 de junio del sexto año de gobierno.
  • Tercera Etapa. Con información actualizada al 30 de noviembre del sexto año de gobierno.
  • Proceso de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas – Manual Ejecutivo

Existe un Manual Ejecutivo con las recomendaciones que deben tener presentes todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y las empresas productivas del Estado para el cierre y entrega de la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, en el proceso de entrega-recepción de los asuntos a su cargo.

Dichas figuras deberán observar lo siguiente:

  1. a) Conformar una Comisión Interna de Transición de Entrega.
  2. b) Integrar con veracidad, integridad, legalidad, soporte y confiabilidad de la información que se rinda, con motivo de los procesos de entrega-recepción institucionales e individuales.
  3. c)  Integrar la información presupuestaria y financiera por el periodo comprendido.
  4. d) Incorporar los Libros Blancos y Memorias Documentales que se hayan elaborado e integrado.
  5. e) Difundir el informe en las respectivas páginas de internet, con excepción de aquella información clasificada como reservada o confidencial, en términos de disposiciones jurídicas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
  6. f) Determinar áreas y personal de apoyo en la recopilación, revisión y cotejo de la información que integrará el Informe.
  7. g) Realizar previsiones presupuestarias de recursos que serán empleados en el dictamen de estados financieros por parte de auditores externos designados.
  8. h) Instrumentar acciones concretas para cumplir estrictamente con los plazos y términos establecidos en el cronograma de actividades.
  9. i) Incluir las sesiones de los órganos de gobierno, consejos directivos o equivalentes, según proceda, para los reportes del avance en cumplimiento de cada etapa.
  10. j) Antes de la entrega oficial se requiere se efectúen las pruebas necesarias de su captura en el SERC, que permitan localizar áreas de oportunidad para ser subsanadas.

Finalmente, la integración del Informe, entre otros elementos deberá incluir en su estructura lo siguiente:

  • Resultado de programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios.
  • Principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios.
  • Recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales. Dicha información deberá ser consistente con la contenida en la cuenta pública, así como con los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.
  • Convenios, procesos y procedimientos.
  • Prospectivas y recomendaciones, indicando aquellos asuntos relevantes que requieren especial atención para dar continuidad a los proyectos, programas, servicios y funciones gubernamentales.

‘Una vez realizado el acto de entrega-recepción, se contarán con 15 días hábiles para verificar el contenido del informe y sus anexos, durante ese lapso se podrá hacer del conocimiento del Órgano de Control, cualquier inconsistencia detectada.’

Importancia de la Entrega-Recepción

Si  bien, la transición de gobierno y entrega de la administración pública es un proceso que implica integrar expedientes y revisiones, es también un evento impostergable. La entrega-recepción de las Administraciones Públicas facilita el inicio de la gestión del gobierno entrante, delimitando los períodos de responsabilidad.

‘La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de la administración pública, documentando la transmisión del patrimonio y promoviendo la rendición de cuentas.’